La pandemia de covid-19 ha implicado el cierre y las restricciones de acceso a los espacios públicos y equipamientos urbanos en distintas comunidades. Esta medida que ha sido crucial para limitar la expansión de contagios por dicho virus, ha dejado ver también sus repercusiones en la vida cotidiana de las personas y obligado a la reflexión y revalorización del papel que tienen aquellos lugares en el fortalecimiento del tejido y la cohesión social. Puesto que una sociedad carente de estos atributos se refleja en entornos que reproducen dinámicas de exclusión, desigualdad, inseguridad y violencia; situación que se acentúa en momentos de crisis coyunturales como la que se atraviesa en la actualidad.
Ante dicho contexto, el espacio público, es decir, los lugares de libre acceso que permiten el encuentro, la comunicación y la relación entre individuos y grupos sociales, deben de ser pensados como una alternativa de protección y cuidado para la población, ya que son entornos de convivencia en los que se puede dar la recreación, el esparcimiento, la participación y la organización comunitaria.
Estas virtudes son sin duda potenciadoras de la cohesión social, ya que el espacio público, cuando es gestionado de manera adecuada por las instituciones públicas y por la comunidad, brinda la posibilidad de que los sectores sociales de la población que históricamente han sido excluidos de servicios básico de calidad accedan a un lugar digno de atención. Además, se da un significado positivo al territorio a partir de su uso y aprovechamiento por las personas, lo cual fortalece la identidad comunitaria del lugar, disminuye los estigmas territoriales y facilita el fortalecimiento del capital social, dicho de otro modo, de los lazos de cooperación entre los diversos actores sociales.
Asimismo, son ampliamente conocidos los beneficios que tiene la recuperación de espacios públicos en la prevención de las distintas formas de violencia y delincuencia, así como en la percepción de seguridad de las personas cuando transitan por lugares bien iluminados, ordenados y habitados. En el ámbito económico los efectos positivos también son diversos, debido a que se facilita la apertura de comercios, la generación de fuentes de empleo y se propicia la creación de proyectos de economía solidaria, así como el intercambio de productos locales.
Por supuesto, lo anterior requiere de una política pública que incida de manera adecuada en las formas de convivencia y coexistencia en los espacios públicos, los cuales deben ser gestionados por las instituciones estatales y por la ciudadanía, logrando así una coproducción del espacio al generar modelos de participación, apropiación y disfrute de los bienes y servicios públicos por las personas que habitan una localidad, al mismo tiempo que se impulsa una forma de operación gubernamental más descentralizada y con un mayor control ciudadano sobre los recursos públicos.
En ese sentido, la recuperación de espacios públicos significa la recuperación, reconstrucción y el fortalecimiento de la cohesión social, es decir, de los mecanismos de inclusión que permiten generar la percepción en la ciudadanía de pertenecer a un proyecto en común. Lo cual se ha convertido en una de las grandes necesidades nacionales debido a las enormes brechas de desigualdad que existen en la sociedad mexicana y que se han acentuado con la crisis pandémica.
Es importante reconocer que dicha perspectiva de espacio público está reflejada en ciertas acciones de la administración pública federal, como es el Programa de Mejoramiento Urbano, mediante el cual se hace un ambicioso esfuerzo para impulsar la apropiación de la ciudadanía de sus entornos cotidianos de convivencia. Sin embargo, aún falta implementar una política pública que articule a los tres niveles de gobierno y, sobre todo, que fortalezca el papel de las administraciones locales en las tareas de recuperación y gestión de espacios públicos y de ordenamiento territorial, con base en sus diferentes condiciones administrativas, económicas, ambientales y sociales.
Lo anterior es indispensable, ya que las instituciones municipales resultan de gran relevancia en los procesos de transformación de las relaciones sociales, puesto que ellas son las autoridades más cercanas a la ciudadanía, condición que facilita la atención integral de todas las personas, incluyendo las que habitan en las comunidades más excluidas. Conjuntamente, los vínculos institucionales y sociales en lo local abren la puerta a la participación e involucramiento de la ciudadanía en los espacios públicos y equipamientos colectivos, impulsando un auténtico ejercicio del derecho a la ciudad.
La contingencia sanitaria derivada del covid-19 ha mostrado el papel de los espacios públicos y equipamientos urbanos como parte fundamental de la cohesión social. Por tanto, los estragos causados por la pandemia deben servir de enseñanza para impulsar una forma de organización del territorio más justa y para repensar la manera en que este es tratado durante las crisis coyunturales, con la finalidad de que los cierres y las restricciones del mismo no signifiquen un abandono de la ciudadanía y la acentuación de la desigualdad social. Por el contrario, es necesario concebir a los espacios públicos como factores de protección y cuidado de la población ante los momentos de adversidad. En suma, las condiciones actuales exigen poner al espacio público como un elemento central de la acción gubernamental enfocada en la construcción de un régimen integral de bienestar.
* Alan Salvador Hernández Morales
Es maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, especialista en Opinión Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se ha desempeñado profesionalmente en instituciones académicas, en organizaciones de la sociedad civil y en la administración pública.