Si el sistema nacional de salud fuera examinado por médicos para calificar las condiciones y el estado que guarda para atender integralmente a niñas y niños con padecimientos hemato-oncológicos, el diagnóstico sería de pronóstico reservado: cáncer con metástasis. Que la ciencia actúe y que obren los milagros, o dicho de otro modo: que los especialistas se apliquen a fondo y que Dios nos agarre confesados.
En esa retórica, la 4T rápidamente valoró e inició un proceso de cirugía mayor que implicó el ingreso urgente a quirófano para extirpar todo tipo de tumores. Como suele suceder en estos casos, los familiares, amigos y desconocidos nos quedamos en la sala de espera, deseando que los silencios desesperados y los clamores interminables sean acallados con noticias esperanzadoras de que todo estará bien y que pronto, nuestros seres queridos, recuperarán su salud.
Esperar a que todo mejore es equivalente a seguir culpando al de enfrente, señalando incapacidades del pasado y del presente, cuando deberíamos en cambio asumir parte de la responsabilidad que a todos nos toca de esta crisis en la atención a niñas, niños y adolescentes con cáncer.
Nadie, o muy pocos, se atrevería a decir que el sistema de salud goza de vitalidad y suficiencia para garantizar el derecho a la protección de la salud de todas las personas en nuestro país. El cáncer infantil es sólo una muestra de lo complicado del panorama. Más allá de preguntarnos por el grado de desgaste y descomposición de los últimos años, ¿nos hemos cuestionado qué hicimos como sociedad ante estos signos de enfermedad? ¿Cómo hemos reaccionado?
En el peor de los casos, nos hemos acostumbrado a que las citas médicas tardan por lo menos tres meses, que los estudios hay que realizarlos en laboratorios privados, que en caso de cirugía hay que llevar materiales de curación, que debemos sacrificarnos con largas filas de madrugada para alcanzar ficha y correr con suerte para encontrar medicamentos en las farmacias, entre tantas inconsistencias que consideramos como normales, que así han sido y así tendrán que ser.
Sin embargo, para que el Estado mexicano (compuesto por territorio, población y gobierno) tenga la capacidad para cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud, se requiere de la colaboración de todos. La soberanía misma se ejerce desde la ciudadanía a través de su gobierno, por tanto, la exigencia de contar con un sistema de salud digno y completo pasa por la obligación de los ciudadanos en participar. Esta participación debe ser civilizada y organizada.
En AMANC, desde hace 38 años y pioneros a nivel nacional en el apoyo asistencial a menores de edad con cáncer, hemos comprobado que los mayores agravantes de la enfermedad son la ignorancia y la indiferencia, y no necesariamente los recursos económicos y humanos, pese a que no hay dinero que alcance y aún faltan más equipos multidisciplinarios de profesionales.
Cuando estos dos elementos se combinan con la desinformación y la individualidad, no hay medicina ni remedio que funcione. Por eso, la participación social. En la medida de que la educación en la salud y la formación empática de las nuevas generaciones comiencen a rendir sus frutos, la protección de la salud estará garantizada, y entonces sí, el cáncer en la infancia y la adolescencia dejará de ser la primera causa de muerte por enfermedad en nuestro país.
Que este 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil, nos permita entender que el “remedio social” es la quimioterapia que tanto necesita nuestro sistema nacional de salud.