En los próximos días se discutirá en la Cámara de Diputados las distintas iniciativas de reforma constitucional sobre el Sistema nacional Anticorrupción. Paralelamente, con el Informe de la Auditoría Superior de la Federación sobre el Ejercicio fiscal 2013, se inicia ante el mismo órgano legislativo el proceso de revisión de la Cuenta Pública. El Informe del auditor es un gran insumo para atacar las causas de la corrupción.
Es de lo más común pensar que cuando se ataca a la corrupción debe haber nombres, escándalos y si bien nos va, detenidos y fotografías de personas en la cárcel. Lo cierto es que lo último es excepcional. La información disponible indica que el número de sanciones por ilícitos considerados como corrupción son menores. La mayor proporción de sanciones por responsabilidad de servidores públicos es impuesta por faltas tales como “abuso de autoridad”, cuya generalidad provoca que sea una especie de “cajón de sastre”.
El Informe de la ASF destaca un aspecto que usualmente es descuidado, pero que a la larga puede resultar el más eficaz: El tratamiento de los riesgos. Al respecto el Informe es un extraordinario documento que ilustra las áreas de riesgo en la función pública. Veamos sólo un botón de muestra:
- Los ingresos federales (incluyendo las participaciones) de los estados llega en algunos casos al 90% del total de los ingresos. Sin embargo, tal proporción no corresponde a una simetría en las responsabilidades. La ASF reporta que los ingresos federales son una de las áreas de riesgos más delicadas. “Sus resultados, la transparencia y la rendición de cuentas, registran insuficiencias estructurales”, dice el Informe. A pesar de que la ASF “hace su trabajo” y detecta irregularidades, 43% de las faltas ha prescrito lo que imposibilita sancionarlas. Pero además, dice el Informe, no es solamente la detección de riesgos de actividades “contrarias a la ley”. También se dan riesgos en conductas “de acuerdo con la ley”. Esto se presenta en las contrataciones públicas: Una contratación se realiza de acuerdo con la ley, pero el Estado no le da el mejor uso a sus recursos públicos; se llena el papeleo, pero se compra mal.
Una de las paradojas del combate a la corrupción es que ésta no es sólo una práctica “ilegal”, sino también “legal”. Esta doble faceta de la corrupción conduce a un terreno en el que aplicar la ley es un acto de complicidad.
El anterior problema lleva a la necesidad de romper el círculo vicioso. La discusión del Sistema Nacional Anticorrupción debe atender tanto a la necesidad de aplicación de la ley, pero también la de corregir las fallas que la misma tiene y hacer esto efectivamente.
El Sistema debe estar dotado de instancias que apliquen la ley de manera objetiva e imparcial. La aplicación de sanciones requiere que ésta sea apegada a la ley y que el órgano que las aplique sea confiable. Por otra parte, se requiere de instancias y medios que, como en el ejercicio de la ASF, investigue, precise las zonas de riesgo, pero además pueda realizar acciones con la finalidad de corregir tales áreas de riego.
El Informe, además es una gran alerta para construir un Federalismo responsable. El Sistema Nacional Anticorrupción debe comprender la totalidad de recursos federales, incluyendo las participaciones.