El proceso del Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar las actividades de la consulta de revocación de mandato seguirá adelante. Hasta ahora, los conflictos se están dirimiendo en el marco de la legislación vigente, las instituciones y los medios de comunicación. No hay razones, por lo tanto, para hablar de una crisis en el órgano autónomo.
Sin embargo, la situación requiere la mayor atención por parte de la ciudadanía. La consolidación que ha logrado el órgano autónomo y la aportación que ha hecho a la transparencia, legalidad y certeza en los procesos electorales son factores esenciales de la gobernabilidad. El debilitamiento del INE representaría un retroceso de alto costo.
Ha llevado tiempo entender que los ataques verbales hacia la institución forman parte de la nueva “normalidad” política impuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ha sido difícil comprender las cuantiosas inversiones que deben hacerse año con año para su eficaz mantenimiento. En uno u otro sentido, la confianza ha salido muy cara. Pero la estabilidad política justifica el costo.
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El modelo jurídico vigente hace prácticamente imposible hacer más con menos. Los montos elevados que tienen los partidos, las diversas medidas de seguridad que se tienen que garantizar antes, durante y después de cada elección, los irracionales gastos de propaganda y el enorme gasto administrativo que tiene la institución son obstáculos que impiden tomar ciertas medidas de austeridad sin afectar su credibilidad.
Está claro que ante las dificultades económicas que enfrenta el país, todas las instituciones tienen que resolver y asumir las consecuencias de las restricciones. Los impactos negativos que hemos tenido desde hace décadas en salud, educación, empleo y programas sociales, entre otros, no solo se explican por la corrupción. Son resultado, además, del fracaso de muchas políticas públicas y de los privilegios otorgados a unos cuantos grupos de interés.
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Si casi todo el sector público tiene que acatar las medidas de recorte y austeridad impuestas por el Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo, ¿por qué el INE no tendría qué hacerlo? Por supuesto que las y los consejeros pueden y deben recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender los recursos que permitan el mejor funcionamiento posible.
Pero en el mismo sentido, tampoco se puede esperar que el Presidente o cualesquiera de las autoridades de gobierno den a las instituciones electorales un trato preferente. O que mantengan una relación tersa con el fin de evitar cualquier tipo de confrontación. Cuando se quiere fijar posiciones políticas y ganarlas, es inevitable y hasta necesario entrar en situación de conflicto. El buen líder sabe el potencial que tiene éste para afianzarse en el poder.
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Aún más. Los choques entre poderes se pueden convertir en escándalos cuando llegan a los medios de comunicación y a las redes sociales. Si se busca hacerlo en forma efectiva, deben tener los componentes de la espectacularidad, porque está demostrado que el conflicto también tiene el potencial de desencadenar el cambio político. Algunos personajes lo saben y actúan en consecuencia, aunque en ciertas ocasiones parezcan sobrepasar algunos límites.
En este contexto se inscribe la denuncia penal que presentó Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, en contra de seis consejeras y consejeros por aplazar la fecha de consulta de revocación de mandato. Para algunos, se trata de un atentado y una amenaza injustificada contra la institución. Para otros, de una acción justa que permita cumplir al pie de la letra lo establecido por nuestra Constitución.
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En cualquier caso, las batallas que se están librando se mantienen aún dentro de las instituciones y las leyes que las rigen. Se puede estar de acuerdo o no con las acciones, ataques o mensajes que se dirigen unos a otros. De hecho, no es la primera vez que vemos este tipo de encontronazos entre los personajes protagónicos de esta historia. Lo que no se debe permitir es el daño a la imagen y reputación que necesita una institución como el INE.
Tengamos presente que las instituciones autónomas también forman parte de la actividad política y que tienen que atacar y defenderse porque están inmersas en los procesos cotidianos de la lucha por el poder. Por lo tanto, sus estrategias políticas y comunicacionales deben considerar los peores escenarios. Sin embargo, también es responsabilidad de todas y todos los involucrados en este conflicto proteger a nuestras instituciones electorales, estableciendo los límites indispensables para no cruzar la frontera del abuso de poder o la impunidad.
Recomendación editorial: Alicia Lissidini, Yanina Welp y Daniel Zovato (Coordinadores). Democracia directa en Latinoamérica. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2008.