Hay quien le apuesta a la desmemoria y a la amnesia colectiva para pretender descontextualizar la violencia que culminó en muertos y heridos en las protestas ocurridas en Nochixtlán, Oaxaca, de las decisiones legislativas (2012-2013) que generaron esas lamentables consecuencias.
Las reformas o contrarreformas no se plasman solas, son producto de acuerdos cupulares y centralistas. Las explosiones sociales no surgen por generación espontánea, son procesos que resultan de decisiones autoritarias que se tomaron en su momento. De San Lázaro a Nochixtlán hay una sola explicación: la imposición de la mal llamada reforma educativa en el Congreso federal por parte del PRI, PAN y PRD y la terquedad del gobierno federal en perseverar en esa imposición.
Vamos a repasar la historia.
En la avalancha propagandística y mediática del recién inaugurado Pacto por México que se firmó el 2 de diciembre de 2012 por parte del presidente Enrique Peña Nieto, Cristina Díaz por el PRI, Gustavo Madero por el PAN y Jesús Zambrano por el PRD, su primer producto fue la reforma educativa. Desde el inicio de ese acuerdo tripartidista uno de los operadores del presidente Peña Nieto, fue Aurelio Nuño, quien se constituyó en una suerte de interventor del Ejecutivo en el Congreso para vigilar que los acuerdos de esa tríada se procesaran legislativamente.
En ese contexto la iniciativa presidencial de reforma constitucional llegó a la Cámara de Diputados el 10 de diciembre de 2012, dos días después ya se había aprobado el dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, no obstante nuestra oposición. Un día después se votó en el pleno, 39 legisladores federales nos opusimos, a nadie se le consultó ni a los maestros, ni a padres de familia, ni a académicos o pedagogos.
En tribuna argumentamos: "Con este esquema de legislar sin oxigenar los temas en la opinio´n pu´blica se busca sorprender a la ciudadani´a con leyes contrarias al intere´s pu´blico, que la poblacio´n no tenga oportunidad de valorar los pros y los contras de los temas legislativos, sino que a fuerza de propaganda y autoritarismo, con una prisa digna de mejores causas, le impongan decisiones preconcebidas".
Toda la maquinaria del Estado y sus corifeos se echó a andar para justificar la imposición de la reforma, señalando a los maestros como los causantes de la crisis educativa nacional, como los villanos favoritos.
En el caso de las leyes secundarias se conformó una comisión de diputados federales y senadores para dialogar con los dirigentes de los maestros inconformes que protestaban, y no se llegó a nada porque nunca hubo disposición de los partidos del Pacto por México de flexibilizar su posición.
A estas reuniones acudieron representantes y dirigentes de las secciones 22, 18, 14, 9 y 10, pero no se llegó a acuerdos por la cerrazón del gobierno y el PRIANRD. Incluso se tenía programada una reunión en un hotel de la Ciudad de México de esta comisión bicameral de senadores y diputados federales con dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para revisar la legislación secundaria en materia educativa y, sin embargo, traicionando ese compromiso el mismo día de instalación del periodo ordinario de sesiones (1 de septiembre de 2013) se aprobó la Ley General del Servicio Profesional Docente (la que más inconformidad genera), dejando plantados a los maestros.
Las reformas a la Ley General de Educación y la Ley del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación se aprobaron antes en un periodo extraordinario en el Centro Banamex, amurallado con fuerzas policíacas, porque San Lázaro estaba cercado por maestros inconformes.
La posición en contra que hemos mantenido a esta reforma no es repentina ni de coyuntura, ni responde sólo a los hechos trágicos de Nochixtlán, desde que se firmó el Pacto por México, que fue un contubernio de simulaciones y de acuerdos entre las cúpulas del PRI, PAN y PRD, manifestamos nuestro rechazo a este esquema y en esa postura hemos perseverado.
La reforma educativa la conforman: la reforma constitucional al artículo 3 y 73, reformas a la Ley General de Educación y dos nuevas leyes la General del Servicio Profesional Docente y la del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Esta reforma ha ocupado tres años y medio del actual gobierno en estar tratando de imponerla a rajatabla, en estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas ha habido una franca oposición a esta reforma que se impuso de manera centralista, sin reconocer las diferencias sociales y regionales que existen en cada entidad federativa.
Como legislador federal de la LXII Legislatura desde el primer momento me opuse a esta reforma, junto con mis compañeros diputados de Movimiento Ciudadano, como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales me opuse al dictamen y denuncie las continuas violaciones al procedimiento parlamentario, emití un voto particular en contra del dictamen; luego presente una moción suspensiva antes de entrar a discusión sobre el dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados y toda la etapa legislativa me mantuve en contra, por eso llama la atención que hay partidos, como el PRD, que se desgarran las vestiduras por los hechos de Nochixtlán cuando firmaron el Pacto por México y aprobaron toda la reforma educativa.
Lo que lo define a uno como político y legislador es su voto en el Congreso. No es válido votar a favor una reforma en las Cámaras, y dolerte de sus consecuencias, como si no fueras parte de esa decisión, como ahora pretende hacerlo el PRD.
Lo que ocurrió en Oaxaca es muy grave, porque la escalada de polarización y encono provocada por el gobierno con la reforma educativa ya cobró vidas. La imposición de la mal llamada reforma educativa, que en realidad es una reforma laboral, y la arrogancia de Nuño, tolerado por Enrique Peña Nieto, ya provocó estallidos sociales y muertes. Violaciones a derechos humanos que se suman a expedientes abiertos en este sexenio, como el caso Ayotzinapa.
Es momento de que el gobierno deje la tozudez y la obstinación, que se abran mesas de diálogo y que se derogue esa reforma educativa cupular, para construir una reforma genuina que trasforme la realidad educativa nacional. Tiene que hacerse una revisión completa y reiniciar el proceso. De otra manera, la inconformidad seguirá en aumento con sus fatales consecuencias. Lo que mal empieza, mal acaba.