El pasado 3 de noviembre se dio a conocer a través de diversos periódicos que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), renovó las concesiones hasta el año 2041 a Televisa, TV Azteca, Grupo Multimedios y varios grupo de radio, de acuerdo a un comunicado público emitido por el Grupo Televisa. La determinación del Pleno del IFT se hizo el miércoles 31 de octubre un día antes del largo “puente” de día de muertos.

Si bien la renovación de las frecuencias se hizo en tiempo y forma por parte de los concesionarios de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR), la noticia sorprendió por la celeridad con el IFT ha resuelto el tema, por lo que el periódico El Universal titulo la nota como “Regalo de fin de sexenio a Salinas Pliego y Azcárraga”, aún falta conocer bajo qué condiciones el regulador aprobó esta renovación de las concesiones, así como la contraprestación que deberán pagar por explotar frecuencias del espectro radioeléctrico por 20 años más, que según ha trascendido es una suma cercana a los 10 mil millones de pesos, pero sin especificar el monto que pagarán cada una de las empresas, de las cuales 225 corresponden a título de concesión de Televisa y 179 de TV Azteca. El hecho sucede en un momento político sensible, a un mes de que entre en funciones el nuevo gobierno federal.

Muchas preguntas surgen a partir de esta pronta y expedita resolución del regulador, sobre todo en lo que tiene que ver con el pago de las contraprestaciones. En su momento el investigador Gabriel Sosa Plata en su columna del 15 de mayo de este año, daba cuenta de las presiones de la industria en el ramo para cambiar la fórmula para el pago de la renovación de los títulos de concesión y se preguntaba si dichas presiones se harían efectivas. Una vez que el IFT dé a conocer los detalles de su resolución habremos de tener una respuesta al respecto ¿se cobrará una contraprestación justa o se doblegó al regulador para que el costo sea mucho menor? ¿dentro del costo de la contraprestación se incluirá el costo por el acceso a la multiprogramación o una vez más el IFT se las perdonará? ¿Tomó en cuenta el IFT que Televisa es preponderante en radiodifusión y por lo tanto la revisión de sus títulos debe ser distinta a la de otros concesionarios?

Una declaración de Miguel Orozco, Director General de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) es reveladora: “desde el año pasado hemos analizado opciones para revisar el monto que se paga por las prórrogas de las concesiones de radio y televisión; debido a que hoy en día hay muchos proveedores que prestan servicios similares vía internet y desde el extranjero, los cuales no pagan contraprestación alguna e incluso tampoco pagan IVA ni impuesto sobre la renta. Esperamos en los siguientes meses continuar los trabajos con el nuevo gobierno”[1]. Al respecto podemos inferir por lo menos dos cosas: bajo el argumento falaz de que las Over The Top audiovisuales (como Netflix) no pagan impuestos en nuestro país, los industriales están presionando para pagar menos por la explotación de un Bien del Dominio de la Nación, cuando la tendencia global es la aplicación de impuestos a los proveedores de video bajo demanda, y dos, que al parecer este proceso ha sido acordado con el nuevo gobierno, sería deseable que de manera contundente el presidente electo le aclarara a la sociedad en su conjunto esta sospecha, pues no abona a la credibilidad de su discurso de que gobernará separando la relación (perversa) del poder político con el poder económico.

Celeridad y dilación

Lo que resulta curioso, es que aún sin darse a conocer la versión estenográfica del regulador para tomar esta decisión y conocer con detalle las condiciones bajo las cuales se hicieron las renovaciones, varias voces salieron a defenderla como el legislador y próximo subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, que se supone tendrá también a su cargo la Dirección de Normatividad de Medios, y quien en su momento como senador defendió la criticada LFTR propuesta por Peña Nieto en 2014 y apoyó de manera decidida la postergación del apagón analógico en diciembre de 2015, haciéndose eco de la petición del dueño de Televisa para evitar afectar a los más “pobres”, cuando en realidad fue una jugada para preservar los intereses de esa televisora.

También defendieron la medida la presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, la panista y mexiquense Laura Rojas, así como el secretario de esa misma comisión, el perredista Héctor Serrano. A fin de evitar más especulaciones el IFT debería publicar a la brevedad la resolución y sus detalles.

Pero aún cuando lo haga, lo cierto es que la celeridad del regulador para resolver a favor de las televisoras es altamente contrastante con su dilación para resolver otros temas, como por ejemplo autorizar concesiones a las comunidades y pueblos indígenas, pues a la fecha apenas si ha otorgado 7 concesiones de este tipo, pese a que la ley le obliga a promocionar este tipo de concesiones donde no las haya.

En opinión de Miguel Flores Bernés, experto en competencia económica y ex integrante de la extinta Comisión de Competencia Económica la cosa huele a que “alguien quiere favorecer a estas empresas y arreglarles sus asuntos antes de tiempo, en vista de los cambios de gobierno que se van a dar” y afirma contundente “La reforma de telecomunicaciones y radiodifusión simplemente no ha tenido ningún efecto en televisión abierta”[2], las evidencias hasta ahora parecen darle la razón, y agregaría que la reforma no sólo no ha dado resultados contundentes en la televisión abierta, sino en general en aquellos servicios audiovisuales en los que está Televisa.

Es el caso del dominio de esa empresa en la televisión de paga, gracias al artículo 9º transitorio de la ley, con lo cual ha logrado la incorporación de varios proveedores pequeños y regionales, limitando la competencia. El resultado es que de todos los servicios de telecomunicaciones en lugar de ir a la baja en los precios al consumidor han ido al alza. Su poder podría aumentar de manera significativa en este segmento de los servicios de telecomunicaciones si se concreta la compra de Megacable, con lo cual pasaría de una participación de poco más del 60 por ciento del mercado al 75 por ciento en televisión de paga. Por donde se le vea, un escándalo.