En un régimen republicano y democrático es una práctica normal que se presenten iniciativas de ley por parte del Ejecutivo y se defiendan por sus autores, también lo es que haya diálogo entre legisladores y servidores públicos sobre esos proyectos, pero lo que es inadmisible es que personeros de Los Pinos se constituyan en los grandes legisladores sin tener un mandato ciudadano para ello, y con la mansedumbre y servilismo de legisladores que se postran a sus pies.
En las llamadas reformas estructurales promovidas por Enrique Peña Nieto y el Pacto por México se ha venido consolidando un modelo autoritario en el cual las leyes se procesan fuera de las cámaras y se imponen sin mayor discusión y análisis. Sin embargo, ahora con la reforma a la legislación secundaria de telecomunicaciones se llegó al extremo de que prácticamente el Senado fue intervenido por el Ejecutivo para que se cumplieran sus dictados,a través de funcionarios como Humberto Castillejos y Aurelio Nuño, Consejero Jurídico y Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, respectivamente. Lo que es más grave es que algunos legisladores pactistas toleren esta anomalía; y que permitan que funcionarios de Los Pinos literalmente suplanten a las comisiones y al proceso parlamentario y les manden los dictámenes.
El proyecto en materia de Telecomunicaciones mantiene la atribución de la Secretaría de Gobernación (Segob) para vigilar los contenidos, en detrimento del propio órgano regulador creado en la reforma constitucional para estos fines; pues omite en su totalidad la regulación de los medios públicos e imposibilita el desarrollo de los medios a cargo de instituciones públicas.
Además, este dictamen intenta dotar de manera insuficiente a los medios de uso social y comunitario de mecanismos para su subsistencia y les impone condiciones que no son equitativas para que puedan obtener concesiones. Hablamos entonces de una ley que limita los beneficios de la convergencia tecnológica para las concesiones de uso social y comunitario yque tampoco reserva un porcentaje del espectro para que puedan cumplir sus finalidades.
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones entró en vigor en julio de 2013, las leyes secundarias tenían que aprobarse antes del 9 de diciembre de dicho año por orden constitucional, sin embargo el pleito entre las grandes empresas de las telecomunicaciones (Telmex y Televisa) y sus legisladores afines han marcado todo este tiempo. No les interesan los ciudadanos usuarios de servicios solo litigar, defender y cabildear por los intereses económicos que representan y defender a sus respectivos monopolios.
Pero los problemas mencionados no son los únicos riesgos que se presentan en esta iniciativa a discusión que, como todas las presentadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto, ha violentado la vida constitucional del Congreso de la Unión.
Se diluyeron todos los “avances”que se difundieron ampliamente por algunos legisladores, los cuales publicitaron como un importante logro de las negociaciones con el gobierno federal. El proyecto no respalda la pretensión de recuperar las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, apegándose al texto constitucional. Copiaron letra por letra la confusa definición de preponderancia de la Constitución, a sabiendas de que de esta manera el IFETEL mantendría su propia postura de regular por sectores y no por servicios. Además los comisionados responden fundamentalmente a los intereses del PRIAN quienes fueron los que los nombraron y no tienen la reciedumbre para oponerse a las presiones de las televisores y los grupos de interés económico.
La pregunta obligada, para quienes lean este texto y no sean expertos en materia de Telecomunicaciones será: ¿En qué me beneficia a míla regulación por sectores?
Pues bien, como usuarias y usuarios de los servicios como el teléfono, el internet o la televisión de paga, comprendemos claramente que a nosotros no nos cobran por sector. Cada uno de los servicios de telecomunicaciones que consumimos, los pagamos de manera individual, de igual manera debería ser con las empresas involucradas en su otorgamiento, pues aunque proveen diferentes servicios, se les protege para que se les regule sólo por un sector, en detrimento de una mayor competencia para que los usuarios podamos decidir quéempresa nos conviene más que otra. Cuando sólo existe una opción, nulifican nuestros derechos como usuarios. La ley Telecom protege a los monopolios y limita las opciones de los usuarios para tener opciones más accesibles en los servicios que contratan.
Tampoco se amplían los derechos de las audiencias, por el contrario, se pretende sancionar al defensor cuando la responsabilidad de las transmisiones recae en el ámbito de los concesionarios.
La mayoría de los Senadores de esta legislatura serán recordados, como han condenado las redes sociales, como los principales promotores de una regulación secundaria que lesiona los derechos fundamentales de las personas, la libertad de expresión y el derecho a la información, pues nulificaron los pocos avances de la reforma constitucional del 2013.
Esta reforma se planteó por la necesidad de que el Estado recuperara la capacidad de rectoría económica sobre la legislación en materia de Telecomunicaciones y radiodifusión, posición que defenderemos desde la Cámara de Diputados, para fortalecer la democracia y defender los derechos de todas las mexicanas y los mexicanos.
Todas las reformas promovidas por Enrique Peña Nieto y sus aliados se han basado en falsedades como las relativas a que impulsarían el crecimiento económico, la creación de cientos de miles de empleos y el desarrollo. Al contrario de la propaganda gubernamental y de sus defensores oficiales y oficiosos, reformas como la hacendaría y la laboral han sido un freno al crecimiento económico y no han servido para abrir nuevas fuentes de empleo. Tampoco han bajado los precios de la gasolina, el gas y la electricidad, al contrario siguen subiendo.
Por esa razón, el que ahora salga el Secretario de Comunicaciones y Transportes a decir que cuantiosas inversiones se han detenido porque no se ha aprobado la reforma secundaria en materia de telecomunicaciones es un argumento falaz, como todos los que hasta ahora han manejado en el gobierno federal.