Hace algunas semanas, una vez que los nuevos legisladores federales tomaron posesión de sus curules, se presentaron un grupo de iniciativas, entre las cuales se encuentra la de aprobar una reducción de hasta el 50% del salario de funcionarios de alto nivel. La iniciativa según las legisladoras federales de Morena traería un ahorro anual a la administración pública de cerca de 450 mil millones de pesos.
La propuesta no es nueva, sino que más bien ha sido reciclada en diversas legislaturas y también ha sido presentada previamente a nivel federal, y en estados como Tamaulipas, Sonora, Nuevo León, Michoacán y Zacatecas tanto por el PAN, como por el PRD.
La reducción del sueldo a funcionarios públicos es una propuesta que políticamente puede ser muy rentable, ya que la idea es fácilmente entendible, los recursos que se emplean para el pago de sueldos y salarios pueden ser ajustados de la cuenta pública, y existen cualquier cantidad de ejemplos de malversaciones y de otro tipo abusos con recursos públicos, que podrían justificar una medida de este tipo.
No obstante, reducir el sueldo de altos funcionarios a la mitad, en un cuarto o en la proporción que se determine, sin mayor reflexión o análisis de sus consecuencias, puede generar costos que superen los beneficios del ahorro presupuestal esperado.
En efecto, el servicio público no debe ser visto como una forma de enriquecimiento personal, sino más bien, una función vital del gobierno para la formulación de políticas, ejecución de decisiones y administración de los servicios públicos. Con esa idea en mente, se espera que cualquier servidor público se conduzca con integridad, imparcialidad, honestidad, eficiencia y eficacia en sus labores.
Sin embargo, para que un servidor público pueda realizar las tareas que tiene encomendadas, debe de contar con las condiciones y los medios para llevar a cabo sus labores. Ello presupone que esa persona cuente con la formación y capacitación necesaria para desempeñar el trabajo que le fue encomendado, que tenga vocación de servicio público, y que tenga atendidas sus necesidades básicas y las de su familia.
Por ello, una medida que redujera sin más el sueldo de altos funcionarios, tendría que verse necesariamente reflejada y replicada hacia el interior de la dependencia que encabezan o dirigen, para reducir proporcionalmente los sueldos de los demás funcionarios. Lo anterior porque la determinación de los sueldos en la Administración Pública tiene como tope o referencia, el monto del salario que perciban los funcionarios de mayor rango.
Probablemente los altos funcionarios, a quienes originalmente va dirigida la medida, tendrían que reducir sus gastos en diversión o en artículos suntuarios, pero el ajuste salarial en otras plazas del servicio público de menor rango podría implicar recortes en alimentación, salud o servicios básicos necesarios para la subsistencia del funcionario y de su familia.
En la teoría económica, un salario máximo o tope trae como consecuencia un exceso en la demanda de trabajo, una aparición de un salario de mercado negro y a largo plazo, una migración de servidores públicos hacia el sector privado. En otras palabras, si el salario no alcanza para cubrir las necesidades básicas del servidor público, se buscará ajustarlo extraoficialmente (salario de mercado negro) lo cual puede incluir prácticas de corrupción o buscar un empleo o fuente de ingresos adicionales que pueden distraer al servidor público de sus labores; asimismo aquellos servidores públicos capaces, preferirán ofrecer sus servicios en el sector privado por mejores sueldos.
El monto de la remuneración salarial no es una garantía de la calidad ni del profesionalismo del servicio público. Sin embargo, una remuneración adecuada y proporcional al servicio que se presta, sí es una condición necesaria para un servicio público de calidad, entre otras muchas cuestiones.
El problema fundamental en el ejercicio de recursos públicos está en la transparencia y la rendición de cuentas. Un legislador, un gobernador, un presidente municipal o un funcionario de alto rango pueden oficialmente percibir un sueldo muy reducido sin sacrificar sus gastos ni nivel de vida, porque cuentan con muchas otras formas de obtener ingresos del propio servicio público, que ordinariamente no son adecuadamente auditadas o fiscalizadas.
La idea de poner orden en las finanzas públicas no solamente es deseable, sino indispensable para el buen funcionamiento de la administración pública. Sin embargo, aplicar una medida de política pública de este tipo, sin previamente evaluar su impacto y condiciones en que se llevará a cabo, equivale a buscar que no se hunda un barco, sacando el agua a cubetadas, sin previamente atender o reparar la fuga por donde ingresa el agua.