El martes de esta semana se anunciaba desde la Presidencia de la Républica que el presidente anunciaría cambios en el gabinete y diversas acciones que se implementarían. Inmediatamente surgieron ideas respecto de cuáles podrían ser estos cambios. La remoción de algunos funcionarios de primer nivel, fueron los primeros que se especuló se enunciarían, seguidos de las medidas necesarias para hacer frente al recorte anunciado por el secretario de Hacienda.
Sorprendentemente, los cambios anunciados eran en un tenor distinto. El presidente, después de un discurso plagado de lugares comunes, anunciaba que una Secretaría, que estaba en estado terminal, se reincorporaba a la circulación. Un elefante blanco, tal como fue calificada a finales del sexenio pasado y principios de éste y en vías de desaparecer era rescatada del fondo de los pantanos.
La Secretaría de la Función Pública, la que llevaba dos años y tres meses sin titular y que no mereció ninguna atención por el Ejecutivo o Legislativo durante varios años, finalmente, era objeto de atención por parte del gobierno actual. El presidente no sólo nombraba al titular de esa Secretaría sino, además, le señalaba puntualmente las acciones que debía seguir recién asumido el encargo.
Sin prejuzgar sobre la persona que el presidente designó al frente de esa Secretaría de Estado que, dicho sea de paso, considero una persona inteligente, eficaz y congruente, el discurso presidencial parece una respuesta tardía a diversos escándalos de corrupción que los mexicanos hemos conocido, principalmente, a través de los medios de comunicación.
La Fiscalía Anticorrupción sigue sin titular porque en el Senado no se ponen de acuerdo. El país una vez más rehén de los tiempos en el Poder Legislativo, a la mitad del proceso electoral, tampoco cuenta con el titular de la Físcalía Especializada en Delitos Electorales a lo que se une la falta de nombramiento del encargado de encabezar la lucha contra la corrupción en el país.
La investigación ordenada por el presidente a su flamante secretario de la Función Pública respecto a su persona, esposa y uno de sus pares, el secretario de Hacienda, se enmarca sin lugar a dudas en la dinámica en la que tiene inmerso al país este gobierno: Medidas tardías para intentar solucionar los problemas a los que se enfrenta.
Una vez que la presión mediática y social nacional e internacional le ha costado caro al país y a este gobierno, es cuando el Ejecutivo decide tomar medidas.
La otra parte de la instrucción presidencial consiste en echar a andar un sistema de prevención y control de la corrupción en el que se hizo mucho énfasis en los conflictos de interés reales y potenciales. Declaraciones patrimoniales más detalladas y la obligación de presentar una declaración escrita transparentando estos conflictos de interés, que sería la primera vez en el país que se obligue a los funcionarios públicos a declararlas, no parece ser la ruta para dar respuesta a este problema.
La construcción de un sistema para prevenir y combatir la corrupción y transparentar las determinaciones y acciones públicas, a mi juicio, no pasa por ahí. La ineficiencia anterior y actual de esa Secretaría, en manos de panistas y priístas, consiste en la incapacidad de detectar, prevenir y sancionar las conductas ilegales de los funcionarios públicos.
Los servidores públicos corruptos no hacen patente sus corruptelas en sus declaraciones patrimoniales o de impuestos ni lo harán en la declaración de conflictos de interés anunciadas. Los funcionarios públicos corruptos conocen la ley y saben cómo violentarla.
Constituyen asociaciones civiles, usan presta nombres, se esconden en empresas de familiares o amigos o ponen propiedades, sociedades y bienes a nombre de familiares, subalternos o amigos. La corrupción no se declara, no se detecta o por lo menos no en los casos más relevantes, en la revisión de las declaraciones de los funcionarios.
La corrupción con letras mayúsculas se esconde en quienes conociendo la norma, fraguan toda la estrategia para violentarla. Los casos más grandes de corrupción de este gobierno o de otros no se han detectado por la Secretaría de la Función Pública en la revisión que de manera obligatoria realiza a lo declarado por los funcionarios públicos ni a las variaciones o modificaciones de importancia detectadas en las rutinarias declaraciones.
Las casas del presidente, de diversos funcionarios de este gobierno, casos de enriquecimiento ilícito e inexplicable de funcionarios de años y sexenios anteriores o el caso de la licitación del Tren México-Querétaro, sólo son un ejemplo del tamaño del problema.
Lo que pretendía ser un anuncio presidencial que impactara a la sociedad y pusiera en el reflector la respuesta del presidente ante las críticas internas e internacionales respecto de los alarmantes casos de corrupción, fue un fracaso.
Las principales críticas pueden resumirse en dos:
1) Lo tardía y tibia de la respuesta.
2) Las escasas posibilidades de éxito de una investigación de un subalterno a su superior jerárquico.
Estos dos puntos son suficientes para desdibujar la iniciativa presidencial para contener el problema. De ahí que los ciudadanos ni podamos aplaudir ni congratularnos de este anuncio hecho desde los Pinos, a pesar de que al presidente le hagan falta los aplausos.
No, señor presidente, las medidas adoptadas no son adecuadas ni suficientes para enfrentar la situación en la que se encuentra el país. No hay más ciego que el que no quiere ver.