Todo indica que Joe Biden asumirá la presidencia de Estados Unidos en enero del 2021, a pesar de las acciones legales y políticas que el actual primer mandatario ha tomado para tratar de impedirlo. Existe una expectativa enorme de que el demócrata comenzará de inmediato a rehacer las políticas que el presidente Trump desmanteló durante su gobierno (como las relativas a la protección del medio ambiente) y anulará las políticas más repudiadas que puso en vigor (como su agresiva política migratoria).
No obstante, no será fácil eliminar las políticas actualmente en vigor. Si bien el presidente Trump implementó la mayoría de sus políticas mediante acciones ejecutivas que parecerían fáciles de eliminar por no requerir la intervención del Congreso, no necesariamente es así. Aún cuando una política haya sido puesta en vigor por una orden ejecutiva, no basta otra orden ejecutiva en sentido contrario para eliminarla; se requiere un procedimiento contemplado en la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act).
Por otro lado, para emitir nuevamente reglamentaciones eliminadas por la administración Trump, como las que imponían obligaciones en materia de protección del medio ambiente, debe seguirse igualmente un procedimiento. En caso de volverse a emitir esas regulaciones, estarán sujetas, además, a revisión de las cortes, que pueden suspender su entrada en vigor o declararlas inconstitucionales.
En cuanto a la facultad con que cuenta el Poder Judicial para revisar las acciones del Ejecutivo, cobra enorme importancia el perfil de los jueces federales que han sido nombrados durante los cuatro años de la administración Trump. Si bien la labor de los jueces, en teoría, debe estar alejada de consideraciones políticas, el hecho de que el gobierno trumpista propuso candidatos cuidadosamente escogidos para ocupar puestos en la judicatura (incluyendo tres jueces de la Suprema Corte) ha sido objeto de un profundo análisis. La característica principal de los candidatos, ahora jueces federales, que se presentaron es su comprobada ideología conservadora. Por lo tanto, es esperable que aquellos casos de los que les toque conocer sean resueltos con un inevitable sesgo conservador. Las políticas del próximo presidente pueden encontrar serios obstáculos en las cortes federales.
La administración saliente, en concordancia con la ideología republicana que predica la necesidad de un gobierno lo menos intrusivo posible, durante los cuatro años pasados erosionó las agencias federales atacándolas desde dentro. El presidente Trump nombró al frente de muchas agencias federales a personas que expresamente estaban en desacuerdo con la misión de tales agencias. Desde el Departamento de Estado, que diseña la política exterior, hasta la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) que protege los derechos de los trabajadores o la Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA), que emite regulación para proteger el medio ambiente, sus titulares despidieron u orillaron a renunciar a servidores públicos de carrera, eliminaron regulaciones emitidas para cumplir con sus objetivos, disminuyeron su presupuesto, entre otras cosas. Esas acciones redujeron a varias agencias a los huesos y será difícil que recuperen su relevancia y sus capacidades técnicas y humanas a corto plazo.
La tarea de dar un giro al país sería más sencilla si el partido del próximo presidente contara con mayoría en ambas cámara del Congreso, de forma que pudiera proponer legislación para eliminar ciertas políticas, brindar estabilidad a políticas liberales y comenzar a revertir el daño causado por el presidente Trump. No obstante, el panorama parece indicar que los demócratas mantendrán su mayoría en la Cámara de Representantes (aunque perderán algunos escaños respecto de la anterior legislatura) pero fallarán en su intento por alcanzar la mayoría en la Cámara de Senadores.
La teoría política ha estudiado el fenómeno de los gobiernos divididos a profundidad: la falta de mayoría en el Congreso obligará al presidente a buscar acuerdos con legisladores republicanos para poder aprobar legislación. No obstante, el ambiente político extremadamente polarizado en Estados Unidos indica que la cooperación con la oposición será muy complicada de conseguir.
Para ilustrar los efectos de lo que plantea este artículo, tomemos como ejemplo dos programas del gobierno trumpista en materia migratoria:
El programa llamado Remain in Mexico permitió que migrantes centroamericanos que solicitan refugio en Estados Unidos fueran regresados a territorio mexicano donde esperan en condiciones deplorables a que se procesen sus solicitudes. Este programa no está basado en una ley aprobada por el Congreso estadounidense sino en una orden ejecutiva del Jefe del Ejecutivo. Si el presidente Biden quisiera eliminar esa política, tendría que revocar la orden ejecutiva de su antecesor mediante una nueva orden ejecutiva (o en un escenario ideal, presentar al Congreso una propuesta legislativa para prohibir esta práctica). Como explicamos, eliminar una orden ejecutiva requiere que se siga el procedimiento establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo que implica analizar el impacto de eliminar esa política y justificarla. No será un proceso inmediato.
El programa DACA, que brindó a muchos migrantes indocumentados mexicanos cierta protección contra la posibilidad de ser deportados y les permitió ejercer derechos que les estaban negados debido a su estatus migratorio fue puesto en vigor por el presidente Obama mediante una orden ejecutiva, ya que no contaba con la mayoría en el Congreso para aprobar una ley. El presidente Trump intentó terminar el programa mediante una orden ejecutiva que sustituyó a la de su antecesor. Varios afectados impugnaron ante las cortes la eliminación de DACA y el caso eventualmente llegó hasta la Suprema Corte. El máximo tribunal determinó que el programa DACA debía seguir vigente porque la administración actual no llevó a cabo el procedimiento requerido por ley para eliminarlo. Si el presidente Biden opta por conservar DACA y no cuenta con mayoría en el Congreso para aprobar una ley que le brinde certeza, el fundamento del programa será la orden ejecutiva del presidente Obama, que seguirá siendo vulnerable a ataques ante las cortes (varios estados han impugnado el programa DACA ante las cortes federales).
Por último, y de no de menor importancia, es el debate que ha surgido al interior del propio partido demócrata acerca del rumbo que debe tomar el próximo gobierno. Un ala del partido acusa a los congresistas más progresistas, como Bernie Sanders o Alexandra Ocasio Cortez, de ser demasiado radicales e impedir que los demócratas ganaran con mayor ventaja las elecciones; éstos se defienden afirmando que en sus distritos, los demócratas ganaron con facilidad y que el gobierno de Biden debe adoptar acciones decisivas en determinados temas como medio ambiente o acceso a la salud. Las acciones del gobierno de Biden pueden provocar una ruptura en el seno del partido demócrata.
En conclusión, la tarea del presidente Electo, Joe Biden, luce tan complicada como tratar de reforestar el desierto.
*Alfonso Vera Sánchez
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, Maestro en Cooperación Internacional para el Desarrollo por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Calos III de Madrid. Diplomado en Estudios de Integración Europea por el ITAM. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 2010.