Hace justo una semana, se aprobó en la Cámara de Diputados uno de los temas legislativos considerados como prioritarios para el presidente López Obrador y por ende para su grupo parlamentario, la revocación de mandato, con el voto en contra de la mayoría de los partidos de oposición quienes no lograron impedir que se alcanzaran las dos terceras partes requeridas por tratarse de una reforma constitucional. Cabe destacar que tres diputados del PRI se separaron de la posición de su grupo parlamentario, otorgándole a Morena los votos que le faltaban.
Además de ser un compromiso de campaña de López Obrador, la revocación de mandato constituye una de las figuras de la llamada democracia participativa que han quedado pendientes a partir de la reforma política de 2012 en que se incorporaron a nuestra constitución la iniciativa ciudadana, la consulta popular y las candidaturas independientes.
Sin embargo, todavía debe pasar la aduana del Senado en su carácter de cámara revisora, lo que no se antoja fácil ante la correlación de fuerzas prevaleciente en ese órgano legislativo y que concede mayor margen a la oposición, quien ha reiterado su negativa a acompañar esta reforma.
Difícilmente se puede estar en contra de que las y los ciudadanos podamos pronunciarnos sobre la gestión de gobierno y determinar si, a la luz de su desempeño y resultados, estamos de acuerdo -o no- en que el titular del ejecutivo concluya el periodo de gobierno para el que fue electo. No obstante, se ha esgrimido que la revocación de mandato puede representar el preludio a una nueva modificación constitucional para que más adelante se impulse la reelección como sucedió en Venezuela o Nicaragua, -argumento que no necesariamente comparto pues me parece una mera especulación-, y que pierde fuerza sobre todo después de que el presidente asentó por escrito el compromiso de dejar el cargo el 30 de septiembre de 2024 como lo marca la carta magna.
Lo que quizá tiene mayor sentido, es el señalamiento de que al empatar la consulta de revocación de mandato con la jornada electoral intermedia en que se renueva la Cámara de Diputados, podría afectar la equidad de la contienda e influir en el resultado de la votación favoreciendo al partido del presidente, pero este supuesto tiene como condición que se mantengan los altos niveles de popularidad de López Obrador y la evaluación de su gobierno sea positiva, lo que es difícil anticipar faltando más de dos años.
Sin duda algunos aspectos de la minuta ameritan mucho mayor reflexión y por elemental congruencia debían discutirse en un formato de parlamento abierto. Uno de los cuestionamientos es que sea el propio titular del ejecutivo quien pueda solicitar que en automático se convoque a proceso de revocación de mandato, pues desnaturaliza un ejercicio que debe ser eminentemente ciudadano. También se ha insistido en la pertinencia de consultar la opinión ciudadana una vez que haya transcurrido exactamente la mitad del mandato, es decir, el 1º de diciembre -o incluso a principios de 2022- y no en la elección intermedia para evitar que se contaminen ambos procesos a partir de cálculos electorales. Además, la minuta adolece de algunas definiciones importantes como el periodo de difusión, el diseño de la boleta y el contenido de la pregunta. Esperemos que en el Senado, en donde se ha mostrado mayor oficio político, prevalezca el diálogo y la búsqueda de consensos en este, que no es un asunto menor.