En las últimas semanas, el presidente López Obrador se ha referido con mucha insistencia a la necesidad de contar con una nueva reforma en materia electoral de gran calado –a lo que naturalmente de inmediato se sumaron el dirigente de Morena y los coordinadores de sus grupos parlamentarios en el Senado y la Cámara de Diputados–, por lo que anunció que próximamente habrá de presentar la correspondiente iniciativa.
Hasta el momento no se conoce cual es el diagnóstico del que están partiendo y tampoco la visión que tienen de nuestro sistema electoral y los alcances de su pretendida reforma, pero si nos atenemos a las declaraciones que han hecho en distintos momentos y el tono de las mismas –generalmente coinciden con decisiones de la autoridad electoral que no les favorecen–, debemos preocuparnos pues denotan que en realidad el propósito es remover a las y los consejeros del INE –sobre todo a su presidente y al consejero Murayama probablemente porque no han permanecido pasivos frente a los ataques y descalificaciones constantes–, y de paso a quienes integran la Sala Superior del TEPJF aprovechando la crisis que están atravesando.
Llama la atención que algunos de los señalamientos contra el INE son responsabilidad de ellos mismos como el incumplimiento en la entrega de los informes de gastos de precampaña en Guerrero y Michoacán conforme lo establece la legislación electoral y que derivó en la cancelación del registro de sus candidatos, o la omisión legislativa en que ha incurrido el Congreso por más de un año al no expedir la ley reglamentaria de la revocación de mandato –la primera iniciativa apenas se presentó el pasado 9 de agosto– y ahora cuestionan al órgano electoral por emitir lineamientos para su organización.
Es evidente la animadversión del grupo en el poder hacia la autoridad electoral –siendo que en otros ámbitos se refrenda la confianza en el INE como en la petición de la OIT para que, en el marco del T-MEC, fungiera como observador en la votación de los trabajadores de General Motors sobre su contrato colectivo– y, en el extremo han llegado a plantear que la Secretaría de Gobernación podría organizar las elecciones, y también hacerse cargo del padrón electoral, lo que significaría un retroceso inadmisible.
Los otros temas a los que se ha referido el presidente son la eliminación de las diputaciones y senadurías plurinominales así como la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, que si bien se trata de propuestas muy populares, demandan una discusión profunda para identificar cuáles serían sus posibles efectos ya que en el primer caso se vería afectada sensiblemente la pluralidad y representación de las minorías, por lo que en todo caso habría que eliminar la sobre y subrepresentación para que los votos se traduzcan proporcionalmente en el mismo número de curules.
En lo que respecta al financiamiento público, se deben revisar con mucho cuidado y de manera integral las distintas propuestas (porcentajes para su distribución, financiamiento privado, topes de gastos), a fin de que no incida en las condiciones de equidad en la competencia electoral. De hecho, en la legislatura que está por concluir el partido mayoritario y sus aliados presentaron más de treinta iniciativas –muchas de ellas idénticas– sobre estas dos materias, pero nunca se generó un espacio de reflexión amplio e incluyente para su análisis y discusión.
Desde luego son varios los temas que ameritan una revisión minuciosa como los costos de nuestro complejo modelo de organización electoral –como ha sido determinado por el Congreso en las distintas reformas electorales y no por el INE– y la pertinencia de adoptar el voto electrónico, el combate al dinero ilícito que entra a las campañas proveniente de personas morales, delincuencia organizada o recursos públicos, lo que en buena medida corresponde a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales con la participación de las autoridades hacendarias por tratarse de delitos electorales, o incluso sobre las múltiples atribuciones que se le han ido asignando al Instituto. Pero no parece que la motivación sea el fortalecimiento de nuestro sistema electoral y de la representación política, todo apunta a que el objetivo de la reforma sigue siendo la captura del INE, y eso pasa por sustituir a las y los actuales consejeros para probablemente nombrar a quienes coincidan con su proyecto político y entiendan de lealtades.