Cuando me preguntan cómo explicar de manera sencilla los alcances nocivos de la reforma energética, no necesito batallar mucho para definir este atraco con dos palabras: más corrupción. He sostenido una y otra vez que la auténtica y genuina reforma energética moderna, nacionalista y de vanguardia es el combate a la corrupción. No a la "reforma energética" privatizadora y entreguista que promueven Enrique Peña Nieto y sus aliados.
Si se combate la corrupción en PEMEX, CFE y en general en todo el sector energético podrían sumarse más recursos para financiar el desarrollo nacional, actualmente con todo y el saqueo que vive Petróleos Mexicanos ésta empresa aporta entre 35 y 40% del presupuesto público federal. Con auténticos candados anticorrupción y servidores públicos honestos el país podría aprovechar este potencial energético y superar rezagos ancestrales.
Sin embargo, por sus complicidades e intereses personales y de grupo el gobierno federal, el PRI, el PAN y sus aliados optaron por la privatización con corrupción.
La corrupción profundamente arraigada en el sector energético hasta ahora se ha dado fundamentalmente en los contratos de servicios y en las operaciones comerciales. El contratismo, el tráfico de influencias, los "moches", las licitaciones amañadas, el contubernio entre funcionarios y contratistas, son parte de los desvíos y malversaciones cotidianas.
No hay prácticamente ningún ex Director de PEMEX que no le venda servicios o sea contratista de la empresa, o que sea representante o directivo de empresas trasnacionales. Lo mismo pasa en la Secretaría de Energía, donde su ex titular Georgina Kessel es Consejera de Iberdrola, empresa favorecida con la privatización eléctrica. Esta coexistencia de lo público y lo privado es el terreno fértil para el conflicto de intereses y que prevalezca el favoritismo y la corrupción.
Los tramos de posible corrupción se van a multiplicar exponencialmente con la reforma energética prianista en las licitaciones de contratos de utilidad y producción compartida, en las licencias que se otorguen a trasnacionales, al fijar los porcentajes y regalías que le corresponderá pagar a los privados, al fiscalizar cada barril de petróleo extraído y en general en toda la producción de hidrocarburos, entre otras actividades. La propia Secretaria de Hacienda y Crédito Público ha reconocido que no tiene la capacidad para fiscalizar y auditar a las empresas privadas que explotarán nuestros recursos energéticos, tal como aconteció en las reuniones que sostuvimos con funcionarios de esta dependencia integrantes de las Comisiones de Energía y Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.
El aumento de órganos públicos vinculados al sector energético no implica menor corrupción sino la posibilidad de mayores negocios ilícitos al amparo del poder, toda vez que habrá más ventanillas y funcionarios vinculados a estas actividades.
No ha habido voluntad en el actual gobierno de combatir a fondo la corrupción, para muestra están los casos de Oceanografía, Hewllet Packard, Evya, y otros más que van camino a la impunidad.
Por otra parte, como aconteció con Vicente Fox y Felipe Calderón el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene ya su empresa favorita OHL (Obrascón, Huarte, Lain, SA), para ser beneficiada con obras y contratos. Esta empresa hasta antes de la llegada de Emilio Lozoya como Director General no había ganado licitación alguna en PEMEX, hasta estos momentos ha ganado tres. Ahora bien, es conocido que no es de ahora que OHL sea la consentida de un Gobierno encabezado por Enrique Peña, ya que cuando ocupaba la gubernatura del Estado de México esta empresa obtuvo concesiones y millonarios contratos para la ejecución de carreteras de peaje, como el circuito exterior mexiquense, así como obras de infraestructura, tal es el caso de la ampliación del aeropuerto de la ciudad de Toluca.
El pasado catorce de Julio del año en curso en primera plana del Periódico Reforma se publicó la nota, “Privilegian a OHL”[1], en donde se relata los beneficios contractuales que esta empresa ha obtenido del gobierno federal con la licitación y adjudicación de obras como la autopista Atizapán – Atlacomulco, el primer tramo del Tren Toluca – Ciudad de México y el tramo del segundo piso de la autopista México – Puebla, así como en Petróleos Mexicanos las obras que señalamos con anterioridad todas ellas en su conjunto por el orden de 41, 594 millones de pesos, en apenas año y medio de gestión gubernamental; así como las relaciones de funcionarios y exfuncionarios que existen tanto en esta empresa española y el actual gobierno federal, tal es el caso del actual Director de Finanzas de PEMEX Mario Beauregard que hasta febrero del 2013 realizaba las mismas funciones en OHL México y el de Emilio Lozoya Austin que se desempeñaba como Consejero de esa empresa.
Esta situación hace evidente la existencia de un conflicto de intereses que la Secretaría de la Función Pública debió determinar en cada uno de los procesos licitatorios con el fin de evitar un posible tráfico de influencias, además de que se contravienen las disposiciones establecidas en los artículos 47 numeral XIII y XV y el articulo 88 párrafo primero de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Por esas razones presenté un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exhortar al Lic. Juan Alfonso Ugalde Olivas, Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas y actual encargado del Despacho de la Secretaría de la Función Pública, para que en el ámbito de sus respectivas competencias se realicen las investigaciones en relación al posible tráfico de influencias y conflicto de intereses, generado por la asignación de obras a las empresas OHL, por un monto de cerca de 41, 594 millones de pesos, se deslinden responsabilidades y se hagan públicas el resultado de las mismas.
De igual manera, solicitamos se exhorté al Auditor Superior de la Federación Juan Manuel Portal Martínez realice las auditorias relativas a la asignación de obra pública federal a la empresa constructora OHL.