Opinión

Responsabilidad fatal

Las decisiones de Claudia Sheinbaum y su equipo han conducido a que haya un incremento en el número de muertos. | Roberto Remes

  • 27/11/2019
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La política española en materia de seguridad vial es una de las más exitosas en el mundo, derivado, primero que nada, de un esfuerzo por mantener una construcción de política pública en el tiempo, sin importar si gobierna el Partido Popular o el Socialista. La base de esta política ha sido una institución profesional, la Dirección General de Tráfico en el Ministerio del Interior y una serie de decisiones no sólo acertadas sino metódicas.

En México no hemos llegado aún a conformar una entidad dedicada a la seguridad vial y que tenga políticas públicas consistentes en el tiempo. A nivel federal, ha sido el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes, que podría desaparecer, quien ha llevado la política, con otros tipos de accidentes. A nivel local, algunas entidades empiezan a trazar políticas públicas. Es el caso de Ciudad de México, que en los últimos años ha tenido avances relevantes a partir de la medición de alcoholemia, la reducción de las velocidades límite en avenidas a 50 km/h, siguiendo criterios internacionales, y la corrección de las geometrías viales en los cruces con mayor incidentalidad.

No obstante, hoy la ciudad enfrenta un retroceso. A la Jefa de Gobierno nunca le gustaron las fotomultas: las combatió y hoy las sustituyó con un mecanismo de baja penetración en la aplicación de sanciones, las “fotocívicas”, que ha dado lugar a un rebote en las cifras. Es decir, las decisiones de Claudia Sheinbaum y su equipo han conducido a que haya un incremento en el número de muertos. Según cifras del C5: pasamos en el periodo enero-septiembre de 204 a 253 muertos. Esto no lo reconocen así, porque buscan la comparación de cifras que les favorezca, pero esa es la realidad.

El reconocimiento, de hecho, de los criminales errores que estoy relatando, es el anuncio de nuevas medidas orientadas a mejorar el desempeño de la seguridad vial en Ciudad de México. Una de estas medidas refuerza la tesis que he sostenido en mis artículos: independientemente de si las fotocívicas son mejores que las fotomultas o lo contrario, la probabilidad de ser sancionado se desplomó y esto impactó en las conductas; por ello ahora plantean “Duplicar el número de cámaras y radares”.

Puedo estar de acuerdo con algunas de las líneas de acción, el problema es el método. En vez de dar continuidad a lo trazado en la pasada administración, vienen los “iluminados” a modificar acciones que estaban dando resultados, a prometer cosas que no han ocurrido, y a auto elogiar acciones con impacto mínimo.

Este error, literalmente fatal, debería tener consecuencias en términos de reemplazo de responsables que han fracasado en su gestión, pero también en el mecanismo de la gestión: urge la construcción colectiva de la política pública de seguridad vial, que antes de lanzar nuevas medidas se escuche a quienes se dedican al tema. Pero no, se siguen considerando iluminados, entonces, si fracasan emplearán la misma receta.

Dos de estas nuevas medidas anunciadas, las relacionadas con motociclistas que realizan actividades económicas, llevan plan con maña. Al levantar un registro específico de los motociclistas de aplicaciones, lo que tendrán es un acceso a los datos personales de los repartidores cuando Semovi pida datos detallados a las empresas con las que operan. La medida se ve bien, tiene un respaldo en una buena práctica internacional, pero al final de cuentas forma parte de un plan poco ético para hacerse de datos personales.

Como respuesta a las medidas planteadas por la Semovi, uno de los mejores especialistas en seguridad que tiene nuestro país, Paco de Anda, hizo una serie de planteamientos concretos a través de tuiter, sobre todo enfocándose al concepto de “gestión del riesgo”, que implica reconocer que los riesgos existen pero la probabilidad de que ocurra el evento no deseado disminuye si se gestiona el riesgo.

Sabemos que en la Semovi tienen otros datos. Como comenté, tratan de hacer comparaciones que les favorezcan, como contrastar sólo el tercer trimestre de 2019 con el mismo trimestre del año anterior. En todo caso, la evaluación exige un proceso público y colectivo, y no un análisis en el área de confort del Secretario Andrés Lajous y su equipo más cercano, como ha ocurrido hasta ahora.

Yo simplemente hago énfasis: tomar decisiones inadecuadas o incorrectas debe llevar una responsabilidad que nadie está asumiendo. Hemos avanzado los últimos años, quizá no al ritmo que debiéramos, pero 2019 ha sido un retroceso porque los iluminados sólo se escuchan a sí mismos, no están construyendo procesos dialécticos ni metódicos, no están sabiendo distinguir qué se hizo bien en el pasado. Hoy sus errores ya han costado vidas aunque no lo admitan e incluso se burlen de quienes los critican.

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