El 20 de diciembre de 2019 se publicó la reforma constitucional en materia de revocación de mandato y, en su régimen transitorio se estableció que el Congreso tendría 180 días naturales para emitir la respectiva ley reglamentaria, pero a poco más de un año ni siquiera se contaba con iniciativas para dictaminar por lo que, como tantas veces, incurrió en omisión legislativa.
Sin embargo, repentinamente al grupo mayoritario le entró la urgencia por sacar cuanto antes la ley federal de revocación de mandato y en tan sólo una semana se presentaron seis iniciativas -empezando por la del coordinador de Morena en el Senado que sustituyó al día siguiente para hacer ajustes-, se turnaron a comisiones y se emitió el dictamen que fue aprobado el pasado lunes en medio de un gran desaseo procedimental y político. Algunas iniciativas ni siquiera se habían presentado ante la Comisión Permanente -la de Movimiento Ciudadano, una adicional de integrantes de Morena, y otra de Miguel Ángel Mancera que apenas se publicaron en Gaceta el pasado miércoles- cuando ya habían sido consideradas en el dictamen.
Tal parece que el regaño del presidente en una de sus conferencias mañaneras logró activar en tiempo récord el proceso legislativo, con la intención de que a la brevedad se llevara a cabo a un periodo extraordinario, aunque no se entiende la prisa siendo que en menos de dos semanas la Comisión Permanente clausura sus trabajos e inicia el periodo ordinario de sesiones ya con la nueva Legislatura -además de que no contaron con los votos suficientes para poderlo convocar-.
Quizá la clave de todo esto la podamos encontrar en que, lo que realmente pretenden impulsar para el próximo año, no es un proceso de revocación de mandato sino la ratificación del apoyo a López Obrador, y no quieren dar espacio a que se abra una mayor discusión tal y como demanda un tema de esta relevancia. Ello explicaría que en el dictamen se desecharan las preguntas presentadas en cinco de las iniciativas que eran coincidentes, y en cambio se aprobara la redacción planteada por las y los senadores de Morena que va en otro sentido.
La revocación de mandato es el derecho que tienen las y los ciudadanos para determinar si debe concluir de manera anticipada el periodo para el que fue electo un gobernante, esta es la figura que contempla nuestra Constitución, y de hecho así se define en el artículo 5 del citado dictamen. De ahí deriva que la pregunta que se propuso en la mayoría de las iniciativas -incluyendo la del senador Monreal- se refiera justo a la conclusión anticipada del desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza.
No obstante, ahora se pretende modificar el texto constitucional desde una ley reglamentaria, creando otra figura muy distinta a través de la redacción de la pregunta aprobada y que por tanto aparecería en la boleta: “¿Estás de acuerdo en que (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, continué ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato?”.
Resulta evidente que esta pregunta no corresponde a un procedimiento de revocación de mandato e incluso, en estricto sentido resultaría ociosa toda vez que el presidente López Obrador fue electo para cumplir con la responsabilidad del encargo conferido por seis años, lo que no requiere consulta o ratificación alguna. Que no nos quieran dar gato por liebre, debe quedar claro que revocar y ratificar son cosas muy distintas.