¿El personal médico tiene derecho a rehusarse a realizar su trabajo cuando corra peligro su vida y salud? Es una pregunta que ronda en todos los centros hospitalarios del país ante la carencia de equipos de protección adecuados y suficientes para atender esta pandemia.
Han sido las protestas de enfermeras, paramédicos, médicos y médicos residentes las que han sacado de sus mullidos sillones a los funcionarios de todo nivel para atender esos reclamos. Las muertes de sus compañeros de la salud han sido un precio muy caro que han pagado por esa negligencia gubernamental de muchos sexenios.
Cuando se creó la Ley General de Salud, en aquel 7 de febrero 1984, se instauró en el artículo 468 el derecho para el profesional, técnico o auxiliar de la atención médica a rehusarse a prestar sus servicios siempre y cuando existiera una causa legítima.
¿Qué es una causa legítima? ¿Es la defensa de la vida y de la salud del personal médico para seguir asistiendo a los pacientes? ¿Es defenderse a sí mismo para seguir luchando por la vida de los demás? ¿Si el personal médico muere, entonces quién asiste a la población? Son el bien más reconocido de la humanidad.
Mi empatía con ellos tiene muchas razones, una de ellas, la aspiración más grande de mi padre por ser médico, sueño que abandonó en los inicios de su carrera en la Facultad de Medicina de la UNAM, muy a su pesar, por la carencia de recursos económicos que le impidieron continuar. También mi cercanía en la defensa del personal médico del Hospital Español desde 1988, y luego conocer a los de Hospitales ABC y Ángeles junto con Patricia Méndez y Rosalío Hernández Beltrán.
Acompañar desde 1987 a miles de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en su lucha, junto con cientos de despedidos que llenaban las calles de Paseo de la Reforma exigiendo su reinstalación. Ahora, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social con el mayor reto de su historia, que tiene ocupada a su dirigencia en todos los niveles, para que el gobierno atienda la demanda de miles de trabajadores de la salud, pero ¡ya!, teniendo inclusive la organización sindical que comprar equipos de protección para sus agremiados ante la lentitud patronal.
El derecho a rehusarse a prestar sus servicios, siempre y cuando exista una causa legítima, es un derecho sustancial e irrenunciable del personal médico. Sin causa legítima no hay derecho a rehusarse a prestar servicios, y esta acción caprichosa se puede convertir en un delito que motive la aplicación de una pena de seis meses a tres años de prisión. Tan existe esa causa que los propios funcionarios reconocen la legitimidad de los reclamos de los trabajadores de la salud.
Quienes redactaron esas normas consideraron que la carencia de personal y de equipo médico o de un local adecuado para prestar los servicios, son motivo de sanción para los responsables de los centros hospitalarios y no de los trabajadores de la salud, tal como lo señala el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica en su artículo 245.
Existen además responsabilidades penales para los directivos de los centros hospitalarios y también para aquellos funcionarios, de todo rango, que, de manera indolente, por años, se abstuvieron de entregar recursos económicos suficientes y sólo llenaron con discursos huecos su responsabilidad.
El Código Penal Federal señala en su artículo 9 que comete el delito de “deber de cuidado” quien no previó lo previsible (ejemplo de ello el abasto de equipos de protección para el personal médico, de equipamiento para los pacientes) o confiando no se produciría ninguna falta se produjo ésta (como es el contagio y muerte de personal médico y pacientes).
Los reclamos del personal médico han estremecido las estructuras del aparato político y es hasta ahora, que esos funcionarios antes omisos y otros recién llegados más sensibles, aprueban a toda prisa hasta bonos de riesgo (tan olvidados en otros tiempos), equipamiento médico (que llega a cuenta gotas), medios para protegerlos ante el reclamo y desesperación de los familiares ante tanta carencia (que sigue a pesar de anuncios que alegan lo contrario).
El personal médico en algunos estados de la República ha tenido que presentar amparos ante la omisión de las autoridades hospitalarias para otorgarles equipos de protección, insumos e instrumentos necesarios para la atención de los pacientes afectados con el COVID-19. Son acciones importantes en las que el Poder Judicial de la Federación ha intervenido para proteger los derechos humanos del personal médico, otorgando la suspensión provisional para requerir a dichas autoridades cumplan con las medidas de protección a sus trabajadores.
Esta pandemia marca un antes y un después para concebir, a base de tragedias, que la atención a la salud es el bien más preciado de todos los tiempos, ¿es demasiado tarde?, a mí me parece que no, pero sin duda es la última oportunidad para entenderlo. Son tiempos de cuenta regresiva.