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Reforma constitucional de derechos humanos

Hacer que los derechos humanos sean la guía de desempeño de servidores públicos e instituciones sigue siendo un enorme pendiente. | Edgar Cortez

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Escrito en OPINIÓN el

El 10 de junio pasado se cumplieron 9 años de la publicación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos (DH). ¿Qué tanto esa reforma ha mejorado la práctica de los derechos humanos de las personas y las comunidades?

Esta reforma fue el resultado de una larga lucha del movimiento de derechos humanos. Durante la década de los noventas las organizaciones civiles documentaron numerosas violaciones como fueron las torturas y ejecuciones durante el levantamiento zapatista (1994), la masacre de Aguas Blancas en Guerrero (1995), la masacre de Acteal en 1997, las expulsiones de observadores internacionales de derechos, entre otros muchos casos.

En el año dos mil, luego de ser electo Vicente Fox, formó un grupo de políticos y académicos para que plantearan un proceso de reforma del Estado. Ese grupo hizo una propuesta de gran calado pero nunca se implementó. Uno de los cambios considerados era una reforma a la constitución para incorporar los derechos humanos en la misma.

En 2003 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México elaboró un diagnóstico sobre la situación en México y su primera recomendación fue “reformar la constitución para incorporar el concepto de derechos humanos como eje fundamental de la misma…” (https://bit.ly/3d8swJd)

Tuvieron que pasar ocho años para que finalmente se concretara la reforma, modificando 11 artículos de la constitución. Destacan los cambios al artículo primero que a partir de entonces reconoce que se deben garantizar a todas las personas los DH que están en la constitución y en los tratados internacionales, sus principios (universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad) y que todas las autoridades están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar dichos derechos (https://bit.ly/37E2mwU), entre otros elementos.

La aplicación de esta reforma generó expectativas de que podíamos estar a las puertas de un nuevo paradigma, es decir que nuestras leyes y, sobre todo, las prácticas de las instituciones públicas se fueran realmente adecuando al respeto y garantía de los derechos humanos. 

Por ejemplo la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició la llamada décima época, pues a partir de entonces ha venido desarrollando la nueva jurisprudencia acorde con los derechos humanos. 

Lamentablemente la gran mayoría de las instituciones no han adoptado los derechos humanos como regla de actuación, lo vemos con los recientes ejemplos de brutalidad de las policías, las enormes deficiencias del sistema de salud o la imposición de mega proyectos en los territorios de los pueblos indígenas.

La reforma del 2011 fue un gran logro, pero hacer que los derechos humanos sean la guía de desempeño de servidores públicos e instituciones sigue siendo un enorme pendiente.