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Regreso a clases y medidas remediales

Se requiere una estrategia de política pública que permita asegurar la continuidad de todas y todos los alumnos en el ciclo escolar 2020-2021. | Thamara Martínez*

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Escrito en OPINIÓN el

Para arrancar las clases del ciclo 2020-2021, la Secretaría de Educación Pública, con 31.8 millones de alumnos en escuelas públicas, ha emprendido un formato de enseñanza a distancia con la estrategia Aprende en Casa II, que consiste en transmitir los contenidos educativos por televisión, radio y en línea. 

No obstante, de acuerdo con la ENDUTIH 2019, sólo 56.4% de los hogares en el país tiene acceso a internet y 96% recibe señal de televisión digital. Dicha estrategia pretende alcanzar al 6% de los hogares sin esta señal por medio de guías, libros y otros materiales. 

Para este propósito, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 se asignaron 821 millones de pesos (mdp) para crear y difundir contenido educativo en radio, televisión y plataformas digitales, 2% real menos que lo ejercido en 2019. De igual forma, el presupuesto para la producción y distribución de libros y otros materiales educativos asciende a 3,092 mdp, 13% real menos que el gasto de 2019. 

Dado que las clases presenciales serán retomadas cuando el semáforo de cada entidad se encuentre en color verde, los costos de la pandemia en términos de aprendizaje se incrementan cada día, al tiempo que la inversión pública adicional para el acondicionamiento de las escuelas para promover un regreso seguro es aún incierta. 

Para reanudar las clases el Banco Interamericano de Desarrollo considera 4 puntos clave para procurar la seguridad y salud de alumnos y docentes. Estos son: asegurar el distanciamiento social; mantener las escuelas limpias y desinfectadas; asegurar que los alumnos y docentes lleguen y se mantengan saludables en la escuela; y asegurar el acceso a lavamanos. 

No obstante, México, al igual que Honduras, tiene el mayor número de alumnos por aula de América Latina, con 45 alumnos por cada aula. Las escuelas públicas de nivel básico tienen una matrícula promedio de 113 alumnos por institución, pero 19 estados están arriba del promedio, como: Ciudad de México, con 272 estudiantes; Baja California, con 215 estudiantes; y Estado de México, con 186 estudiantes. 

Aunado al reto de mantener el distanciamiento social, la infraestructura para la higiene de manos en escuelas aún tiene limitantes: 33% de las escuelas públicas carecen de infraestructura para lavado de manos; 29% no tiene acceso a agua potable y 14% no cuenta con sanitarios. Sin embargo, el gasto para infraestructura educativa en 2020 fue recortado 54% en términos reales respecto a lo ejercido en 2019. 

En este contexto, se requiere una estrategia de política pública que permita asegurar la continuidad de todas y todos los alumnos en el ciclo escolar 2020-2021 y que su regreso a las aulas sea seguro, ya que, según estima la asociación XABER, la pérdida de 60 días efectivos de clase en sexto grado a causa del covid-19, provocará que, en 6 años, su tasa de graduación de nivel medio superior se reduzca en 3 puntos porcentuales, por lo que en 10 años los salarios de esta generación se verán afectados negativamente. 

*Thamara Martínez Vargas

Coordinadora de Educación y finanzas públicas. Es Licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana y cuenta con una Especialidad en Econometría Aplicada por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 2012 se desempeñó como analista económico en medios de comunicación de circulación nacional, siendo especialista en el seguimiento del entorno macroeconómico y financiero del país. Ha desarrollado investigaciones sobre educación y mercado laboral, en específico, se ha enfocado al estudio de la participación laboral, la informalidad y las condiciones críticas de la ocupación en México. Se incorporó al Centro de Investigación y Estudios Económicos (CIEP) en noviembre de 2018 como coordinadora de Educación y Finanzas Públicas. Le interesa la economía de género y la incidencia de la educación en la movilidad social.