Entre socavones, cinismo, violencia, corrupción y falta de acciones se sigue deteriorando la paz social y la seguridad ciudadana en el país. El pacto social se encuentra severamente erosionado, hay escepticismo y falta de credibilidad en la población porque los responsables de las instituciones han permitido, por complicidad o incapacidad, que se empodere la delincuencia.
Las cifras e indicadores de violencia, con los homicidios dolosos al alza como la más cruda referencia a la espiral delictiva, conjuntamente con las presiones para frenar la operación total del por sí tenue Sistema Nacional Anticorrupción (sin nombrar al Fiscal de la materia ni a los Magistrados que sancionarán las irregularidades y desvíos), exhiben que, más allá del discurso políticamente correcto, los grupos hegemónicos mantienen como el cemento que une sus intereses a la impunidad y la corrupción, y hacen todo por perpetuarlas.
Un tema paradigmático de las fallas en materia de seguridad ciudadana en el país es la falta de profesionalización y depuración de las policías, en especial a nivel estatal y municipal. Los gobiernos de los Estados y los ayuntamientos siguen postergando la mejora de sus cuerpos policiacos. Ni certifican a sus elementos ni se hace a un lado a los que presumiblemente están vinculados a la delincuencia organizada.
Esta omisión que pretenden justificar argumentando que no cuentan con recursos o el temor a la delincuencia aliada a ciertos ciertas policías, ha implicado que la federación envíe efectivos a los Estados y que intervengan las Fuerzas Armadas para suplir estas deficiencias en las policías.
El caso de las policías sin certificar, sin acreditar los exámenes en control y confianza, ni cumplir con las disposiciones que establece la Constitución Política de la República y las leyes es un caso ilustrativo de cómo se cubren unos a otros en los diferentes niveles de gobierno. A pesar de que integrantes de diferentes corporaciones policiacas (estatales, municipales y municipales sobre todo) no cumplen con los requisitos que establece la ley correspondiente para desempeñar la función, no hay consecuencias legales por esa omisión.
En teoría el ocupar policías, ministerios públicos o peritos sin certificar es un delito establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública e incluso puede encuadrar en delitos contra la administración de justicia previstos en la legislación federal y estatal penal, sin embargo las autoridades que fomentan esta actividad no han tenido ninguna consecuencia por sus actos indebidos, de tal suerte que bien pueden mantener policías infiltradas y sin certificar y no pasa nada.
De esta situación no hace nada tampoco la autoridad estatal y federal que prefieren no tener problemas con los Alcaldes o con los Gobernadores o sus partidos políticos, según sea el caso, perpetuando la situación negativa en las corporaciones y la afectación a la seguridad de la población. Así, no obstante que es una obligación la profesionalización y la certificación de las policías, lo cierto es que imperan la simulación y las complicidades, concretando una ruptura del Estado de Derecho y el fortalecimiento de la delincuencia.
De ahí el fuerte reproche del Ejército a los gobiernos locales y municipales (y veladamente a la Secretaria de Gobernación) por la omisión en mejorar sus policías y su amago con regresar a los cuarteles, porque atender la seguridad pública no es su misión original.
En esta semana se dio un nuevo caso donde la falta de certificación y acreditación de las policías tuvo consecuencias fatales, no sólo desde la óptica de que la falta de certificación implica no tener claridad en la confianza en el desempeño de los policías y en su lealtad a la población, sino que esta falta también significa ausencia de garantías para los propios policías en su situación laboral y en su protección social.
En el municipio de Ahuacuotzingo, Guerrero; esta semana asesinaron a cinco policías municipales y dos empleados de Bancefi que se disponían a entregar recursos del programa social Prospera a beneficiarios del mismo. Sin embargo, resultó que los elementos que fueron privados de la vida no sólo no estaban certificados sino que ni siquiera estaban registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta grave irregularidad quedo de manifiesto al ser asesinados estas personas, lo cual confirma las irregularidades en el manejo de las corporaciones por parte de los municipios. A partir de estos hechos se ha hecho del conocimiento público que se actuará contra el Alcalde Gerzain Hernández que permitió esta violación a la ley y el gobierno estatal de Guerrero, se solidarizó con las familias porque carecían de seguridad social los victimados, comprometiéndose a apoyar económicamente a las mismas.
Sin embargo, en el municipio de Acapulco presenté desde el año pasado ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal contra el Alcalde porteño, Evodio Velázquez, porque alienta y permite que cientos de policías municipales realicen la función sin estar certificados y el ministerio público no ha actuado en consecuencia. Por otro lado presenté recientemente otra denuncia más en la propia PGR contra el Fiscal General de Guerrero, Javier Olea, por ocupar casi 300 elementos de la Fiscalía (policías, ministerios públicos y peritos) que no cuentan con la certificación y en este caso el ministerio público determinó abstenerse de investigar, determinación que habré de recurrir ante un Juez de Control. Sin embargo, lo grave es la falta de consecuencias para quienes se burlan de la ley, y las complicidades para no actuar a pesar de que se cometen delitos.
Mientras se mantenga la simulación, mientras la ley no se aplique, mientras sigan las componendas para mantener la estructura policial viciada, sin profesionalizar ni certificar y cooptada gran parte de ella por la delincuencia, difícilmente se mejorará la seguridad pública en nuestro país.
@RicardoMeb