Opinión

¿Reforma para el control de las elecciones y del padrón?

Es necesario impulsar la austeridad, pero no debe servir como pretexto para el desmantelamiento y control de las instituciones públicas. | Agustín Castilla

  • 20/06/2019
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El oficialismo representado en el Congreso por los legisladores de Morena y sus partidos aliados, han impulsado la discusión en torno a una nueva reforma electoral, lo que no es común pues tradicionalmente ha sido la oposición la que ha exigido la aprobación de nuevas reglas para la competencia electoral. También llama la atención que, habiendo tantos temas que demandan atención prioritaria como la inseguridad, la corrupción e impunidad -aunque insistan en que se trata de problemas del pasado que ya fueron superados como si se tratara de un dogma de fe-, el crecimiento económico, la pobreza y desigualdad etc., se despliegue un esfuerzo tan importante con la creación de un grupo de trabajo y la realización de foros para discutir lo que, aunque perfectible, en términos generales ha funcionado bien como nuestro sistema electoral.

No es cosa menor que en los últimos 18 años se hayan registrado de manera pacífica tres alternancias presidenciales o que, como lo señaló el presidente del INE, en los últimos cuatro años se hayan celebrado 35 elecciones para gobernador de las cuales, en 23 ocasiones ganó la oposición.

Supuestamente el detonante de la reforma es la disminución del costo de las elecciones en consonancia con el principio de austeridad -que al parecer ha pasado de ser un medio para convertirse en un fin por sí mismo-, pero al analizar con detenimiento las iniciativas presentadas por legisladores del partido en el gobierno así como algunas declaraciones, se advierte que, independientemente de la probable intencionalidad, podría tener efectos de mayores proporciones.

Entre los principales planteamientos del grupo en el poder destacan los siguientes: 1) desaparecer los institutos electorales estatales (OPLES), con lo que se tendrían que incrementar las funciones así como la capacidad operativa del INE y por tanto los costos, con lo que el ahorro no sería significativo, 2) reducir de 11 a 7 el número de consejeros del INE, lo que pudiera ser viable pero si a partir de ello se opta por una renovación total en la integración del Consejo General impidiendo que los actuales consejeros cumplan con el periodo para el que fueron designados, en la práctica sería Morena quien nombraría a los nuevos consejeros dinamitando la autonomía de la autoridad electoral, 3) designación de los consejeros locales -quienes a su vez nombran a los consejeros distritales- por la Cámara de Diputados, con lo que Morena podría asegurar el control de la estructura electoral del INE, 4) disminuir en 50% el financiamiento público a partidos políticos, lo que afectaría las condiciones de equidad en la competencia electoral además de incrementar el riesgo de financiamiento ilegal, 5) disminución o desaparición de los legisladores plurinominales, lo que a pesar de ser popular traería como consecuencia una importante sobre representación del partido en el poder garantizando así el control del Congreso y minando aún más a la oposición. En este punto habría que retomar la propuesta de Woldenberg, tantos votos tantos escaños eliminando la sobre y sub representación.

También se ha deslizado la posibilidad de quitar al INE la responsabilidad de construir y mantener actualizado el padrón electoral para que quede en manos de un órgano técnico dependiente de la Secretaría de Gobernación, lo que de igual manera constituiría un gravísimo retroceso. Si lo que realmente se busca es disminuir el costo de las elecciones -y no el control político de las mismas como todo indica regresando a los tiempos de la hegemonía priísta-, habría que analizar las opciones que han sido planteadas como la eliminación o reducción del financiamiento público local a partidos -pues actualmente reciben doble financiamiento- así como la implementación de la urna electrónica, con lo que se calcula se podrían obtener ahorros aproximadamente por 7 mil millones de pesos al año. Sin duda es necesario seguir impulsando la austeridad en el ámbito público, pero debe dejar de servir como pretexto para el desmantelamiento y control de las instituciones públicas que más bien pareciera motivado por una voracidad que no conoce límites.