La idea: El Sistema Nacional Anticorrupción es un sistema complejo, de difícil coordinación y poco eficaz. Su falta de resultados no es porque no se le haya dado tiempo para funcionar o por no haber incorporado los elementos que aún le hacen falta. Más bien, no se tomó en cuenta que para las instituciones que conforman el Sistema, el combate a la corrupción no es su objetivo central. Podría ser oportuno replantear el cómo combatir la corrupción.
El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) está formado por siete instituciones: la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Consejo de la Judicatura, la Auditoría Superior de la Federación, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Comité de Participación Ciudadana (CPC), uno de cuyos integrantes preside al SNA. Esta integración se replica en cada una de las 32 entidades federativas
De las instituciones que pertenecen al SNA, solo una de ellas, la Fiscalía Anticorrupción, tiene como objetivo central el combate a la corrupción. Las demás instituciones tratan de incidir en el tema, pero al no estar en sus atribuciones, lo hacen de manera indirecta.
Los titulares de las siete instituciones que conforman el SNA, convergen en reuniones periódicas de coordinación, pero no se tocan casos específicos de corrupción, ni se toman acciones que permitan atender con urgencia el combate a la misma.
Además, hace falta la participación de otras instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Por otra parte, a la Secretaría Ejecutiva del SNA la ha faltado visibilidad y empujar los temas a su cargo, mientras que el CPC, quien tiene la presidencia del Comité Coordinador del SNA, no ha tenido la fuerza política necesaria para mover al resto de los integrantes del Sistema.
La presidencia rotatoria del SNA, a cargo del CPC, dura solo un año y no les da tiempo suficiente a sus presidentes para lograr un impacto de fondo.
Otro aspecto que requiere atención urgente es la revisión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la cual impide tener una acción eficaz en el combate a la corrupción por ser una ley garantista, por exigir capacidades que falta desarrollar a quienes la implementan y por serias deficiencias jurídicas, todo lo cual abona a la impunidad.
Respecto a las declaraciones 3 de 3 ya he expuesto con anterioridad algunos de sus problemas, tal como la falta de continuidad entre la información histórica y los nuevos formatos aprobados. Por otra parte, el hacerlas públicas puede ocasionar riesgos de seguridad a los servidores públicos sin que su publicidad ayude al combate a la corrupción.
Y es que el problema medular de las declaraciones 3 de 3 consiste en verificar la información que presentan los servidores públicos. Ni la SFP, ni sus OIC, ni otras instancias, tienen aún la capacidad suficiente para realizar dichas verificaciones, ahora que el número de obligados a presentarlas asciende a casi 5 millones de servidores públicos.
Respecto a los nuevos formatos de las 3 de 3, el CC del SNA, a petición de la Dra. Sandoval, Secretaria de la Función Pública, aceptó revisarlos y no entrarán en vigor hasta finales de este año, después de ser revisados y simplificados.
Es tiempo de analizar si el SNA es el instrumento adecuado para combatir la corrupción. Se podrían replantear algunos aspectos:
1. Darle el liderazgo del combate a la corrupción a la institución que sí tiene ese mandato, que es la Fiscalía Anticorrupción y que ella sea la encargada de articular la investigación de casos específicos de corrupción que cruzan transversalmente a diferentes instituciones.
2. En lugar de un Comité Coordinador, crear una Comisión Interinstitucional que incorpore a otras instancias de la Administración Pública Federal (APF), como al INEGI, el SAT y la UIF, presidida por la SFP y con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del SNA.
3. Para la parte preventiva se podría privilegiar la actuación de la SFP para que tenga el liderazgo en esta materia en toda la APF a través de una Comisión Intersecretarial que impulse programas preventivos anticorrupción.
4. Que la SFP convoque a la sociedad civil a colaborar en tareas de vigilancia ciudadana, investigación de casos de corrupción, denuncia de los mismos y proponer políticas públicas.
5. Revisar y reformar el marco jurídico aplicable al combate a la corrupción para volverlo más eficaz.
Sería conveniente que, de llevarse a cabo nuevas reformas, se hagan de la mano de quienes tendrán que implementarlas para evitar el divorcio entre su diseño y su implementación como ocurrió el sexenio pasado. Es el momento oportuno para replantear la forma de combatir la corrupción de una manera más sencilla y eficaz, ante la urgencia por dar resultados.