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¿Reforma Energética para el verano?

Una vez aprobada la legislación secundaria derivada de la reforma político-electoral, al parecer precondición indispensable para abrir nuevas negociaciones entre gobierno y oposición, el proceso legislativo se encarrila al análisis y dictamen de las leyes en materia de energía.

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Escrito en OPINIÓN el

Desde el 30 de abril espera en comisiones del Senado el paquete de iniciativas enviadas por El Ejecutivo, el cual se enfoca a rediseñar nuestro sistema energético desde cinco ángulos: 1) establecer un modelo abierto a la competencia, a partir de contratos, asignaciones y permisos, en toda la cadena de producción de los hidrocarburos y de la industria eléctrica; 2) redefinición del mandato y atribuciones de las instituciones y los órganos responsables de definir la política y regular el sector energético; 3) transformación de Pemex y CFE en empresas públicas productivas; 4) establecimiento de un fondo soberano para maximizar las utilidades de la renta petrolera y adecuación del marco financiero y fiscal del sector (aunque esto iniciará  discusión en la Cámara de Diputados); y 5) creación de una agencia especializada en garantizar prácticas de seguridad industrial y protección al medio ambiente durante la explotación de hidrocarburos.

Adicionalmente las exposiciones de motivos de las diferentes iniciativas refieren a la necesidad de impulsar la sustentabilidad y desarrollar la energía limpia (evitando el uso puntual de la palabra “renovables”). Sin embargo, tanto la protección al medio ambiente, en especial ante la explotación de gas no convencional, y la promoción de energía con fuentes renovables, tienen un tratamiento superficial en la legislación secundaria y se derivan como objetivos para los programas sectoriales, sujetos por lo tanto a mayor discrecionalidad de la SENER.

Los principales actores involucrados han dejado entrever a través de sus declaraciones, las  estrategias que seguirán en las nuevas negociaciones. El gobierno y su partido mantienen la misma línea discursiva y se han enfocado a reafirmar la importancia de la reforma energética para la competitividad de la economía nacional y la urgencia de aprobar el paquete de iniciativas este mismo verano. De igual forma, través del contenido de sus proyectos de ley, han perfilado su preferencia por una mayor capacidad de la SENER para definir la política energética e influir en la regulación, acotando con ello el alcance de la apertura a la competencia y la fuerza de los órganos reguladores. Algo con lo que el PAN difícilmente tenderá a coincidir.

Para el PAN es claro que hay tres prioridades: constituir un bloque opositor sólido luego de la reelección de Gustavo Madero como dirigente nacional, evitar que las propuestas del presidente Peña Nieto diluyan los objetivos pactados durante el proceso de reforma constitucional y, finalmente, convertir las reformas en un triunfo político para PAN definiendo su contenido y alcance.

Para el PRD la estrategia es todavía más clara: continuar impulsando la consulta popular e instrumentar tácticas para retrasar o impedir el proceso de dictamen en el Congreso. Al repertorio ya habitual de marchas, plantones, evocaciones cardenistas y acusaciones de traición a la patria, se ha sumado esta semana el vincular al Secretario de Energía con un supuesto conflicto de intereses. Sin olvidar el súbito ataque de frivolidad del coordinador de los senadores perredistas, quien invita a postergar el debate ante el inminente inicio del  Mundial.

En el caso de los diputados, la Junta de Coordinación Política emitió esta semana un acuerdo “por el que se propone el procedimiento para el análisis y discusión en comisiones, de las iniciativas con proyecto de decreto por las que se expiden, reforman, adicionan y derogan diversos ordenamientos en materia energética, presentadas por el Ejecutivo federal y remitidas a la Cámara de Diputados”. Con lo cual los diputados definieron las bases para las comisiones que deberán dictaminar los tres proyectos de ley que, por contener materias relacionadas con ingresos, iniciarán su trámite en la Cámara de Diputados a pesar de haber sido presentadas en el Senado.

El sector privado, en voz del Consejo Coordinador Empresarial, ante algunas ambigüedades o restricciones del modelo de contratos propuesto por el Ejecutivo, ha resaltado la necesidad de abrir foros de discusión y escuchar la experiencia de especialistas para mejorar las iniciativas. Aunque también ha enfatizado la urgencia de aprobar el paquete en el mes de junio, lo cual suena francamente contradictorio si el objetivo realmente es escuchar otras voces y analizar modalidades seriamente para legislar mejor.  

Las organizaciones sociales relacionadas con temas ambientales y diversos especialistas también se han manifestado por analizar a mayor profundidad el contenido de la propuesta del Ejecutivo y por dictaminar con cuidado, en especial, lo que se refiere a la promoción de las energías renovables, la protección ambiental ante los riesgos derivados de la fractura hidráulica y la definición de las capacidades de los órganos reguladores. En este caso, se considera que la prisa, por el contrario, puede traducirse en la aprobación de malas leyes secundarias.  

Como se ha visto esta semana, el gobierno pisa el acelerador y tiene urgencia por materializar la reforma secundaria. Los demás actores parecen propensos a abrir foros de discusión, aunque persiguiendo objetivos de naturaleza distinta. Habrá que ver si este verano se impone la prisa, cuajan los intentos por paralizar el proceso o si al final prevalece una deliberación legislativa abierta y razonada. 

 

@ja_leclercq