A partir del 18 de junio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que la transexualidad o “incongruencia de género” no es una enfermedad mental, sino una disfunción sexual debido a que “hay una falta de adecuación del cuerpo al género que siente la persona”. Por lo tanto, quienes se asumen como personas transexuales o transgénero o con cualquier otra identidad o expresión de género no deben ser obligadas a realizarse peritajes o evaluaciones psicológicas para gozar de derechos u otras situaciones, como suele ocurrir hasta el día de hoy.
Lo anterior se anunció al presentarse la Clasificación Internacional de Enfermedades 11, una nueva versión de este compendio que busca agrupar al mayor número posible de trastornos, a fin de explicarles y ofrecer posibles soluciones ante su presencia. Dicho documento, que será presentado a los estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, para su traducción e implementación, tendrá vigencia global a partir de 2022. En su contenido, determinó que la condición de la transexualidad o transgenereidad no deriva de una “afección en la mente”, sino que únicamente representa un problema de salud sexual para quienes la viven.
Sin embargo, la medida ha sido criticada por centenas de colectivos de personas trans alrededor del mundo, a pesar de que la propuesta de la OMS fue anunciada con gran euforia. La principal crítica es que dicha despatologización de su condición de vida no ha sido dejada de ver como una patología, principalmente, porque no se le ha excluido del todo de la lista de enfermedades del organismo internacional.
No se ofrece una solución óptima
A esto, se suma la creación del término “incongruencia de género”, tanto en adolescentes y adultos, como en menores de edad, un concepto que ha sido reprobado por movimientos internacionales a favor de la despatologización de la condición trans al considerar que no ofrece una solución óptima a sus realidades cotidianas y continúa teniendo un carácter normativo.
Tras conocer la propuesta de los organismos internacionales, la comunidad internacional impulsora de la causa considera que aún resta asegurar que el retiro de la transexualidad de la lista de enfermedades mentales se traduzca en el acceso pleno al reconocimiento de la identidad legal de las personas trans en cualquier país y a servicios de salud de primer nivel.
Agregado a una reparación del daño para quienes han sido víctimas de intentos de procesos de despatologización, considerando que fueron personas a quienes se les violentaron sus derechos humanos, entre ellos, el del libre desarrollo de la personalidad.
Resaltándose la urgencia de lograr una despatologización completa de la transexualidad, con una perspectiva de derechos humanos, y el acceso universal a servicios de salud sin que haya necesidad de considerar que la persona padece algún trastorno para lograrlo.
En nuestro país, las mujeres trans son el sector más vulnerable de las poblaciones LGBTI para ser víctimas de actos de violencia, incluso homicida. El reporte recién dado a conocer por la organización civil Letra S indica que entre 2013 y 2017, 209 mujeres trans fueron asesinadas, y en el primer cuatrimestre del año, 15, representando el 55 por ciento y el 62.5 por ciento, respectivamente, del total de casos registrados.
Sólo en tres entidades federativas, Ciudad de México, Michoacán y Nayarit, es posible el reconocimiento legal de su identidad o expresión de género sin necesidad de la realización de peritajes psicológicos, médicos o legales, y sólo mediante la realización de un trámite administrativo. Una realidad ajena en otros 29 estados de la República Mexicana.
Sumado a esto, parte de las demandas de los colectivos de personas trans han sido el reconocimiento de sus estudios académicos y facilidad para poder acceder a educación; gozar de servicios de salud incluyentes y adecuados a sus necesidades, sin necesariamente estar asociados al VIH, y con respaldo de especialistas en endocrinología; acceso a empleos, en los cuales no tengan que ocultar su identidad social –manera en que se les reconoce en el ámbito público–, o sean despedidas por lo mismo; incorporación a programas públicos y creación de algunos, específicamente para este sector poblacional.
Dichas voces demandantes muestran la urgencia de erradicar la patología social de los prejuicios y fobias por la expresión o identidad de género y/o características sexuales de las personas a fin de lograr una sociedad incluyente e igualitaria, en la que, quienes la integren puedan gozar de todos sus derechos y beneficios, por ser parte de la misma, sin obstáculo alguno.