Opinión

Relevo en la Secretaría de Seguridad

Repensar y diseñar una estrategia de seguridad distinta. | Edgar Cortez

  • 06/11/2020
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La crisis de violencia e inseguridad no reduce y en medio de la misma sucede el relevo en la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). ¿Qué esperar de este cambio?

Lo primero a considerar es la situación en la que Alfonso Durazo dejó la seguridad del país.

En su carta de renuncia, el entonces secretario, hace una muy benévola evaluación de su trabajo. Presenta como resultados la creación de la SSPC y de la Guardia Nacional, que se cerró la “puerta giratoria” con más prisión preventiva, la propuesta del nuevo modelo nacional de policía y justicia cívica, reducción en los números en 13 de 17 delitos y que el crimen organizado ha sido privado de los territorios que controlaba.

La poca autocrítica aparece cuando señala que falta avanzar en los homicidios dolosos.

De acuerdo con la Ley orgánica de la Administración Pública Federal, a esta Secretaría le competen una treintena de responsabilidades, entre las que destacan: formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y de sus habitantes; proponer al Ejecutivo Federal la política criminal; coadyuvar a la prevención del delito; ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales.

Bajo este parámetro, la evaluación del ahora ex secretario es mucho más dura, pues la reducción de algunos delitos parece más efecto del confinamiento que de su acción, mientras que tampoco hay evidencia de la reducción en homicidios pues la meseta en el número de los mismos viene desde finales del gobierno anterior.

Un punto que omite la carta es que la creación de la SSPC ha sido la construcción de una entelequia pues la seguridad quedó por completo en manos de las Fuerzas Armadas, lo que es un craso error. Igual de cuestionable es el incremento del número de los delitos con prisión preventiva obligatoria, pues sólo alienta la mediocridad de la investigación de los delitos.

Por otro lado, la política criminal de este gobierno es inexistente, así como el trabajo coordinado entre esta Secretaría y la Fiscalía General.

Por tanto, la nueva secretaria llega a una institución en donde todo está por hacerse y con serios retrocesos en materia de seguridad como es la militarización de la misma.

Rosa Icela Rodríguez será la nueva secretaria de seguridad y el primer dilema que deberá despejar es, si llega para plegarse a los deseos del presidente o buscará cumplir con las obligaciones de la institución, pugnando por regresar la seguridad a la vía civil, hacer de la Guardia Nacional una policía civil y trabajar de forma consistente en el desarrollo de la policías de todo el país bajo el modelo nacional.

Todo lo anterior lleva necesariamente a repensar y diseñar una estrategia de seguridad radicalmente distinta a lo hecho hasta ahora.

¿Querrá y podrá hacer esto la nueva secretaria?

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