En siete sesiones en el mes de junio, cinco de las comisiones unidas de Hacienda y Energía, y dos de las comisiones unidas de Presupuesto y Energía se pretende aprobar, en reuniones a modo, un tema que implica miles de millones de dólares y el principal recurso de la nación.
El calendario de discusiones aprobado, a propuesta del PRI y sus aliados del Pacto por México, se empata en diferentes sesiones con los tiempos del evento deportivo que concentra la mayor atención: el Mundial de Fútbol que se celebrará en Brasil. De tal manera, que si la reforma constitucional en la materia se aprobó el día de la Virgen de Guadalupe (12 de Diciembre), la legislación secundaria pretenden los entreguistas que se apruebe cuando la atención de la mayor parte del país se encuentre atenta a la justa mundialista. Plan con mañana del PRI para consumar este grave atraco a la nación.
En estas sesiones la gran concesión del PRI al formato fue abrir un par de sesiones para expertos independientes, lo que motivó el voto en abstención de algunos legisladores de izquierda, en nuestro caso mantuvimos nuestra postura congruente de rechazo a la discusión excluyente e insistimos en que los debates se trasmitan en cadena nacional. Para que se aprecie el cinismo y la desfachatez de esta propuesta de formato de discusiones es oportuno señalar que el día 17 de junio que se tendrá el panel con "expertos independientes" es el día del partido mundialista México - Brasil, toda una maniobra para desviar la atención.
Las reformas planteadas en las leyes secundarias demandan el mayor rigor en el análisis y discusión. El paquete para la nueva regulación del sector energético está integrado por 21 leyes, divididas a su vez en 9 bloques, 8 de éstas constituyen la expedición de nuevos ordenamientos y las 13 restantes sufrirán modificaciones.
En esta colaboración comparto algunos de los aspectos más graves de las leyes energéticas que fueron remitidas a la Cámara de Diputados. Como se recordara el grueso del paquete de reformas secundarias fueron enviadas al Senado, como ya es costumbre en este sexenio, y sólo las que tienen que ver son aspectos fiscales o de ingresos se remitieron a San Lázaro.
En este análisis se encuentran muchas de las brillantes reflexiones de Adolfo Hellmund. Las leyes secundarias del Ejecutivo nos permiten arribar a las mismas conclusiones que el análisis de las reformas a la Constitución. Las principales conclusiones serían:
1) Conforme aumente la participación de empresas privadas en la exploración y producción de petróleo, es previsible que la participación del fisco en la renta petrolera disminuya considerablemente.
2) El régimen fiscal para Pemex sigue siendo confiscatorio y las finanzas públicas mantendrán su dependencia de la renta petrolera.
3) El régimen presupuestario y de deuda pública propuesto no libera a Pemex de la camisa de fuerza que le impone la Secretaría de Hacienda, por lo que la empresa está condenada a perder relevancia y ser sustituida crecientemente en la actividad petrolera por empresas privadas.
4) El Fondo Mexicano del Petróleo representa la creación de una burocracia adicional, seguramente onerosa para el erario, sin ningún valor agregado, ya que el destino final de los recursos lo seguirá definiendo la Secretaría de Hacienda.
5) No existen mecanismos adicionales relevantes para el control del derroche y la corrupción.
En la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, que es una de las más importantes y en la cual me concentraré, se definen las reglas mediante las cuales se repartirá la renta petrolera. Independientemente de la modalidad de los contratos que se celebren con las compañías privadas (utilidad compartida, producción compartida y licencia), la forma en que el fisco recibiría ingresos provenientes de nuestra riqueza energética sería esencialmente la misma: una regalía y un porcentaje de la utilidad obtenida por la compañía privada. Adicionalmente, en la fase de exploración, las compañías privadas pagarían una cuota por hectárea que la misma ley propuesta reconoce que sería poco significativa.
Quedan, entonces, como fuentes de ingresos relevantes las regalías y el porcentaje de utilidad compartida. Las regalías se determinan con una fórmula, que para el caso en que el precio del barril de petróleo sea de 100 dólares, sería del 10%; es decir 10 dólares. Esto se compara con los 60-70 dólares con los que contribuye Pemex actualmente. Si el precio del barril es menor, el porcentaje disminuye; si es mayor, aumenta. Para el caso del gas, existe una fórmula similar, destacando que estas regalías serán nulas si el precio del gas es menor a 5 dólares por millón de BTUs.
Claramente, las regalías no serán una fuente de ingresos comparable a la que recibe el fisco hoy de los yacimientos que explota Pemex. La diferencia tendría que venir del porcentaje de utilidad compartida, que será la variable con la que se adjudicarán las licitaciones de los yacimientos: las empresas que ofrezcan compartir el mayor porcentaje de la utilidad, después de deducir su inversión, serán las que ganarán las licitaciones.
Sí Hacienda no ha tenido la capacidad para echar a andar la economía del país y ha tenido que ajustar recurrentemente las cifras esperadas de crecimiento económico, ahora será la encargada de fijar las bases y reglas para la operación de los contratos, para la fiscalización sobre el debido pago de las contraprestaciones a cada una de las partes dentro del contrato, entre muchas otras.
La Secretaría de Hacienda podrá poner un porcentaje mínimo de utilidad compartida, abajo del cual no se adjudicaría el yacimiento. La Secretaría de Hacienda sería la encargada de fiscalizar los contratos, y se incluyen una serie de medidas con las que, supuestamente, las empresas privadas no podrán inflar costos y reducir artificialmente las utilidades a compartir.
Estamos frente a una paradoja: Pemex no tiene los recursos para desarrollar los yacimientos porque la Secretaría de Hacienda le confisca el 100% de sus utilidades; la razón por la que Hacienda requiere esos recursos de Pemex es por su incapacidad para fiscalizar al resto de las empresas del país, en particular a los grandes grupos monopólicos y oligopólicos nacionales e internacionales; pero la encargada de fiscalizar a las grandes empresas petroleras para capturar la renta petrolera es ¡la Secretaría de Hacienda! Hacienda va a tener que realizar labores que van desde medir el flujo de gas y petróleo hasta determinar si los costos de operación en aguas profundas son los correctos.
Si Hacienda tiene problemas con empresas menos complejas y sofisticadas (y sin los asesores contables y legales con que contarán las petroleras), ¿es razonable pensar que sus resultados fiscalizando explotaciones en aguas profundas van a correr con mejor suerte? Lo más probable es que no.
El problema es que una de las características de los contratos es que son a muy largo plazo; si, eventualmente, en la práctica se observa que la renta petrolera que está llegando al fisco es muy reducida en relación a los ingresos obtenidos por las compañías privadas, no habrá forma de rectificar, porque esto implicaría cambiar los términos de los contratos y las compañías tendrán derecho a arbitraje internacional y exigir compensación por daños. O sea, el petróleo, seguirá siendo de la nación, pero habrá que pagárselo muy caro a las compañías que lo exploten. Adicionalmente, las posibilidades de corrupción en la adjudicación de estos contratos son muy grandes. Como se sabe, uno de los mecanismos más comunes de corrupción en Pemex es diseñar licitaciones amañadas, para asignar el contrato a cierta compañía con la que está de acuerdo el funcionario que toma la decisión. Hoy, esta corrupción se ejerce sobre el monto de lo que Pemex (o CFE) compran. Esto representa un monto de 40-50,000 millones de dólares al año. La adjudicación de los yacimientos no va a ser sobre las compras, sino sobre los ingresos futuros de la explotación del petróleo, en plazos de 20 o 30 años, una cantidad muchísimo mayor. ¿Cómo se va a controlar la corrupción en estos contratos, que seguirán impactando el patrimonio nacional por décadas?
Las leyes secundarias confirman el grave robo a la nación que implica la privatización del petróleo y los hidrocarburos.
@RicardoMeb