Después de estar detenida a lo largo de varias legislaturas, finalmente se aprobó en el Congreso de la Unión la denominada reforma política del Distrito Federal con lo que se modifica su naturaleza jurídica dotando a la que ahora será la “Ciudad de México” de autonomía, así como de derechos políticos plenos a sus habitantes.
Sólo falta que la mayoría de las Legislaturas de los Estados la apruebe para que se haga la declaratoria correspondiente y se mande al Ejecutivo Federal para su publicación, aunque me parece que los órganos legislativos estatales se la van a llevar con toda calma, pues además de que aproximadamente en la mitad de los casos ya están concluyendo sus periodos ordinarios de sesiones, la verdad es que no ha sido un tema prioritario para el PRI.
Entre los principales elementos que comprende la reforma, se encuentra la creación de Alcaldías conformadas por un Alcalde y un Concejo, que a su vez se compondrá de entre 10 y 15 concejales electos en un 60% por el principio de mayoría relativa y en un 40% por el de representación proporcional, y que habrán de sustituir a los actuales jefes delegacionales.
Por su parte, ahora el jefe de Gobierno tendrá la dirección de las instituciones de seguridad pública pudiendo nombrar y remover a quien ejerza el mando, en tanto que el Presidente de la República solo podrá removerlos por causas graves.
Otro aspecto importante, estriba en la transformación de la Asamblea Legislativa en una Legislatura Local, con lo que adquiere facultades legislativas plenas por lo que ya podrá legislar en todas las materias (como seguridad pública), con excepción de aquellas reservadas expresamente para el Congreso Federal.
No se puede pasar por alto que la Ciudad de México contará con su propia Constitución, que deberá ser aprobada por la Asamblea Constituyente a más tardar el 31 de enero de 2017. De hecho, fue precisamente la conformación de esta Asamblea lo que postergó por un año la aprobación de la reforma constitucional, pues no se encontraba racionalidad alguna en la pretensión de los legisladores federales para auto-imponerse como diputados constituyentes -aunque finalmente lo hicieron- y tampoco en la atribución que le dieron al Presidente de la República y al Jefe de Gobierno para nombrar a 12 de ellos.
Independientemente de lo anterior, y del debate que se ha generado en torno a los “privilegios” de que ha gozado el Distrito Federal respecto al resto de las entidades federativas, lo cierto es que la aprobación de esta reforma tiene un significado político muy importante, pero también debe llamar nuestra atención la indiferencia de la ciudadanía quien no advierte ningún beneficio directo y por el contrario, considera que sólo se incrementa la carga burocrática. Esta es una muestra más de la crisis de credibilidad que padecemos.
Mientras los políticos festinan lo que será “el nuevo rostro” de la capital del país, sus habitantes se preocupan por la entrada en vigor del nuevo reglamento de tránsito ante la sospecha de que lejos de favorecer la movilidad y fomentar la cultura vial, se traducirá en una nueva fuente recaudatoria y de corrupción.