Opinión

Reforma eléctrica

La reforma presidencial pretende eliminar el criterio de economía y favorecer con ello a la CFE. | Marco Adame

  • 18/02/2021
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La crisis que enfrentamos es sumamente grave. Nuestra economía se contrajo 8.5% el año pasado, la pobreza laboral subió al 40.7% y desaparecieron más de un millón de negocios, entre otros problemas. Vivimos un momento delicado que requiere de más y mejores políticas económicas, sociales y ambientales para salir adelante. No obstante, la iniciativa de reforma eléctrica presidencial pareciera ir en sentido contrario y traerá consigo graves consecuencias.

En cuestión de economía, cualquier empresa o negocio busca reducir costos, modernizarse y aumentar las ganancias, pues de ello depende su éxito y supervivencia. Contrario a ello, la iniciativa presidencial lo que hará será aumentar los costos de la energía eléctrica, frenar la modernización y derrochar el presupuesto federal.

En Palacio Nacional argumentan “defender la soberanía energética”; pero es falso que ésta esté en riesgo. La Constitución establece que el Estado ejerce de forma exclusiva “la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica” (art 28). Pero permite la participación de empresas privadas en la generación y comercialización de energía; lo que ha ayudado a reducir costos.

El entramado legal actual fomenta que a través de la competencia se produzca energía más barata y con tecnología más eficiente obligando al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a seguir un criterio de “eficiencia económica” (Ley de la Industria Eléctrica art. 101).

Para ello las empresas presentan sus ofertas y el CENACE compra primero aquellas con menor costo y de forma sucesiva las siguientes mejores ofertas hasta cumplir con la demanda. El precio final se establece con base en la última oferta, por lo que las empresas reciben mayores utilidades en la medida en que son más eficientes en producir energías más baratas.

La reforma presidencial pretende eliminar el criterio de economía y favorecer con ello a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para ello promueve que el orden de compra sea primero a las hidroeléctricas (que en su mayoría son de la CFE); en segundo lugar, otras plantas de la CFE; en tercer lugar, la energía solar o eólica de particulares; y finalmente empresas privadas de ciclo combinado.

También busca eliminar la obligatoriedad de las subastas, mecanismo que desde su implementación ha llevado a la reducción de costos. Basta con mencionar que el costo promedio por megawatt-hora de las subastas llega a ser tres veces más barato que el de la CFE.  

Y pretende restringir el acceso de las empresas privadas a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución para “cuando sea técnicamente factible”; un término tan discrecional que fue invalidado por la Suprema Corte al vetar varias disposiciones de la “Política de Confiabilidad”.

En resumidas cuentas, la iniciativa traerá consigo energía más contaminante y cara; cuyo costo lo tendrán que pagar las familias mexicanas ya sea en sus recibos de la luz o a través de los impuestos. Y también podrían darse demandas internacionales por los daños que sufrirán las empresas que decidieron invertir en este sector en nuestro país.

Es por ello que la Comisión Federal de Competencia Económica emitió una opinión sosteniendo que, de aprobarse tal como está la iniciativa, afectará “de manera grave e irreparable la competencia en los mercados de generación y comercialización de energía eléctrica. Además, contribuye a un clima de incertidumbre jurídica que desalentaría inversiones futuras”.

En lugar de frenar los avances técnicos y la generación de energías limpias, estos deberían impulsarse. Asimismo, en lugar de comprar energía más cara y gastar el presupuesto en subsidios, se debería de invertir en la modernización de la CFE; pues tal como lo han evidenciado los apagones sus plantas no cumplen con su propia política de confiabilidad y tampoco son sustentables.

La industria eléctrica no puede conducirse como pretenden en Palacio Nacional, anteponiendo la ideología a la razón. Ante la crisis económica que enfrentamos no podemos darnos el lujo de consumir energías caras y contaminantes. De aprobarse la iniciativa se afectará la competitividad nacional, así como la economía familiar; se ahuyentarán las inversiones; y se contaminará aún más al país.

El sector energético tampoco puede ser utilizado para el beneficio de un régimen o un partido político; como sucedió con la injustificable y discrecional condonación de la deuda de 43 mil millones de pesos a los paisanos del presidente en Tabasco y concediéndoles de forma arbitraria la tarifa más baja.

La reforma presidencial será discutida en el pleno de la Cámara de Diputados el próximo 23 de febrero. Los legisladores de oposición haremos un frente común a fin de que se cumpla con el pleno respeto a la Constitución, a los tratados internacionales y a los derechos humanos.

Ello implica el derecho de los consumidores a pagar las tarifas más bajas posibles; el derecho a la libre competencia; la responsabilidad hacendaria y el derecho a un medio ambiente sano. En suma, mirar a la industria desde el interés del ciudadano y no desde el apetito del control político de la CFE.

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