Opinión

Registro nacional de futuros culpables

El registro de usuarios móviles avizora más desigualdad, más injusticia y más derroche. | Elena Estavillo

  • 18/01/2021
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Se conoce como “efecto de farola” (streetlight effect) a un sesgo cognitivo que nos lleva a buscar algo solamente en los lugares donde es más fácil hacerlo, pero no donde sabemos que es más probable que se encuentre.

Este sesgo es ampliamente conocido en la investigación científica, pero sigue afectando la orientación y los resultados de muchos estudios, desperdiciando tiempo, dinero y esfuerzo.

El efecto generalmente se ilustra con el chiste de un borracho que está agachado, de noche, sobre el piso, buscando su cartera junto a un poste de alumbrado público (la farola). Un policía que le ayuda, después de unos minutos le pregunta si allí se le perdió, a lo que el borracho responde que se le cayó en el parque, pero que la busca acá porque es donde hay luz.

 

He pensado mucho en este sesgo, al analizar la iniciativa de ley que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que propone por segunda vez en nuestra historia reciente, crear un registro de usuarios de telefonía móvil.

El primer intento fue un fracaso rotundo. Nunca tuvo el menor impacto en combatir los delitos y, al contrario, la base de datos terminó por filtrarse y ofrecerse en el mercado negro. En el 2011 el Congreso terminó por eliminar el registro ante el peso de la evidencia, pero también para evitar la consecuencia indeseada de las mismas reglas, que habría llevado a la desconexión de casi 26 millones de usuarios que, hasta la fecha límite, no habían registrado sus datos. Habría significado en ese momento dejar sin servicio al 31% de los usuarios móviles del país.

Parece que la historia no nos enseña nada, pues se intenta nuevamente conformar un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil con el pretendido fin de combatir el crimen.

Y aquí es donde viene a colación el efecto farola. La misma exposición de motivos de la iniciativa señala que existen millones de llamadas realizadas desde centros penitenciarios cada año, relacionadas con extorsiones y otros delitos; también refiere el medio tecnológico con el que contamos para enfrentar este problema, los bloqueadores de señal, que están a la disposición de los reclusorios, amparados en un marco legal y jurídico expresamente diseñado para ello. Pero, inexplicablemente, la misma iniciativa concluye sin justificación alguna que los bloqueadores no sirven y que por eso se busca solucionar el problema en otro lado.

Es decir, sabemos dónde está el problema, pero ante la necesidad de investigar por qué no han sido efectivos los bloqueadores y, con ello, adentrarse en una red de corrupción extensa y compleja, se ha elegido ir contra ciudadanos ajenos al fenómeno, pero a quienes es más fácil identificar y regular. La propuesta va hacia donde está la luz, dejando el conflicto de fondo intocado en la oscuridad. Es más sencillo confrontar a un ciudadano honesto que combatir a la verdadera delincuencia y a la corrupción organizadas.

Lamentablemente, lo que se está creando es un Registro Nacional de Futuros Culpables, donde las autoridades de seguridad pública ya no tendrán, sino que encontrar un nombre desde su escritorio para poder vincularlo al expediente. El registro abonará a mejorar la apariencia de combate al delito y a pintar alegres estadísticas en un país donde se sigue midiendo la eficacia administrativa por el número de papeles firmados.

Por otro lado, este enfoque puede traer aparejado el efecto no deseado de incrementar otros delitos, pues no habrá más que robar o clonar dispositivos, usar documentos falsos u otras artimañas para hacerse de un teléfono móvil.

Eso, sin contar otras críticas fundadas como el riesgo a la privacidad que entraña la conformación del padrón con muchos de nuestros datos personales, incluyendo los biométricos, de los cuales varios serán de acceso público; el costo administrativo no previsto, ante la necesidad de invertir en necesidades más apremiantes como la digitalización de servicios públicos; la falta de evidencia nacional e internacional sobre un posible efecto positivo de este tipo de registros en el combate a la delincuencia; y la total desarticulación con el proyecto de crear una cédula de identificación digital universal, lo que evidencia una cada vez más la grave omisión de una estrategia nacional digital.

Por si fuera poco, como corolario, el registro de usuarios móviles amenaza con ensanchar la brecha digital. El registro exigirá que para la contratación de servicios móviles las personas presenten una identificación oficial, lujo del que no dispone una buena proporción de las personas que todavía no tienen acceso a internet. No tienen pasaporte porque no viajan, no tienen licencia de conducir porque no tienen automóvil, no tienen cédula profesional porque no cuentan con educación universitaria, no tienen credencial de elector porque muchas razones distintas los han llevado a no estar empadronados o no haber hecho el trámite para obtenerla.

Excluir a las personas del acceso a internet móvil, al día de hoy, significa alejarlos de la posibilidad de ejercer derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo o la libertad de expresión.

A cambio de más apariencia y menos eficiencia en el combate a la delincuencia, el registro de usuarios móviles avizora más desigualdad, más injusticia y más derroche.

Esperamos que el Senado tenga la visión y el arresto suficientes para detenerlo.

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