Esta semana terminará el Foro para la Reforma del Estado y Electoral de la Cámara de Diputados y Diputadas y tendrá que comenzarse a trabajar en la revisión, análisis y redacción de los temas que se abordaron en estos grupos de trabajo, pero también en los que no se tocaron en estas sesiones.
Diversas figuras se han incorporado al marco político y electoral de nuestro país en las últimas reformas y un ejercicio amplio y profundo de reforma debería analizar los efectos y resultados de varias de estas como la reelección legislativa y municipal, la nulidad constitucional de las elecciones, la fiscalización de los ingresos y egresos de partidos y candidaturas, la concurrencia electoral y un largo etcétera.
Si la idea es eficientar los procesos y reducir costos, la salida clara es apostar por la innovación tecnológica. La tecnología puede ser aplicada en diversas etapas de cada uno de los procesos que desarrolla la autoridad electoral desde la selección y capacitación de ciudadanos, la integración de las Mesas Directivas de Casilla, los materiales y documentación electoral, la votación dentro y fuera del país, el armado y entrega de los paquetes electorales, los cómputos, los recuentos, la educación cívica, la promoción del voto, la fiscalización de los ingresos y gastos, el registro de candidaturas, y casi en todas las etapas y actividades que se llevan a cabo dentro y fuera de los procesos electorales puede beneficiarse del uso de la tecnología.
La revisión al marco normativo e institucional en materia electoral debe repensar la forma en la que se organizan las actividades en torno al proceso electoral. Diversas tareas datan de, al menos, dos décadas en las que debía blindarse cada etapa del proceso con la finalidad de garantizar la certeza y la imparcialidad de cara a la votación. La forma de integrar las Mesas Directivas de Casilla, las diversas medidas de seguridad de las boletas para la impresión, empaquetado y distribución de las boletas y documentación electoral, las etapas del proceso electoral, los requisitos para elaborar y utilizar los materiales electorales, son algunas de las tareas que deben analizarse para reducir costos y etapas del proceso electoral.
Los procesos electorales en México duran entre 10 y 13 meses, en los que se aprueban diversos acuerdos y lineamientos y se ponen en marcha cada una de las actividades para llegar al día de la jornada electoral y las etapas subsecuentes. Cada día de un proceso electoral representa gastos y trabajo que eleva el monto de recursos humanos, materiales y financieros que las autoridades electorales se ven obligadas a erogar para cumplir cabalmente con las obligaciones establecidas en la las leyes electorales. Los costos de nuestras elecciones y autoridades electorales están directamente relacionados con la cantidad de obligaciones y actividades que de conformidad de las leyes y reglamentos deben llevarse a cabo en los procesos electorales y fuera de ellos.
Los retos de los procesos electorales no están ya en la organización de las elecciones ni en el conteo de votos, sino en garantizar la equidad en las contiendas electorales. Fiscalizar todos los recursos que ingresan y erogan partidos y las personas que ocupan una candidatura, lo que reportan, pero también lo que no reportan, debe ser una prioridad de la reforma. Los recursos que ilegalmente se utilizan en campañas electorales merman la independencia y autonomía con la que deben conducirse las personas que acceden a un cargo público y es la puerta de entrada a la corrupción y la impunidad. Odebretch es la muestra del peligro que representa para nuestro país que dinero producto de la corrupción interfiera en las campañas electorales.
Son muchos los retos de una reforma electoral y del Estado de esta envergadura, pero es necesario reconocer que no sólo es necesaria y que no será la última que tendrá que hacer nuestro país, sino que tendrán que venir otras que continúen con la tarea de seguir garantizando la equidad, la imparcialidad, la certeza, la objetividad y transparencia de las nuestras elecciones.