El ejercicio de revocación de mandato, es un hito histórico de la política mexicana en por lo menos los últimos 120 años. Pero más allá de eso, la discusión se ha centrado en si es, o no, una práctica válida para la democracia. Si es legal, autoritaria, plural, populista, inclusiva y hasta económicamente viable. Todos, argumentos e intenciones afines y contrarias a una disputa para algunos sectaria y para otros cupular.
Mucho se ha cuestionado el papel del INE como garante de la democracia, no de ahora, desde antes. La diferencia fue que,José Woldenberg, dirigente del entonces IFE, realizó un buen trabajo para conjuntar las fuerzas políticas dominantes de entonces (PRI y PAN) y endulzarle, cuando fue necesario, los sentidos al entonces progresista PRD.
Pero la tarea y las relaciones se enturbiaron más en las elecciones de 2006, cuando Luis Carlos Ugalde, concesionó el sistema de cómputo de las elecciones de ese año a Hildebrando, empresa del cuñado de Calderón. Desde ese momento, los legisladores progresistas en ambas cámaras señalaron con ahínco que el órgano electoral trabajaba para cargar los dados en las elecciones.
Así que, los cuestionamientos al INE, no iniciaron con Lorenzo Córdova, ni tampoco con la llegada de la 4T a la presidencia, por lo que su titular, no debería darse por aludido cada que critican su papel al frente del instituto, ni tampoco debería considerarse el epicentro de la democracia, pues su actuación protagónica como juez y parte en un proceso que por sí mismo, implica, digamos, una visión activa de papel democrático de México, deforman el principio del ejercicio de revocación.
Otro argumento de los opositores es el costo del ejercicio, el cual detractores y comunicadores, califican de innecesario ante la apremiante atención de otras “prioridades”. Discurso, al que también se sumó el INE y que contribuye a la distorsión de un proceso que marcará un antes y un después en la política mexicana.
Pero si tan preocupados están por los más de 1,500 millones de pesos que dice el INE costará el ejercicio de revocación con el que, además han sido “meticulosos” al hacer cuentas y análisis, nos gustaría que también mostrarán dicho “rigor periodístico” y seguimiento a desfalcos como el de Oceanografía en el que, fueron implicados los hijos de Marta Sahagún en el sexenio de Fox que costó al erario más de 3,800 millones de pesos. O el costo de la fraudulenta refinería de Tula cuya barda perimetral costó más de 1,500 millones de pesos incluída la deuda que adquirió el estado de Hidalgo para su construcción. O quizás que mostraran el seguimiento al desorbitado costo de la estela de Luz que fue de más de mil millones de pesos, ambos en el sexenio de Calderón; y qué decir de la estafa maestra, desvío que se calcula en más de 7 mil millones de pesos durante el gobierno de Peña Nieto.
No pretendemos enlistar los fraudes y corrupción de cada sexenio, pero está claro que los mencionados montos cargados al erario público fueron “olvidados” por los comunicadores y muchos merolicos radiodifusores, que sólo “reportaron” los hechos nada más, y que ahora los mexicanos de todos los estratos sociales estamos pagando.
Los ciudadanos, podemos estar de acuerdo o no en salir a ejercer un voto de confianza o repudio al actual presidente. Lo que no podemos hacer, es dejarnos seducir por las mezquinas voces de muchos comunicadores que poco o nada han aportado al proceso democrático de México en los últimos 40 años, y que con el pretexto del día a día de las noticias entierran asuntos como los antes mencionados, sin haber señalado las obras “prioritarias” que se dejaron de hacer por causa de dichos actos. Cierto, hay voces que son la excepción, pero son eso, excepciones.
¿Qué significa el ejercicio? En principio, la oportunidad de hacer una llamada de atención al gobierno en turno, sea cual sea el color que gobierne. En segundo lugar, la posibilidad de que la sociedad revierta una tendencia de gobierno que le parezca perniciosa, ineficaz e inoperante para los mexicanos. Esto tiene riesgos e implica dejar truncos los proyectos que, de por sí, se desvanecen cada sexenio. Es una alteración a los procesos y tiempos legislativos y electorales en cada entidad, así como los períodos de gobernanza a nivel municipal, estatal y federal.
Lo anterior, tiene un costo político, pues más allá de cambiar o quitar gobernantes cada tres años, representa un riesgo para cuando la derecha mexicana recobre la presidencia. Por ello muchos opositores están molestos con López Obrador, pues la revocación la interpretan como una dedicatoria para el futuro.
Lo cierto es que la revocación puede convertirse en un ejercicio para fortalecer la democracia mexicana, no sólo para quitar y poner mandatarios, lo cual sería un error. Y por supuesto, no es la antesala de la reelección como algunos bisoños quieren hacer creer, y otros tantos se los creen. Pueden estar seguros que propios y extraños se unirían para evitar un despropósito como ese con éste o cualquier otro presidente. La pregunta es si la ciudadanía tiene la madurez política para hacer uso de este recurso.
La revocación de mandato parecer tener un alto costo financiero, por supuesto no más que los actos de corrupción señalados en el texto, que dicho sea de paso, son apenas una muestra del dispendio de los sexenios anteriores y eso, hablando en plata, es mucho más costoso que dejar pasar el acto democrático que significa el ejercicio revocatorio. Aunque la oposición grite en las calles “¡¡No asistas a las urnas!! y que ¿viva la democracia?”.