El gobierno federal, las organizaciones empresariales y las organizaciones de los trabajadores acordaron elevar en un 20 por ciento el salario mínimo nacional que de ese modo sube de 102.68 a 123.22 pesos a partir del 1 de enero del 2020. El aumento es de 5 por ciento en la zona fronteriza donde llegará a los 185.56 pesos diarios.
Se trata de un hecho histórico, tras cuatro décadas de brutal deterioro en el que el salario mínimo se redujo a la cuarta parte de su capacidad de compra de 1978. Hoy en día, de un total de 55 millones de ocupados más de cuarenta millones no reciben el equivalente a un salario mínimo de hace 41 años.
Para algunos es un incremento excesivo; pongámoslo en perspectiva. Si a ese 20 por ciento se le resta la inflación quedará en un 17 por ciento de mejora real. Si esa medida se repite igual durante otros ocho años alcanzaremos un salario equivalente al de 1978. Es decir, que en 2028 el mínimo tendrá 50 años de rezago. De ese tamaño es el retraso salarial.
Hay que darle crédito al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, que declaró que su sector busca que a la brevedad ningún mexicano gane menos de 6 mil 500 pesos al mes. Con el reciente incremento el salario subirá a 3 mil 696 pesos mensuales; es decir que la brecha seguirá siendo grande.
La aceptación empresarial subraya que en el pasado el principal instigador de la reducción salarial fue el sector financiero.
Históricamente dos han sido los argumentos contra el incremento salarial. Uno es que suba sólo en la medida en que aumente la productividad. Sólo que en las últimas cuatro décadas se elevó la productividad de manufacturas, servicios y agricultura comercial y el salario retrocedió. Este año el salario mínimo en Guatemala fue de 389 dólares mensuales, en Honduras de 381 y en México de 165 dólares. ¿Acaso esos países tienen más del doble de productividad que el nuestro?
El otro argumento es que subir salarios es inflacionario y reduce el empleo formal. La realidad es que las principales presiones inflacionarias de las décadas anteriores fueron la entrada de capitales externos, incluida la venta – país y la mayor inequidad. Ambas generaron inflación desde la punta de la pirámide de ingresos. De manera perversa la inflación se combatió donde no se generaba; se combatió en los ingresos de las mayorías mediante el empobrecimiento de la población.
Subir salarios será inflacionario si no hay una respuesta productiva acompasada. En el pasado hubo esa sincronización, pero negativa; la reducción de salarios se acompañó de una gran destrucción de pequeñas y medianas empresas orientadas al mercado interno. Sucumbieron miles, la mayoría de las empresas textiles, de electrodomésticos, de muebles, talabartería, la pequeña producción agropecuaria y muchas más. La producción para el mercado interno fue más que diezmada con el argumento de que no era competitiva; y no pudo serlo cuando se redujeron los salarios, se dio una apertura indiscriminada del mercado y se alentó la monopolización de la producción. Ahora la elevación gradual pero sostenida de los salarios deberá acompañarse de la reactivación de la oferta rural y urbana.
El argumento de la destrucción de empleos también es falso. Un estudio de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- de 2017, encontró que en los primeros 14 años de este siglo Argentina triplicó su salario mínimo y Brasil casi lo duplicó. En ambos casos ocurrió una importante reducción de la pobreza extrema y mayor bienestar de la mayoría; sin impactos negativos en el empleo. En ambos casos la elevación de salarios se acompañó de una política de impulso a la producción.
¿A quiénes beneficia? El cálculo va de los 3.44 millones de ocupados formales que ganan menos que el nuevo salario mínimo y derramara a varios millones más de ocupados informales que les proporcionan productos y servicios y también reciben menos de los 123 pesos diarios.
Además, es muy posible que este incremento salarial repercuta en otros estratos aprovechando el impulso que las reformas laborales y la firma del T-MEC darán a la democracia sindical y a la transparencia de las negociaciones obrero – patronales.
La presión oficial norteamericana se coloca ahora de lado de los intereses de los trabajadores mexicanos debido a que los muy bajos salarios en México han afectado el empleo y los ingresos de los trabajadores norteamericanos.
El aumento salarial es histórico no sólo por su magnitud y porque rompe una tendencia de décadas; sino porque imposibilita continuar con el modelo exportador basado en trabajo esclavo. Falso que lo importante sea la productividad de la mano de obra; con menor productividad, China se convirtió en potencia y elevó salarios; y en casi toda América Latina se pagan salarios mayores a los de México sin tener mayor productividad.
Lo realmente relevante como punto de arranque es la competitividad: algo que puede darse a distintos niveles de productividad porque depende más de la paridad cambiaria que de los salarios. Cierto que las empresas de México perderán en una forma de competitividad sustentada en bajos salarios. Y difícilmente se podrá compensar con avances en productividad basada en inversiones tecnológicas compradas en dólares.
La mejor y tal vez única salida es movernos hacia otro modelo de crecimiento económico y desarrollo social asentado en: una paridad peso-dólar competitiva favorable a los sectores exportadores; la reactivación de la producción asociada al consumo popular impulsada y protegida por el Estado y finalmente, reconstruir un nuevo sector social de la economía basado en el intercambio justo y solidario.