En febrero de 2016, el inspector general del Departamento de Justicia de Estados Unidos (EU), Michael Evan Horowitz presentó un informe final concluyendo que el operativo “Rápido y Furioso” (RR) que fue conducido de 2006 a 2011 por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF por sus siglas en inglés) permitió el trasiego ilegal “supervisado” de más de dos mil armas de Estados Unidos a México, como parte de un operativo estadunidense contra el Cártel de Sinaloa.
“Concluimos que las operaciones Rápido y Furioso y Receptor Abierto fueron irresponsablemente supervisadas por la oficina de ATF y del Departamento de Justicia en Phoenix (Arizona), y que lo más significativo de su fracaso fue considerar de manera adecuada los riesgos que esto implicaba para la seguridad pública en México y Estados Unidos”, indica el reporte final que consta de 26 páginas y anexos.
> DOJ OIG Releases Follow-up to the 2012 Operation Fast and Furious Report
Ahí dice claramente que el programa fue un cochinero, una gran irresponsabilidad de las autoridades norteamericanas.
Aunque un reporte separado de Horowitz exoneró a Eric Holder de cualquier responsabilidad; hizo, sin embargo, críticas a tres funcionarios: el ex subprocurador Gary Gindler, el procurador adjunto Lanny Breuer y el subprocurador adjunto Jason Weinstein.
Los alcances del programa encubierto no tienen precedente; quizá lo más parecido haya sido la Operación Leyenda de la DEA en 1990, que violentó fuertemente las relaciones México-Estados Unidos. Sin embargo, también nos enteramos a través de los medios –la CBS- que operaciones de este tipo ya habían sido ejecutadas por autoridades norteamericanas por lo menos desde 2008, en la denominada operación conocido como Receptor abierto.
Evidentemente los agentes de ATF pudieron haber detenido la operación en territorio norteamericano y en su caso, haber atrapado a varios grandes traficantes de armas, pero fracasaron, y simplemente dejaron pasar con las consecuencias que ello implica; no agarraron a ningún Señor de la Guerra, sino a simples traficantes menores.
Se habló mucho del tema, incluso hubo discusiones en nuestro Congreso, charlas entre presidentes y mucha investigación sobre todo en medios.
Años después, México reabre el asunto. ¿Qué implica? ¿Habrá extradiciones de servidores públicos norteamericanos? Parece que no va por ahí.
La noche del domingo 9 de enero, la fiscalía general de la República (FGR) emitió un comunicado informando que obtuvieron “de un Juez de Distrito, órdenes de aprehensión contra siete personas por su participación en el caso denominado “Rápido y furioso”. Uno de ellos es Joaquín Guzmán Loera, preso en una cárcel de alta seguridad en Estados Unidos y condenado a cadena perpetua: otro es Genaro García Luna sujeto a un proceso penal en una corte norteamericana y a Luis Cárdenas Palomino, preso en México por otros delitos.
Nada nos dicen de quienes son las otras 4 personas con órdenes de aprehensión.
Observemos que el comunicado no informa ni el nombre ni el número de juez, ni nos proporcionan el número de carpeta de investigación. Entendemos que el tema se debe llevar con secrecía, pero en todos los comunicados anteriores nos comparten el número del juzgado.
Otro párrafo dice “de conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes”.
Eso todo mundo los sabemos.
Un párrafo más que llama la atención: “Hemos sido informados que las autoridades norteamericanas se han encargado de investigar y deslindar las responsabilidades de los servidores públicos de aquel país”.
Entendemos que se refieren al informe de Horowitz. ¿O, quizá, hay algo más de acuerdo a información que comentó hace meses el secretario Marcelo Ebrard?
Otro párrafo del comunicado reza:
“En México y de conformidad con una investigación propia, y con los datos adquiridos en las averiguaciones previas correspondientes, se pudo establecer que dichas armas no solamente fueron introducidas ilegalmente al país, sino que también han sido utilizadas en diversos actos criminales, que ya han sido investigados y procesados en México”.
¡Eso no es novedad!
Incluso aun hoy hay muchas armas que andan en circulación, una de ellas fue la que traía Joaquín Guzmán el día que fue detenido. Otras más fueron usadas en la masacre de 15 personas en la Colonia Villas de Salvárcar de Ciudad Juárez, ocurrida el 30 de enero de 2010.
Pero el comunicado fue nota y todos los medios lo abordaron y ha generado expectativas, aunque no muchas al presidente López Obrador.
¿Por qué?
En la mañanera del lunes 10 de enero le preguntan su opinión al respecto y su respuesta es que no aporta mayor información “es un proceso que llevó a cabo la FGR, ya era una investigación de tiempo atrás; no tanto, porque en los gobiernos anteriores no se habían presentado denuncias sobre estos hechos nuevos”.
“Hay que esperar a ver qué informa la Fiscalía”, respondió el presidente prudentemente; raro, ya que en otras mañaneras se había explayado en sus comentarios...
El tema de RR es añejo, y no es cierto que no se haya hecho ninguna investigación cómo afirma el presidente en la mañanera; sólo precisar que el asunto se ventiló en nuestro Congreso y hubo una respuesta institucional de la PGR-. Averiguación previa PGR/SIEDO/UEITN/059/2011- donde afirman que “el gobierno de México no fue informado de algún operativo que incluyera el trasiego controlado de armas a nuestro país; por lo tanto, no se puede hablar de una operación coordinada entre México y el gobierno de los Estados Unidos de América”.
Y en Estados Unidos como lo comentamos arriba se publicó un informe y pensamos que el tema era un caso cerrado con el informe del Inspector General de febrero de 2016.
Pero no fue así.
Quizá la carpeta recientemente abierta tenga que ver con la información que envió la justicia norteamericana a México, gracias a una nota diplomática solicitada por el gobierno de México al gobierno del presidente Trump aquella tarde del 11 de mayo de 2020.
Entonces, el secretario de Relaciones Exteriores dio a conocer el envío de la nota diplomática:
La nota recordó que nunca se fincaron las responsabilidades de aquel operativo que realizó la ATF, lo cual es cierto, coincidimos con Ebrard; en EU nadie fue a la cárcel, hubo sólo sanciones administrativas a servidores públicos del Departamento de Justicia.
Ebrard reveló entonces que, desde septiembre de 2019, la FGR pidió al gobierno de EU entregue “la documentación de las declaraciones de los procesados” en el operativo, así como “las relaciones de armas vinculadas que fueron recuperadas en México y de las que siguen desaparecidas”.
No sabemos nada de ese tema, aún.
Lo que fue de llamar la atención es que la respuesta a la nota diplomática la dio a conocer en una entrevista banquetera e l8 de julio de 2020, el embajador de México en EU Christopher Landau; aquí el video de la pregunta y respuesta que le hizo la periodista Dolía Estévez:
Primera parte de entrevista con Embajador Landau ?@USAmbMex? sobre mi pregunta acerca de la respuesta que dieron el lunes a la nota diplomática sobre Rápido y Furioso de ???@m_ebrard?. Me dicen que respondieron con un párrafo. Consideran que R&R es caso zanjado. pic.twitter.com/IvJwE9jSlV — Dolia Estévez (@DoliaEstevez) July 8, 2020
Ebrard confirmó lo dicho por Landau en una mañanera y la información se fue a la FGR.
Detalló que, en efecto, se recibió información que no se había dado a conocer, la cual fue puesta a disposición de la FGR para integrar la carpeta de investigación que ellos tienen de este caso.
El canciller adelantó que, en una segunda entrega, el gobierno de Donald Trump enviará más información sobre este operativo.
El quid es que no dieron a conocer los detalles como había ordenado el presidente en una mañanera y la pelota se fue a la cancha de la FGR, y meses después la FGR da a conocer ordenes de aprehensión.
Esperemos que haya contundencia sobre el tema.
El reciente comunicado de la Fiscalía es escueto, no aporta datos, sólo que hay una carpeta abierta sobre tráfico de armas y que hay 7 órdenes de aprehensión.
¿Cuándo fue la segunda entrega de información, si es que la hubo?
Sería interesante que la FGR solicitará más allá de las 7 órdenes de aprehensión, la extradición de los oficiales de la agencia de ATF responsables del tema...
¿Se atreverán?