Opinión

¿Revuelta en el Tribunal o Tribunal revuelto?

Urge evitar más crisis. | Octavio Díaz García de León

  • 01/09/2021
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La idea: La inédita, y algunos opinan que ilegal, remoción del presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el magistrado José Luis Vargas, refleja una problemática interna que es digna de atención por tratarse de una institución de tanta importancia para la democracia en nuestro país. Quizás el Poder Judicial debería revisar sus diseños institucionales para hacerlos más funcionales y evitar más crisis como la que ha vivido ya varias veces dicho Tribunal.

En el Tribunal Electoral van siete presidentes en los 5 años que lleva esta integración de magistrados de los cuales tan solo en una semana hubo cuatro presidentes distintos lo cual puede ser un indicio de que la gobernanza del Tribunal no está funcionando.

Por otra parte, algunos medios de comunicación opuestos al gobierno del presidente López Obrador, llevan a cabo una ofensiva permanente contra el magistrado Vargas desde hace más de dos años, la cual se acentuó cuando tomó la presidencia del Tribunal, quizás por sus posiciones supuestamente a favor del gobierno.

Sin embargo, ese mismo gobierno al que se supone apoyaba el magistrado Vargas también lo investigó a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien primero le imputó enriquecimiento inexplicable y ante la exoneración por parte de la Fiscalía General, entonces lo acusó de posible lavado de dinero mediante una ofensiva mediática que coincidió con la campaña de los magistrados disidentes. Una vez lograda la renuncia del magistrado Vargas, el titular de la UIF no ha vuelto a salir a medios para hablar del tema.

Por otra parte, el presidente de la Suprema Corte apoyó a los magistrados inconformes, dijo que “ya no es viable” la permanencia del magistrado Vargas y le pidió que diera “un paso a lado”, quien así lo hizo, renunciando a la presidencia del Tribunal.

También el presidente López Obrador criticó a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal y les pidió que todos renunciaran mientras el grupo parlamentario de MORENA ya introdujo una propuesta de reforma legal que, entre otras cosas, propone remover a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal. ¿Fue una ofensiva concertada contra el magistrado Vargas o contra el Tribunal?

¿Es importante la presidencia del Tribunal? Desde el punto de vista de las controversias en materia electoral que allí se resuelven, no es tan relevante como ya se ha visto, pues solo es un voto más, aunque se supone que si es elegido por la mayoría de sus pares podría influir en el sentido de las decisiones. Sin embrago, en la gestión del magistrado Vargas, de nada le valió ser presidente pues en asuntos relevantes o mediáticos frecuentemente tuvo el voto en contra de por lo menos 5 de sus colegas.

¿Entonces en qué consiste el encanto de esa presidencia? El presidente tiene la responsabilidad de manejar las áreas administrativas, los órganos auxiliares de la Comisión de Administración y otras áreas, las cuales cuentan con el 38% del personal y 25 puestos de dirección general o superior vs. 62% de personal jurisdiccional encabezados por 25 magistrados.

Así, el presidente puede nombrar a muchas personas en todos los niveles, repartir puestos entre los otros magistrados para mantener la armonía interna y manejar los recursos del Tribunal. Sin embargo, esto propicia riesgos de corrupción al entregarse los cargos a familiares y amigos, tengan o no el perfil adecuado.

Pero los riesgos de corrupción no solo están en la parte administrativa del Tribunal, sino que los mayores riesgos de corrupción se encuentran en la posibilidad de comprar votos de magistrados para inclinar sus decisiones jurisdiccionales a favor de actores políticos.

¿Cómo se podría mejorar la gobernanza, reducir los riesgos de corrupción del Tribunal y de paso evitar disputas por la presidencia como las que son frecuentes allí?

En teoría la administración del Tribunal la lleva la Comisión de Administración. Está integrada por tres Consejeros de la Judicatura, un magistrado de Sala Superior que es seleccionado al azar y el presidente del Tribunal. Se le presentan cada mes una agenda de 50 o más asuntos para su aprobación, pero su intervención difícilmente llega más allá.

Si esta Comisión es la que debe administrar al Tribunal y la manzana de la discordia es determinar quién, desde la presidencia, maneje puestos y recursos del Tribunal, a lo mejor la solución pasa por empoderar a fondo a la Comisión de Administración y evitarles esas distracciones y tentaciones a los magistrados de la Sala Superior.

Para ello la Comisión tendría que establecer un vínculo más fuerte con los operadores administrativos. Por ejemplo, nombrando al Secretario Administrativo y este a los directores generales, respondiendo directamente a la Comisión y no al presidente del Tribunal. Otra forma sería el impulsar un servicio civil de carrera entre el personal hasta los niveles más altos, para evitar actos de nepotismo y profesionalizar al Tribunal.

Si lo que se quiere es evitar riesgos de corrupción en los asuntos jurisdiccionales, se requieren mecanismos de investigación externos al Tribunal que permitan detectar enriquecimiento ilícito y otras manifestaciones de corrupción, para lo cual se tendría que modificar la normatividad actual que prevé que los magistrados se investiguen a sí mismos.

Urge evitar más crisis como las que ha vivido el Tribunal al sufrir cambios de presidentes que no han podido terminar el periodo para el que fueron nombrados, diseñar formas eficaces de combate a la corrupción y buscar una forma de gobierno institucional más estable y profesional. Está en juego la sobrevivencia de esta institución.

 

 

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