Un sistema democrático debe reflejar, en gran medida, las particularidades de los diversos aspectos que confluyen e interactúan en una sociedad como la nuestra. Este reflejo se encuentra principalmente en la representación de la sociedad, es decir, en quienes se convierten, por decisión mayoritaria depositada en las urnas a través del sufragio libre y universal en lo que conocemos como nuestros representantes populares.
En este contexto, la lucha por una auténtica representación legislativa indígena ha sido larga. En los últimos años habría que remontarnos a lo que en su oportunidad el Partido Revolucionario Institucional (PRI) impulsó en torno a la representación política de este importante sector, de donde destacan el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas, la Confederación Nacional Campesina, entre otros.
Un hecho importante lo es sin duda la ratificación de México, en 1990, del Convenio 169 sobe Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Para 1992 el Congreso de la Unión aprobó y consagró el reconocimiento de los pueblos indígenas y de la composición pluricultural de la nación mexicana.
El movimiento armado de 1994 donde hizo su aparición el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, derivó, entre muchos aspectos más, en la firma de diversos compromisos integrados en el Acuerdo sobre Derechos y Cultura Indígena (Acuerdos de San Andrés), de donde destaca la ampliación de la participación y representación políticas de las comunidades y pueblos indígenas en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales.
En el Gobierno de Vicente Fox se materializaron diversas propuestas que se venían empujando, de donde tres aspectos son fundamentales: la composición pluricultural de la nación, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas; que para establecer la demarcación territorial de los distritos electorales debía tomarse en cuenta la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, y un último punto no menos importante, fue la llamada “cláusula formal de igualdad” que prohibía toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, etc.
Representación legislativa indígena
Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha sido fundamental en la construcción de esta representación legislativa indígena, ya que sus sentencias han edificado toda una jurisprudencia en materia indígena. El otrora Instituto Federal Electoral también ha hecho su parte con la integración de criterios étnico-lingüísticos en la delimitación de los 300 distritos electorales federales.
Con estos breves antecedentes, es necesario resaltar que la representación indígena en el Congreso está a cargo de 13 legisladores provenientes de siete entidades federativas; 3 pertenecen al género femenino.
Este importante logró deriva de una acción afirmativa aprobada por el Instituto Nacional Electoral (INE) cuyo objetivo fue el de maximizar la constitución de distritos indígenas. Consecuentemente, el INE aprobó que, en 13 de los 28 distritos, con 60% o más de población indígena, los partidos políticos, debían de postular candidatas y candidatos de comunidades indígenas.
Los Estados donde tienen esta representación indígena son: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.
Por supuesto que esto constituye un gran paso de identidad de nuestros orígenes, no suficiente, pero establece una ruta para seguir en la construcción de una representación mayor de nuestras comunidades indígenas.
Además, estos legisladores, como cualquier otro que integra el Congreso de la Unión, tendrán la facultad de promover las reformas de carácter administrativo, reglamentarias o bien legislativas que consideren pertinentes y beneficien con ello, a las comunidades indígenas en nuestra República mexicana, logrando con ello, una mejor representación legislativa indígena.