Las relaciones cívico militares en México atraviesan por un proceso de cambio en la actual administración federal. En el México posrevolucionario, las relaciones entre militares y gobiernos de extracción civil que iniciaron con Miguel Alemán, son improbables de explicar en un artículo, quizá tampoco en un sólo un libro, sin embargo, es posible aseverar que desde entonces, el Instituto Armado ha avanzado por un proceso que muestra varias constantes, a saber: a) profesionalización; b) lealtad institucional; c) subordinación al poder civil; d) fortalecimiento de sus capacidades en el territorio; e) ejecución de múltiples tareas de beneficio y auxilio a la población; f) baluarte y coadyuvante del nacionalismo, los valores y los símbolos patrios; g) factor de estabilidad, confianza y gobernabilidad; y g) actor estratégico de la integridad, soberanía e independencia del Estado, y garante de la seguridad y orden interior que establece nuestra Constitución.
Este proceso ha tenido varias definiciones a través del tiempo que, en el agregado, hoy resultan en fuerzas armadas con diversas capacidades en tierra, mar y aire para servir a México. Una constante que define el actuar del Ejército y la Marina en el país es su vocación social, la cual, está en su origen. En las escuelas y planteles militares se forma a cada generación o antigüedad bajo principios claros y específicos, a saber, que el Ejército Mexicano nació contra una dictadura militar, en favor de la democracia y del derecho, que es resultado de vertientes sociales revolucionarias, y que la extracción de sus elementos es popular. En otras palabras, el Ejército mexicano es la síntesis de la revolución social armada que inició en 1910, de un movimiento democrático, de la constitución social de 1917, y del pacto político que dio paso al Estado mexicano moderno.
De ese modo, existe desde hace décadas una interacción institucional entre las Fuerzas Armadas y la población, se trata de una decisión continua en el poder civil del México posrevolucionario que se mantuvo en las alternancias de todo signo partidista. En especial, el apoyo en situaciones de desastre, campañas de vacunación, atención médica en comunidades alejadas y marginadas, resguardo de áreas naturales protegidas y de las especies animales y vegetales que ahí viven, la construcción de obras de interés público, campañas de reforestación, cuidado de la biodiversidad en islas y litorales, apoyo a diferentes núcleos agrarios y comunales en el país, y desde luego su actuación ante emergencias. Las acciones sociales de las Fuerzas Armadas llevan ejecutándose setenta años, por eso, llama la atención que hoy algunos actores las expongan como novedad.
Así las cosas, es posible apreciar que las relaciones cívico militares en México son estables, predecibles y fundadas en la confianza institucional, la cual a su vez parte de la observancia de las leyes. Los militares no han sido actores políticos en el ejercicio de sus responsabilidades, la obediencia es plena al poder civil, y el estamento militar conoce las leyes, sus alcances y también sus límites. Las relaciones entre civiles y militares vertebran las capacidades efectivas para preservar y salvaguardar la Seguridad Nacional y esto es precisamente lo que muestra un proceso de cambio en la presente administración, debido a que se registra una interacción abierta, pública y constante entre civiles y militares, una exposición mediática permanente, y una compenetración colegiada en los asuntos, retos y desafíos públicos.
La presente administración avanza bajo la lógica de que en México se tenga un doctrina común y una cultura de seguridad nacional –temas que involucran por igual a civiles y militares–, que se plantee la fusión de inteligencias para enfrentar cualquier riesgo y amenaza con la colaboración de instancias civiles y militares, y se fortalezcan las misiones que desarrolla el Instituto Armado al servicio de la población, incluso en algunos programas sociales de nuevo cuño, lo que acrecienta la presencia histórica del Ejército y la Marina al servicio de la ciudadanía.
Hasta aquí, como se ha visto, las fuerzas políticas que han gobernado México coinciden en que las misiones constitucionales y legales de las Fuerzas Armadas se mantengan, se fortalezcan y perfeccionen. Es en este punto donde aparece una de las actuaciones de las Fuerzas Armadas que ha estado en el centro del debate político, que es su participación frente a la delincuencia organizada y no organizada en nuestro país.
Lo primero a subrayar es que desde los años setenta, el Ejército participa en campañas contra la siembra de cultivos ilegales, contra el tráfico de armas y drogas, y que ha realizado una serie de operaciones contra estos flagelos. En segundo término, desde entonces todas las administraciones federales han convocado a las Fuerzas Armadas a trabajar en estas áreas con mayor o menor posicionamiento mediático, y desde 1988 han llamado al Ejército a trabajar en misiones contra armas, drogas y delincuencia organizada, por lo que también se trata de una constante.
Lo paradójico era que cuando un partido en el poder convocaba a las Fuerzas Armadas para apoyar a las instituciones civiles era cuestionado, pero los cuestionadores, en su turno de gobernar, hacían lo mismo, con otros nombres. Justo en este caso, llama la atención que si bien la mayoría de los partidos políticos sabían que era necesario modernizar la legislación para dar certeza jurídica a las Fuerzas Armadas en seguridad pública, esto no aconteció.
Aplausos si, reconocimientos también, pero nuevas leyes no. Con excepción de la Ley de Seguridad Interior que desechó de plano la Suprema Corte de Justicia y abrogó el Senado de la República, las misiones, atribuciones y reglamentos de las instituciones de seguridad del Estado mexicano, por lo que a la participación de la Fuerzas Armadas se refiere, quedaron prácticamente inalteradas en plena crisis de seguridad. Es el caso de la ley sobre delincuencia organizada, cuya ejecución operativa es, por lo menos difícil y compleja, en cada tramo del proceso penal.
Y es aquí donde radica la diferencia que renueva la relación entre civiles y militares en México, y ésta consiste en llamar de forma abierta y clara a las Fuerzas Armadas a contribuir en la agenda de seguridad pública mediante una reforma constitucional y legal. La presente administración impulsó una reforma constitucional que se aprobó con consenso de las fuerzas políticas para crear la Guardia Nacional. La reforma estableció con todas sus letras que las Secretarías de Defensa Nacional y Marina apoyarían la consolidación de la Guardia Nacional con personal, recursos, instalaciones, capacitación y un modelo de profesionalización en seguridad pública, así, claro y abierto. Como claro y abierto también se estableció en el texto de la reforma constitucional que las Fuerzas Armadas apoyarían a las instituciones civiles en tareas de seguridad pública hasta el año 2024.
Se podrá o no estar de acuerdo, pero es mucho mejor para una democracia y una gobernanza estable la relación transparente entre civiles y militares que las cosas sean claras, públicas y abiertas. La reforma de 2018 permitió trascender el estancamiento y la opacidad civil que se registró en las capacidades de resolución colegiada de temas de seguridad por lo menos desde 1997. Y por ello, también es importante aquilatar tanto la iniciativa de reforma del presidente de la República, como el consenso del Legislador, al mostrar algo que hacía tiempo era evidente: las principales fuerzas políticas coincidían en la necesidad de que el Ejército y la Marina participaran en materia de seguridad pública. Sin embargo, las condiciones políticas dificultaron el consenso sobre las vías de esta decisión, en ese contexto político y decisional, la Guardia Nacional configuró una ruta de salida para tener por primera vez en México una institución de seguridad pública de la Federación profesional, estable, predecible y con la disciplina, el control y el rigor necesarios para operar en todo el territorio.
La reforma de 2018, más allá de la creación de la Guardia Nacional, permitió establecer un nuevo basamento para las relaciones cívico–militares, abrir el debate público, y salir de la tensión entre dos artículos de la Carta Magna, que dicho sea de paso, la Suprema Corte de Justicia, había resuelto al señalar la constitucionalidad de la participación de las Fuerzas Armadas en Seguridad Pública.
La Reforma también estableció de hecho y de derecho la cooperación y la coordinación entre civiles y militares para crear la nueva institución, desechó moldes prefigurados que limitaban la acción del Estado y abordó la forma en que las Fuerzas Armadas pueden participar en la seguridad pública federal y en apoyo a las entidades federativas.
Aunque diversos actores pretendan reciclar el debate paralizante de las décadas anteriores, se vive un momento diferente que muestra la madurez de partidos y actores políticos comprometidos con procesos de largo aliento para construir respuestas ante necesidades nacionales. Uno de estos procesos es el desempeño del Ejército y la Marina en la construcción de nuevas instituciones de seguridad, en asumir un papel abierto en apoyo a instancias civiles y en construir obras de interés público.
Por su parte, las Fuerzas Armadas han mostrado, una vez más, su compromiso democrático y la institucionalidad necesaria para contribuir a la gobernabilidad del Estado mexicano, esta vía, es una aportación nacional a las relaciones cívico militares que no se aprende repitiendo modelos ajenos a nuestra realidad. Hace décadas que nuestras Fuerzas Armadas y que grandes sectores de la clase política nacional de todos los partidos dejaron atrás los manuales del pragmatismo y la Comisión Trilateral.
Finalmente, existe otra constante que muestra bifurcaciones internas, también históricas, esta se refiere al uso que desde el poder civil se ha dado a las Fuerzas Armadas cuando, en diferentes momentos, el orden político ha enfrentado disturbios, grupos armados u otro tipo de antagonismos. Ha sido complejo y hasta un despropósito pretender responsabilizar, con una mirada aséptica contemporánea, a las Fuerzas Armadas sobre decisiones políticas que respondieron a otros contextos históricos tanto en el orden interno como en las relaciones internacionales; por ello la Comisión de la Verdad que ha anunciado el C. Presidente de la República, sin duda permitirá aproximaciones a responsabilidades públicas y de otra índole, dentro y fuera de México. El esclarecimiento integral de la denominada “Guerra Sucia” merece aproximaciones plurales desde la semántica política de la época, así como del papel de los actores en sus nexos y relaciones con distintos grupos, países e ideologías en el contexto de la bipolaridad, de procesos revolucionarios en otras naciones y de lógicas de influencia y expansión de, por lo menos, dos modelos y sistemas de sociedad. La verdad ha de ser común para todos los involucrados.
En cualquier caso, se registran nuevas coordenadas institucionales y jurídicas para la cooperación, gobernanza y colaboración en las relaciones cívico–militares en México, que trascienden el subrayado de principios ideales para avanzar mediante tareas concretas que ameritan el trabajo coherente de las instituciones del Estado, como son el combate a la corrupción, la seguridad pública –drogas, armas, trata de personas–, el cuidado de nuestros recursos naturales y desde luego el fortalecimiento de la confianza internacional en nuestra democracia. La restauración del pacto social del Estado mexicano llevará tiempo, sin embargo, la renovación de las relaciones institucionales entre civiles y militares fortalece nuestra democracia.
* Dr. Jorge A. Lumbreras Castro
Académico de la FCPyS-UNAM