Les comentaba en mi última colaboración sobre los cuestionamientos que se suscitaron por la expedita renovación de concesiones por veinte años que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para Televisa y TV Azteca, las condiciones bajo las cuales se dio el proceso hacían sospechar el otorgamiento de privilegios por parte del regulador, algo que se confirmó cuando unos días después el comisionado Adolfo Cuevas Teja dio a conocer su voto particular sobre el tema.
Si bien el IFT actuó con apego a la ley, lo cuestionable fue la utilización de su capacidad discrecional para hacer el análisis para el pago de las contraprestaciones por dicha renovación, así como la evaluación de las obligaciones de los operadores en cumplimiento de su título de concesión y el marco normativo actual.
Sobre el pago de la contraprestación, el regulador hizo un discutible (por decir lo menos) cálculo al tomar como referencia el costo de las 32 frecuencias locales que licitó el año pasado, en lugar de hacerlo sobre la base del monto que pagó Cadena Tres por adjudicarse la llamada tercera cadena nacional de televisión en 2015 que fue de 1,808 millones de pesos, por lógica, si Televisa y TV Azteca renovaron sus títulos de concesiones para sus respectivas cadenas nacionales, la referencia debería ser el pago último que se hizo por una cadena nacional y no el de las frecuencias regionales.
Bajo este cálculo Televisa pagará 3,340 millones de pesos para su cadenas nacionales de los canales 2 y 5, ahorrándose 568 millones de pesos. En el caso de TV Azteca la renovación por sus cadenas nacionales de los canales Uno y 7 pagará 3,442 millones de pesos, ahorrándose 580 millones de pesos, esto como consecuencia de no haber tomado como referencia el monto pagado en la última licitación de la cadena nacional en 2015, de acuerdo a la información proporcionada por el comisionado Cuevas y a la estupenda explicación de Raúl Trejo Delarbre en su artículo en La Crónica.
Así, con esta metodología las televisoras evadieron el pago mil 148 millones de pesos por el uso del espectro al erario público por cortesía del IFT.
Otro de los argumentos para este regalo a las televisoras por parte de la mayoría de los comisionados del Pleno fue que la televisión abierta está perdiendo audiencias por los nuevos servicios de televisión por internet o video bajo demanda, por lo que eso también justificaba menos cobro por cada frecuencia. Ojalá y así como estos comisionados cuidan los negocios y los intereses de las televisoras también lo hicieran para los derechos de las audiencias, porque las renovaciones se hicieron sin evaluar el desempeño de esas empresas para el cumplimiento del servicio público que es la radiodifusión, el cual evaden de manera constante a través de su programación, trastocando los derechos de las audiencias como por ejemplo la infantil, que de manera permanente está expuesta a contenidos violentos a pesar de que la ley lo prohíbe. Tampoco hubo una revisión detallada del cumplimiento de las obligaciones de Televisa por ser Agente Económico Preponderante en radiodifusión.
Por si fuera poco, los comisionados defensores de los negocios de las televisoras también se negaron a la propuesta de la comisionada María Elena Estavillo y del comisionado Cuevas de obligarlas a transmitir las señales de otras empresas en aquellas localidades donde sólo es posible recibir la señal de Televisa o TV Azteca, como una medida para mitigar la carencia de pluralidad de contenidos, su negativa es una clara contravención al mandato constitucional que hizo posible la creación del regulador. Esos comisionados le negaron a esas localidades el derecho de acceso a información plural que otorga el artículo 6º de la Carta Magna.
A la Defensa de los poderosos, al ataque de los débiles
Les decía en mi anterior colaboración que fue muy llamativa la rapidez con la que se tramitaron las renovaciones de las televisoras por parte del regulador, en contraste con otros trámites, como por ejemplo para el otorgamiento de concesiones para medios comunitarios e indígenas.
Hasta ahora las evidencias empíricas nos indican que el IFT tiene una doble vara a la hora de regular, que apunta a favorecer a los actores más poderosos y a castigar a los más débiles. En tanto le ahorro más de mil millones de pesos a Televisa y TV Azteca, pelea en tribunales hasta el último intento para que la Asociación Civil Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias le pague un millón de pesos por pago de derechos por el uso de espectro para dar el servicio de telefonía móvil e internet a comunidades indígenas de Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz que se encuentran entre las más pobres del país.
El servicio que da esta organización es sin fines de lucro y cobra una cuota muy baja, por lo que sólo recupera los gastos de operación para la operación de su red, aun así el IFT le impuso un cobro que pone en riesgo el proyecto para las comunidades.
En razón de esta inequidad se ampararon en contra de la medida bajo el argumento de que el artículo 239 de la Ley Federal de Derechos viola sus derechos para el acceso a las telecomunicaciones y no guarda proporcionalidad ni equidad tributaria para la organización de origen indígena.
En septiembre de este año la jueza Silvia Cerón Fernández, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializada en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, determinó que el IFT debe exentar del pago de derechos a la organización, en virtud de que el servicio que otorga a las comunidades indígenas fomenta su desarrollo y el ejercicio de sus derechos, y por su condición de vulnerabilidad deben contar con una protección en condiciones de igualdad y no discriminación. Peeero ¿qué cree? Tanto el IFT como la Cámara de Diputados se inconformaron y ahora corre un proceso de impugnación contra la sentencia de la Jueza Cerón.
Así el IFT por la vía de los hechos le ahorra millones de pesos a las televisoras con daño al erario público, pero por otro lado utiliza todos sus recursos institucionales para arrancarle a una organización indígena un millón de pesos, poniendo en riesgo el servicio básico de conectividad a las comunidades más pobres del país, que se traduce en una flagrante violación de derechos constitucionales.
La diferente vara con la regula el IFT muestra una tendencia a ser fuerte con los débiles, pero débil con los fuertes, privilegios para los poderosos y ley a secas para los débiles. El peor de los mundos.
PD. Andrés Manuel López Obrador anunció que tendrá un Consejo Asesor de empresarios, entre los que están los Bernardo Gómez, hombre fuerte de Televisa y Ricardo Salinas Pliego dueño de TV Azteca, el llamado Duopolio televisivo como siempre se acomoda no importa quien gane la presidencia, ¿De veras esa es cuarta transformación? Además los integrantes de ese Consejo son todos hombres, al más viejo estilo las mujeres brillan por su ausencia.