Opinión

Reforma laboral: ¡expones 8 minutos y te vas!

La Convocatoria para celebrar Audiencias Públicas con motivo de diversas iniciativas de la reforma laboral pareciera que se redactó para salir del paso. | Manuel Fuente

  • 20/02/2019
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La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados acaba de publicar una desafortunada y limitada convocatoria para celebrar Audiencias Públicas con motivo de diversas iniciativas de la reforma laboral puestas a discusión.

La convocatoria prevé la integración de 4 mesas de trabajo “temáticas”, sin precisar su contenido (temática sin temas). La inscripción es vía internet por medio de una clave de acceso y la respuesta solo indica el número de mesa, la hora y fecha de exposición. La primera mesa será el 26 de febrero, pero no precisa los temas a debatir, que tienen diversos alcances: Individual sustantivo, Colectivo sustantivo, la Conciliación, Tribunales Laborales, naturaleza de los jueces, Autoridad registral, Proceso laboral, carga probatoria, juicios de seguridad social, procedimiento de huelga, libertad sindical, contratación colectiva y más subtemas. ¿Cuáles de ellos?

La Convocatoria pareciera que se redactó para salir del paso, (como que hago que te consulto y así quedo bien), sin dar cuenta del calado de reforma que tienen en sus manos los legisladores; el desdén es tal que prevén que cada “invitado” disponga de “hasta 8 minutos para su intervención”, sin precisar tema: ¡Expones lo que quieras y te vas!

No se prevé en la Convocatoria, mesas de Audiencias Públicas en los estados de la República, ignorando con ello, a las diversas comunidades académicas, de empresarios y representantes de trabajadores existentes al interior del país. Como para decir: el centralismo es lo que manda.

Es conveniente escuchar a los diversos actores laborales para conocer sus realidades, porque son diferentes para quienes viven en la frontera Norte o en estados como Jalisco, Puebla, Estado de México, o la zona del Bajío, o en regiones del sur del país con grandes carencias. Hay que recordar que la reforma que se discutirá se aplicará en toda la república y por tanto la Comisión de Trabajo tiene la obligación de establecer mesas regionales para escuchar a todos los sectores implicados.

Los legisladores deben considerar que esta reforma tiene por objetivo cambiar radicalmente el sistema de justicia laboral, ahora en manos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje (hoy controlados por gobernadores y el presidente de la república) a otra en que dependan del poder judicial, a nivel estatal y federal, con resoluciones de carácter independiente.

Tienen que entender los diputados que legislar no solo es aprobar “el qué” sino “el cómo”.

“El qué” y “el cómo”

De nada sirve aprobar reformas a levanta manos, sin considerar los recursos económicos que se requieren para implementarla. Los diputados deben estar conscientes que ninguna de las iniciativas cuenta con un estudio actuarial del costo a la reforma laboral. La mayoría de esas iniciativas sueñan construir al menos 64 palacios de justicia, 32 a nivel estatal y otros 32 a nivel federal, con miles de jueces impolutos (que aún no existen) para atender más de un millón de juicios laborales (que hoy nadie sabe qué hacer con ellos) y que brotan todos los días como una plaga.

Las propuestas plantean un modelo de recursos multimillonarios que las vuelven inviables, para que, si tenemos suerte, empiecen a aplicarse en al menos en 20 años. Mientras tanto a seguir sufriendo las Juntas de Conciliación y Arbitraje que cada vez tienen menos recursos.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que preside María Eugenia Navarrete Rodríguez, experimentada funcionaria, le fue entregada con un andamiaje lleno de hoyos y carencias. Más de 60 mil expedientes esperando a ser dictaminados, sin personal suficiente ni recursos materiales para fortalecer a las Juntas Especiales en la ciudad de México y en todo el país.

Ahora resulta contradictorio decir, que antes estábamos mejor. Los nuevos gobiernos no se han preocupado por acabar con el rezago y por el contrario la reducción de los presupuestos en las instituciones de justicia laboral aumentó y vive su mayor crisis.

Los juicios laborales como si fueran mercantiles

El nuevo diseño procesal, en la mayoría de las iniciativas, copia los procesos que se llevan en materia mercantil o civil, retirando el carácter tutelar en favor del trabajador. Imponen de manera inequitativa, la obligación de ofrecer pruebas desde el inicio al presentar la demanda, como en los juicios en que está en disputa una letra de cambio, una compraventa o nulidad de un contrato, en donde la parte actora tiene la carga probatoria. Proponen un modelo de privatización de la justicia laboral encubierta de progresismo.

El calado de la reforma laboral

En un estudio elaborado por el autor de esta columna se revisan las principales iniciativas de reforma laboral presentadas de diciembre de 2018 a la fecha, por diversos partidos políticos y corrientes a su interior, refleja el tamaño de la reforma que no puede ser discutida en ¡8 minutos y te vas!

Tan solo las iniciativas presentadas por el PAN (381), Morena UNT (333), Encinas-JLCACDMX (321), PRD 2019 (314) y Morena, STPS, Observatorio Laboral (309) proponen reformas profundas a los artículos vigentes que cambian el sentido de la actual legislación. Son visiones distintas y encontradas que no pueden ser resueltas como si se metieran en una licuadora.

La reforma laboral que necesitamos en el país debe ir acompañada de una mejora sustancial en el presupuesto de las Secretarías de Trabajo, tanto en el ámbito federal como estatal, en materia de inspección, aprovechar la actual infraestructura de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, incluyendo a su personal jurídico e implementar una justicia a distancia, sin que pierda su carácter tutelar y social.

Los legisladores tienen en sus manos transformar la justicia laboral en un proyecto que modernice y democratice las relaciones laborales en el país, que es el reto a lograr; o bien convertirla en letra muerta para beneficio de los momios del pasado, no lo permitamos.

DE OTROS AVATARES

Pasta de Conchos no se olvida

Se han cumplido trece años de aquel fatídico 19 de febrero de 2006 en que 65 mineros quedaron atrapados en la Mina Pasta de Conchos concesionada a Grupo México, que durante gobiernos panistas y priistas gozaron de total impunidad. De un rescate interrumpido a capricho de los empresarios, solo dos cuerpos se entregaron a sus familias quedando abandonados 63 de ellos en lo profundo de ese socavón.

Ahora la Secretaría de Gobernación a través de Alejandro Encinas, funcionario de gran probidad, ha prometido ante familiares de los mineros victimados, la instalación de una mesa de trabajo interinstitucional que lleve al rescate de los cuerpos. Antaño se formaron varias mesas de trabajo para instrumentar el rescate para que al final el proyecto se mandará al basurero la intención, burlándose de las familias.

Ahora se inicia un nuevo camino, todavía largo para los familiares, que a pesar de su dolor gozan de una esperanza inquebrantable.

UAM: Una huelga que duele

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