La libertad de expresión es un logro de la sociedad, del periodismo y de nuestros derechos fundamentales consagrados en la Constitución básicamente en los artículos 6º y 7º, así como en el artículo 19 de la Declaratoria Universal de los Derechos humanos que refiere que contamos con el derecho a expresarnos libremente, a pensar y compartir nuestras ideas, reflexiones, opiniones, etcétera.
Este derecho nos da la libertad de buscar información, de obtenerla a nuestro antojo y disposición, analizarla, evaluarla y emitir nuestras consideraciones por cualquier medio tradicional o inclusive electrónico. Por ello, la libertad de expresión es un referente indispensable en cualquier sistema democrático, pues entre mayor libertad de expresión, mayor democracia.
Por ello, la libertad de expresión es una bandera permanente de los medios de comunicación, pues basan sus opiniones, notas, reflexiones y análisis en referencias documentadas, en entrevistas, en investigaciones y hasta en estimaciones estadísticas si hablamos de temas económicos.
En este sentido, el gobierno tiene la alta responsabilidad de respetar, como cualquier derecho fundamental integrado en nuestra Constitución, la libertad de expresión; de no interferir en la misma; de no amedrentarla; de garantizar su ejercicio pleno aún cuando en el uso de este ejercicio existan críticas por diversas acciones, políticas públicas o simplemente por la no toma de decisiones que la población exige y demanda.
Por ello, deben de preocuparnos los resultados mostrados en su edición 2021 por el Índice Chapultepec y el barómetro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) difundido en su Asamblea General, y que mide el grado en que los entornos legislativo, judicial y de política ejecutiva, afectan la libertad de prensa y expresión en las Américas.
El Índice evalúa cuatro aspectos: ciudadanía informada y libre expresión; ejercicio del periodismo; violencia e impunidad y control de los medios. Nuestro país, resultó ubicado en el lugar 16 de un total de 22 países que son medidos, con una puntuación de 49.21 en una escala de 100 puntos en total.
Estos resultados significan para México un retroceso evidente, toda vez que el año pasado se encontraba en el décimo sitio con 55 puntos, es decir, hoy registra 5.79 puntos menos y está a tan sólo a 6 lugares de la última posición.
Estos resultados, de acuerdo con los tópicos evaluados registra que, respecto al rubro ciudadanía informada y libre expresión, México obtuvo 11.57 puntos de 23; en el rubro ejercicio del periodismo 6.89 untos de 10; sobre violencia e impunidad sólo 11.35 de 42 puntos, y finalmente, sobre la vertiente de control de medios obtuvo 19.43 puntos de 25. Sin lugar a duda, llama poderosamente la atención la bajísima calificación registrada en el rubro de violencia e impunidad.
De los 22 países medidos por el Índice resaltan países como Uruguay con la mejor puntuación registrada (84.1), seguido de Chile (82.06), Jamaica (78.36), República Dominicana (77.91), Canadá (75.81), Costa Rica (73.16), Perú (69.85), Paraguay (69.22), Panamá (65.97), Estados Unidos (61.57) y Honduras (61.47); todos ellos con índices superiores a los 60 puntos.
Estos indicadores, sin duda alguna, son referentes obligados para que nuestro país y, en especial él gobierno, revise su obligación de proteger la libertad de expresión, y genere las políticas y acciones necesarias para que este derecho fundamental de nuestra Carta Magna se materialice efectivamente.
Todo gobierno que se presenta como democrático y, en particular, el presente que tuvo entre sus causas la bandera de la libertad de expresión debe enaltecer, garantizar y proteger este derecho. En razón de ello, esperamos, por el bien de nuestra nación, que más allá de estos indicadores, los medios, el periodismo y la sociedad pueda manifestar sus ideas, posiciones y análisis en plena libertad.