Opinión

Revisitando al Planade

A dos años de su publicación, el Planade exhibe su pobreza de miras y su calidad de documento propagandístico, lejano a su naturaleza planificadora.

  • 01/08/2021
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Obligado por el artículo 5o de la Ley de Planeación, el presidente de la República elaboró un Plan Nacional de Desarrollo que, sin embargo, carece de objetivos, estrategias e indicadores, como correspondería a un documento que pretende guiar los actos de la administración pública federal, en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática.

El documento —publicado en el Diario Oficial el 12 de julio de 2019— inicia con un listado de preceptos, que lo mismo incluyen al juarista “respeto al derecho ajeno” —que carece de traducción material hacia la implementación de políticas públicas— hasta los abiertamente violentados por el gobierno de la República, como el que señala: “al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”.

Y es que allí están, como ejemplo, las consultas ciudadanas para los casos de la termoeléctrica de Huexca, Morelos y de la cervecera Constelation Brands, en Baja California, promovidas por el presidente de la República y realizadas sin apego a los mandatos de la fracción VIII del 35 constitucional. O la rifa del avión presidencial que nunca ocurrió. O los señalamientos flamígeros de corrupción de las estancias infantiles, cuyo “millón y medio de pruebas” no aparecen en ninguna parte.

A dos años de su publicación, los hechos confirman que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 nació muerto, pues fue elaborado como un referente propagandístico y no como una guía de acción de la administración lopezobradorista.

En el Planade destaca el argumento relativo a la honradez y la honestidad, que además de responsabilizar a los “neoliberales” —lugar común en el discurso presidencial— por los actos de corrupción, pretende combatir aquellos actos que suponen la generación ilícita de riqueza —identificada en el Plan como “corrupción monetaria”—, así como los relativos a la “simulación y la mentira”, como si dichas acciones no fueran las constantes en el discurso presidencial y en la acción gubernamental.

En el Planade, el presidente de la República se pronunció por prohibir las adjudicaciones directas. Sin embargo, en 2020, el 78.2 por ciento de los procesos de adquisición de bienes y servicios utilizaron este mecanismo, lo que representa el 43% del monto contratado en 2020, que asciende a más de 205 mil millones de pesos.

En su visión prospectiva, el Planade sostiene que para 2024 “la delincuencia organizada estará reducida y en retirada” (cualquier cosa que dichos términos puedan significar). Sin embargo, lo cierto es que, a casi la mitad del sexenio, la violencia originada por la delincuencia organizada ha alcanzado niveles récord. Solamente en mayo de 2021 se registraron 2 mil 963 homicidios.

Estados como Chiapas, que tradicionalmente no figuraban en el radar de la violencia producida por la delincuencia organizada, reportan hechos que demuestran el enfrentamiento de diversas organizaciones delictivas, pero también el eventual involucramiento de sus autoridades, amén de su incapacidad por coadyuvar en el combate al fenómeno.

Lejos de constituir un documento que permita el seguimiento de los avances y logros de la administración lopezobradorista, así como la eventual corrección de objetivos e indicadores, el Planade exhibe su naturaleza propagandística y su nulo apego a la realidad administrativa del actual gobierno.

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