México está de luto y avergonzado frente a los acontecimientos en Noxchitlán, Oaxaca. Las protestas fueron saldadas con seis muertos y unos cien heridos entre habitantes de ese lugar, maestros, policías estales y federales. La vergüenza en su máximo esplendor. ¿Y Enrique Peña Nieto, presidente de México, qué hace para contener la violencia? Pues poco o nada.
El país ahora sí se le está yendo al despeñadero al jefe del Ejecutivo que insiste en rechazar una salida negociada o un diálogo nacional, abierto donde todos los actores expongan sus puntos de vista.
Por menos de eso, en cualquier país medianamente democrático de Latinoamérica, ya hubieran sido destituidos el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo; el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong y el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño. En México, sin embargo, “no pasa nada” pues tenemos un Congreso que no sirve de nada.
La reforma educativa a sangre y fuego no pasará. No en las actuales condiciones. La resistencia crecerá, según el panorama que se viene presentando. No será aceptada por el magisterio y menos por la sociedad que ya se hartó del caos que se vive en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán donde se ha radicalizado la protesta.
Las opiniones están divididas entre una sociedad cansada de bloqueos, maltrecha, harta de que los negocios estén quebrando y que haya intranquilidad y apuestan por la represión y el arrinconamiento policial y otros que respaldan al magisterio bajo el argumento de que tienen derechos y deben ser respaldados por la sociedad.
Quienes hoy se mantienen en las calles lo hacen con la certeza de que esta contrarreforma constituye la continuidad del fracaso del modelo neoliberal y su embestida contra la escuela pública y los derechos de los trabajadores. Por ello exigen un mayor compromiso del gobierno federal, los gobiernos locales y legisladores de ambas cámaras para atender y respaldar las principales demandas y consensos de los 10 Foros acordados con la Secretaría de Gobernación.
La falta de consenso de la reforma educativa ha llevado a los maestros de la CNTE a exigir una verdadera y amplia consulta de cara a la nación. Sólo de esa forma se podrá desactivar el descontento magisterial que golpea la credibilidad gubernamental, si es que la tenía.
Nuño, a nombre del gobierno, ha rechazado el pedido magisterial de cesar la aplicación de la reforma. El tema ya se le salió de las manos y ante la falta de diálogo ha optado por la ley del garrote.
Enrique Galindo, comisionado general de la Policía Federal (PF), se quejó de que sus subalternos vivieron el último domingo una especie de “emboscada” en Nochixtlán, Oaxaca, y atribuyó los hechos a grupos radicales. Explicó que se vivieron dos escenarios completamente diferentes: primero se recuperó la carretera sin ningún incidente, pero luego las personas se reagruparon y arremetieron contra los uniformados.
“Empezamos a ver que traen bombas molotov, cohetones de muy alto poder, tengo muchos policías quemados de los pies y de las manos, que perdieron los dedos. (Los radicales) se reagrupan de manera estratégica y empezamos a oír detonaciones de arma de fuego, que indiscriminadamente disparan contra la sociedad civil y que disparan contra los policías”, dijo Galindo.
De esa forma, el funcionario federal comentó que hasta ese momento se percataron que ya no se trataba de un escenario ordinario de desalojo, “que ya no tenía las características de un momento donde ciudadanos quieren ejercer su derecho de protesta. Es otra cosa”.
Fotografías de medios internacionales, sin embargo, muestran que los policías sí accionaron sus armas contra los manifestantes. Algunos de los heridos muestran los agujeros que les dejaron las balas en sus extremidades, pero el comisionado general de la PF zafó el problema y dijo que detrás de los hechos están grupos radicales, que no son del movimiento magisterial. Tendrá, entonces, que iniciar un trabajo de inteligencia para determinar quienes son los autores intelectuales de los hechos porque, de ser cierto, estaríamos frente a una nueva guerrilla urbana que busca echarse abajo al desnortado Enrique Peña Nieto.
En este escenario, la Asociación de Columnistas Chiapanecos, AC., lamentó el clima de violencia que se viene viviendo en el estado de Oaxaca donde fue asesinado el domingo -19 de junio del 2016- el reportero mexicano Elidio Ramos Zárate, del periódico El Sur. Sujetos desconocidos le quitaron la vida cuando cubría las protestas de maestros contra la reforma educativa.
La Libertad de Expresión es un derecho humano universal y está consagrada en la Constitución Política de México y a pesar de este reconocimiento hay un soterrado intento por acallar a periodistas y medios de comunicación.
Ramos fue asesinado en el crucero vial de acceso al municipio de Juchitán de Zaragoza, en la región del Istmo de Tehuantepec. Este hecho que enluta a la prensa nacional e internacional es realmente lamentable. Una democracia sin Libertad de Expresión y sin Libertad de Prensa deja de ser democracia.
México ocupa actualmente el séptimo lugar a nivel mundial, y el primero en Latinoamérica, de 13 países donde periodistas son asesinados y los homicidas o autores intelectuales no han sido capturados o procesados legalmente, según datos de Índice Global de Impunidad.
La Asociación de Columnistas Chiapanecos, AC., hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que atiendan no solamente la muerte de Elidio Ramos Zárate sino la escalada de asesinatos de periodistas. Desde el año 2000 han sido asesinados en México 92 reporteros y 23 están desaparecidos.
Amnistía Internacional reconoce, por su parte, que las autoridades tienen la obligación de controlar el orden público y tomar medidas para prevenir, investigar y sancionar los responsables por actos de violencia, pero estas medidas tienen que ser proporcionadas y apegadas a las normas internacionales de derechos humanos. Al mismo tiempo deben asegurar el ejercicio de los derechos a libertad de expresión y asociación.