Opinión

Reforma educativa ¿Fake?

¿De qué va a servir tener un mejorado artículo constitucional si no hay recursos para operar esta nueva política de equidad e inclusión? | Manuel Fuentes

  • 06/09/2019
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El pasado 15 de mayo se reformó el artículo 3º de la Constitución y en el centro de ese importante cambio se estableció la obligación para las autoridades educativas de elaborar tres estrategias que deberán propiciar transformaciones claves en la cultura, las políticas y las prácticas educativas con miras a garantizar el acceso, permanencia y mejoramiento de la educación en nuestro país.

Además, como parte relevante de ese cambio se establecieron dos compromisos esenciales: la gratuidad y obligatoriedad para la Educación Superior, para lograrlo el decreto mandata la creación de fondos especiales para concretar esos objetivos de orden constitucional que harán avanzar este derecho fundamental para el ejercicio de otros.

La primera de las estrategias a cargo de la Secretaría de Educación Pública, es la relacionada con la educación inclusiva, que deberá atender la historia, contexto y necesidades educativas específicas de las personas a fin de disminuir las desigualdades derivadas de cualquier tipo de discapacidad, circunstancias específicas de carácter socioeconómico, de identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria, o bien relacionadas con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales, evitando toda forma de discriminación y exclusión.

La segunda de las estrategias pretende el mejoramiento y rescate de las Normales para dar marcha atrás a las políticas implementadas en las tres últimas décadas que debilitaron las instituciones públicas de formación docente y que fundamentaron las campañas de injustos y violentos ataques al magisterio.

La tercera estrategia tiene que ver con la educación inicial y los servicios educativos dirigidos a los primeros seis años de vida de las personas, período crucial en la capacidad de aprender, desarrollar habilidades y cuidados de la salud, de las niñas y los niños, para enfrentar adversidades, así como relacionarse de manera positiva y solidaria con su entorno.

Por lo anterior, las autoridades educativas deberán, además de destinar recursos para las nuevas obligaciones legales, asignar más dinero para reforzar a las instituciones educativas que ya existen, pues muchas universidades deben salir de la crisis financiera que viven y hacer reformas estructurales a sus sistemas de pensiones con el objetivo de disminuir los pasivos que enfrentan.

Justo por lo anterior, hay extrema preocupación en el sector educativo, pues a pesar de que se tienen los cálculos que determinan el costo de estas estrategias y los fondos antes aludidos, hay señales negativas derivadas de los raquíticos presupuestos que se pretenden destinar en el 2020 para su implementación y para ayudar a las universidades en crisis -cuyos presupuestos disminuyen año tras año-.

En las últimas semanas se presentaron los “pre-techospresupuestales y resalta su desconcertante disminución. Ante ello nos preguntamos:

¿De qué va a servir tener un mejorado artículo constitucional si no hay recursos para operar esta nueva política de equidad e inclusión cuyo objetivo es que las Escuelas Normales retomen el papel histórico y protagónico en la reconstrucción del tejido social del país?

El progreso de los derechos requiere de dos presupuestos inseparables: (1) Un progresivo desarrollo legal, participativo y democrático; y (2) Una práctica institucional acorde con el proyecto, que lo aterrice y concrete.

Esta administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador:

¿Logrará revertir la inercial reducción presupuestal en materia educativa de los últimos años?

¿La puesta en práctica, sin recursos financieros adecuados, afectará la capacidad operativa de las dependencias en detrimento de los derechos de las personas?

Los presupuestos gubernamentales reflejan las verdaderas prioridades y capacidades para dar un nuevo rumbo al país. Si en un ámbito fundamental como el educativo, el mandato constitucional NO es suficiente para propiciar el cambio, ¿qué nos espera? Tendríamos entonces una reforma educativa de papel, de “úsese y tírese” después de cada discurso. Debe haber congruencia.