Hoy abordo un tema que aunque árido es necesario conocer pues determinará muchas cosas el próximo año. En los años setenta, Jimmy Carter, primero como gobernador de Georgia y después como presidente de los Estados Unidos (y a sugerencia de Peter A Pyhrr, que habría probado ese método en Texas Instrument, a finales de los años sesenta) propuso que la administración pública norteamericana se manejará sobre la base de un concepto llamado "presupuesto base cero", que significaba algo así como poner los bueyes delante de la carreta: definir los proyectos, los programas, clasificarlos por importancia y después, al final, determinar los presupuestos, en un intento por “hacer eficiente” la gestión gubernamental.
El problema con ese modelo es quién define cuáles son los programas prioritarios, a quién le responden los generadores de los “paquetes de inversión”, (es decir los funcionarios responsables de la determinación de los programas) y cuáles de esos programas pueden ser obsoletos y, por tanto eliminarse. ¿Será la cultura una prioridad? ¿La educación? ¿Tendremos, por el contrario, unas partidas presupuestales más grandes para las tareas de seguridad (Ejército, Marina, Policía Federal, etcétera)? El que el jefe de Ejecutivo y sus asesores decidan recurrir a su aplicación, significa que los temas económicos y presupuestales se les fueron de la mano e intentan remediar el déficit y subejercicio del sector público.
La aplicación de ese modelo se desechó en la presidencia de Ronald Reagan para asumir la propuesta de la primer ministra inglesa Margaret Tacher y aplicar el que ha imperado por los últimos treinta y cinco años: el neoliberalismo, que modificó de raíz, entre otras cosas, la base sobre la que se calculan los presupuestos y las finanzas de los países.
¿Qué modelo?
Curioso que México, a más de treinta y cinco años decida emprender ese camino de regreso, sobre todo porque siempre nos han dicho que los presupuestos están definidos de acuerdo con los programas y metas definidas previamente, tanto en los programas parciales como en el Plan Nacional de Desarrollo que cada gobierno presenta al inicio de su gestión. ¿Patadas de ahogado? ¿Cubrir ineficiencias? ¿Búsqueda de recursos para hacer frente a los compromisos cuando las reformas estructurales no han resultado como estaba planeado? Todas las respuestas y ninguna: el cálculo, la propuesta de los presupuestos gubernamentales es casi igual a las cajas negras de los aviones: sólo podrán entenderla los peritos, los expertos.
Las voluntades
Mientras, nos debemos conformar con que los senadores, en un acto que suponen los honra decidieron bajarle ¡cien pesos! al mes a su salario aunque les ganaron los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública del DF (Infodf), que de tener un salario de $102,968.97 pesos, ahora cobrarán $102,946.97 pesos: ¡22 pesos de reducción!, como consecuencia de que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del DF sufrieron una baja en sus salarios y aquéllos deben ganar lo mismo que éstos.
¿Reducción de quiénes?
El secretario de Hacienda, por su parte, nos avisa que para el próximo año habrá recorte de trabajadores gubernamentales, aunque no nos dice si también los funcionarios del ejecutivo reducirán sus salarios y prestaciones. La resaca electoral se anuncia difícil así que aprovechemos lo que hoy nos ofrecen pues nos lo cobrarán con creces, no importa quién se quede con la mayoría en el legislativo: Estamos entrampados. Estamos a casi dos años y medio de este gobierno y la única certeza es que no van a atender y resolver las demandas de la sociedad, de la justicia tanto tiempo anhelada.
A 182 días del atentado de Ayotzinapa seguimos esperando una respuesta: ¿Dónde están los 43? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos propone que el caso se reclasifique y sea considerado desaparición forzada, lo que permitiría que no prescribiera y, por tanto, que el caso siga abierto... aunque alguien esté cansado. ¿Qué harán los partidos? ¿Seguir con sus campañas al margen? ¿No serían éstas un buen motivo para que en cada actividad electoral se exigiera justicia, para ellos, para los jornaleros de San Quintín, para los yaquis, para los de Cananea, por citar algunos?
De pilón…
Para incentivar a la industria de la construcción, la Secretaría de Hacienda acaba de modificar el régimen fiscal de esas empresas para que puedan recuperar (o no pagar) el IVA que pagan por los servicios que contratan para sus tareas. La compra de una vivienda no causa IVA, por lo que los constructores no podían recuperar el impuesto pagado. Algo así deberían de hacer en el ramo de la cultura pues en el caso de los libros, por ejemplo, las librerías tienen que pagar el impuesto por los servicios necesarios para su tarea y, en cuanto que la venta de los libros no causa IVA, éstas deben asumir ese costo, afectando su solvencia y el ejercicio de la actividad comercial de una industria cultural que debería de tener todo el apoyo del Estado: Un país es su cultura. Hay que leer y tener dónde comprar (además de bibliotecas públicas realmente surtidas: ¿les aplicarán el presupuesto base cero?), en las mejores condiciones.
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(Obviedades es un ejercicio de reflexión que comparto con mucho gusto no para que estén de acuerdo sino para hacer conciencia de las contradicciones de un régimen… que puede ser cualquier régimen, no importa el partido, por supuesto)