La Cámara de Diputados comenzó esta semana un Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral, con diversas sesiones temáticas para abordar los diversos aspectos que debe incluir una reforma integral en esta materia.
Durante dos semanas, distintas personas especialistas en las diferentes materias en las que se planearon las sesiones, darán su punto de vista respecto a la forma, los procesos y las decisiones críticas que deben tomarse para una reforma de esta envergadura.
Por primera vez, una reforma electoral es convocada por el partido mayoritario y desde el gobierno, lo que posibilita que distintos puntos vista sean escuchados y no solamente el o los partidos derrotados en un ánimo revanchista.
Sin duda, hay que hacer una pausa para repensar nuestros modelos de Estado y electoral. Hay que analizar críticamente las cosas que han funcionado y las que necesitan un cambio. El Instituto Nacional Electoral no es el único tema a evaluar, lo es también el financiamiento público de los partidos políticos, los procedimientos para obtener una candidatura independiente, las listas para postular candidaturas a ambas Cámaras, la fiscalización de los ingresos y gastos de partidos y candidaturas, el modelo de comunicación política, las campañas electorales, entre otros muchos temas.
El hartazgo de la ciudadanía por la corrupción y la impunidad fue el detonante de un indiscutible triunfo en las urnas del Presidente López Obrador, de su partido en las Cámaras y en varias legislaturas y gubernaturas, y que los llevó a ganar la mayoría de las elecciones hace unos días. El mandato de la ciudadanía parte de un reclamo compartido por todos, el rechazo absoluto a que los recursos públicos sirvan a unos cuantos en detrimento de las condiciones de vida y seguridad de nuestro país.
La otra de las premisas se basa en las demandas recurrentes de que los recursos del erario no se utilizan para ayudar a quienes menos tienen y, además, en el alto costo de los partidos y las elecciones en nuestro país.
Después de más de dos décadas de una autoridad electoral que ha dado resultados positivos y a la que se le ha cargado cada ocasión con nuevas y mayores encomiendas, es momento de hacer una pausa reflexiva y ordenada para plantear de forma seria las áreas de oportunidad que representa esta reforma para fortalecer nuestra democracia a través de nuestras autoridades electorales.
Análisis hay muchos que hacer, desde el gobierno, los partidos, los académicos, los especialistas electorales y desde las autoridades electorales nacionales y las de las entidades federativas. Son estas últimas las que desde su vivencia y operación diaria del sistema nutrirán la discusión sobre las reformas que deban realizarse.
Reducir costos, procesos, tiempos y duplicidades debe ser una de las líneas de trabajo, pero también debe serlo proteger la institucionalidad electoral con la que México ha conseguido transiciones sin derramamiento de sangre y se ha consolidado como un ejemplo a nivel global.
Cambios deben hacerse, pero no desaprovechemos esta oportunidad única para hacer estas modificaciones con el único objetivo de colocar a nuestro país en la ruta adecuada, al menos por las siguientes dos décadas.