El 27 de noviembre de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 (PEF 2016) en el que se estableció un gasto neto total de 4 billones 763 mil 874 millones de pesos, lo que es equivalente al 33.15% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

 

Sin embargo, ante el entorno frágil y volátil de los mercados financieros internacionales, el 17 de febrero de 2016 el Gobierno Federal anunció un “ajuste preventivo al gasto público”[1], es decir un recorte al presupuesto por 132 mil 300 millones de pesos (mdp), señalando tres causas: i) la caída en los precios del petróleo y la depreciación en el tipo de cambio; ii) que las coberturas petroleras están contratadas para 2016 pero no para el ejercicio siguiente; y iii) que PEMEX debe enfrentar una caída en sus ingresos y redefinir su estrategia de negocios.

 

El anuncio anterior fue realizado conjuntamente con el Banco de México (BdeM) y, ese mismo día, se anunció que la Junta de Gobierno del BdeM incrementaría 50 puntos base el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria, dejándola en 3.75 por ciento.[2]

 

Una vez hechos los ajustes de política fiscal y monetaria, ambas instituciones (SHCP y BdeM) en su carácter de integrantes de la Comisión de Cambios, anunciaron la suspensión de los mecanismos de venta de dólares como parte de la política cambiaria del país, al haberse visto reducida su efectividad.[3]

 

A menos de dos meses de la implementación de las medidas, encontramos que en los Pre-Criterios Generales de Política Económica 2017, la SHCP anunció que sería requerido un nuevo recorte por 175 mil 100 mdp, contra el estimado de cierre para 2016.[4]

 

Pasaron apenas otros dos meses y la SHCP anunció un tercer recorte al gasto,[5] ahora por la cantidad de 31 mil 715 mdp. La justifación de la SHCP fue, en esta ocasión, que “ante el impacto que provoca en los mercados financieros internacionales la salida de Reino Unido de la Unión Europea”; sin embargo, en el mismo evento se reconoció que el comercio internacional con este país solamente representa el 0.7% del comercio con el resto del mundo.

 

No pasó una semana del tercer recorte de Hacienda, cuando el BdeM anunciaba un nuevo aumento para la Tasa de Interés Interbancaria, pasando de 3.75% a 4.25% debido a un crecimiento menor al esperado en las economías avanzadas y a un estancamiento de las economías emergentes.[6]

 

¿Qué significa lo anterior? ¿Qué señales están enviando las instituciones gubernamentales a los ciudadanos?

 

Sabemos que cuando la tasa de interés del BdeM suben, también se encarece el precio del dinero en el tiempo: aumentan las tasas de interés de las tarjetas de crédito, los hipotecarios y los automotrices; aumentan también los rendimientos de capital para aquellos que tienen inversiones bancarias.

 

Se trata de una política monetaria restrictiva cuya finalidad es contener la inflación, lo que va acorde con el objetivo prioritario de la institución, pues tanto el sexto párrafo del artículo 28 constitucional y el 2º de la Ley del Banco de México, señalan que su objetivo prioritario es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Es decir: el BdeM no tiene como finalidad el crecimiento económico del país, ni se prevé dentro de sus prioridades, ni tampoco tiene un diseño institucional y normativo propicio para ello.

 

¿Pero qué pasa del lado de la política fiscal? Las reducciones señaladas al gasto público no pueden considerarse aisladamente, sino en conjunto con las reformas fiscales que entraron en vigor en 2014[7] y tuvieron como finalidad incrementar la recaudación mediante el aumento de tasas y tarifas, así como la reducción de deducciones y la eliminación de regímenes especiales.[8]

 

Tal como si leyéramos un libro de texto, el incremento de la recaudación fiscal y la reducción del gasto público son elementos de una política fiscal restrictiva, cuya finalidad es la sostenibilidad de las finanzas públicas al reducir el déficit presupuestario o lograr un mayor superávit al esperado.

 

Cabría entonces preguntarnos sobre la efectividad de las medidas empleadas en materia de política fiscal, sobre todo cuando la Constitución mandata que el Estado deberá velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo.

 

En este caso, quien debería responder por la falta de crecimiento económico y el deterioro de las finanzas públicas, es el Ejecutivo Federal y en específico en la supersecretaría[9] de Hacienda que encabeza el Dr. Luis Videgaray.

 

Haciendo un análisis comparativo con la información disponible en los periodos enero-mayo de 2015 y 2016,[10] se advierte que existió un crecimiento real del 3.9% en los ingresos presupuestarios de 2014 a 2015 y que ese rubro incrementó a 14.1% de 2015 a 2016; ahora bien, mientras que de 2014 a 2015 el balance presupuestario[11] se incrementó deficitariamente en 88 mil millones de pesos, de 2015 a 2016 se registra un superávit presupuestario por 59 mil millones de pesos.

 

Sin embargo, la obtención de mayores ingresos públicos no se ha traducido en un gasto eficiente y que reporte beneficios a la ciudadanía. Al contrario: al analizar los ajustes preventivos al gasto público realizados en febrero y junio de acuerdo a su clasificación funcional,[12] nuevamente y como sucedió con la supuesta reestructura del Presupuesto Base Cero,[13] las funciones más afectadas han sido las de desarrollo social y económico.

 

Las funciones promotoras del desarrollo económico como las de protección ambiental, turismo, transporte, combustibles y comunicaciones se llevan el 63.5% de los recortes anunciados al gasto público, tal como lo detalla una investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.[14]

 

De igual manera, las notas informativas elaboradas por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas[15] reportan que en el gasto en desarrollo social fueron afectadas funciones ligadas a una alta demanda de la población como lo son las de salud (8 mil 562 MDP equivalentes a una reducción del 6.5% sobre lo aprobado en el presupuesto) y educación (10 mil 160 MDP, es decir, una reducción del 3.35% del PEF 2016).

 

A decir de la SHCP, los recortes por 61 mil millones de pesos[16] – equivalente a 1.28% del gasto neto total contenido en el PEF 2016– han tenido como objetivo la disminución del gasto corriente (76.5%) respecto del gasto en inversión (23.5%) pretendiendo justificar así la racionalidad de estas medidas.

 

Sin embargo, bajar el gasto público en funciones como desarrollo económico y social, impedirá un mayor ejercicio de recursos en inversión de infraestructura y bienes de capital y, por consiguiente, complicará la prestación de bienes y servicios públicos de calidad.

 

La eficiencia y eficacia en el ejercicio del gasto no puede limitarse a lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino que debe atender a satisfacer las necesidades de la población, a abatir sus carencias y disminuir las desigualdades existentes. Ya lo hemos afirmado, un gasto público bien orientado puede funcionar como una herramienta fundamental tanto para el crecimiento económico como para hacerle frente a las recesiones financieras.

 

A pesar de que existen evidencias que demuestran lo anterior, el gobierno de Enrique Peña y la gestión de Luis Videgaray se han encargado de anular, por medio de los recortes, la dinámica interna de la economía nacional y el bienestar social de los mexicanos.

 

Así lo demuestran los indicadores macroeconómicos de coyuntura del INEGI[17] para el mes de abril: el Indicador Global de la Actividad Económica registró una caída de -0.07% respecto de marzo –siendo la caída más importante de este índice desde la toma de posesión de Enrique Peña–, mientras que el Indicador Global de la Actividad Industrial también reportó una baja de -0.22% respecto de marzo; el Índice de Confianza Empresarial, también retrocedió ligeramente.

 

El crecimiento económico del país no tiene un futuro prometedor. Así lo revela la “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado” de junio de 2016[18] que hace pública el BdeM, toda vez que el estimado de crecimiento se redujo en ocho centésimas, pasando de un crecimiento del PIB de 2.44% estimado en mayo de este año a 2.36 por ciento.

 

El Ejecutivo Federal ya ha dado cumplimiento a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al remitir la estructura programática a utilizar en el PEF 2017, y pronto se cumplirá el plazo para el envío del Paquete Económico para el año entrante.

 

Ésta será la última oportunidad que tendrá la SHCP y la Presidencia para plantear un ejercicio racional del gasto público que sí genere crecimiento económico, satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, y una mejor distribución de la riqueza.

 

¿Aprovechará esta oportunidad el Gobierno o volverán a apostar a la misma fórmula que sólo ha generado recortes y estancamiento económico? Pronto lo sabremos.

 

@JVillalobosS

@OpinionLSR

 

[1] Comunicado de prensa 020-2016.

[2] El Gobernador del Banco de México señaló que la decisión llegó en un entorno de volatilidad económica por la crisis del petróleo (el valor del crudo disminuyó cerca de 80%) y la debilidad del peso (que perdió más del 30% de su valor frente a dólar).

[3] Anuncio conjunto de la SHCP y Banxico en materia de política fiscal, gasto público y política monetaria.

[4] PDF - Paquete Económico 2017

[5] Comunicado de prensa 084-2016.

[6] Anuncio de Política Monetaria

[7] Reforma Hacendaria y de Seguridad Social 2013

[8] No olvidemos la homologación de la tasa del impuesto al valor agregado en todo el territorio nacional; el establecimiento de un tarifa del 32% del impuesto sobre la renta para personas físicas con ingresos superiores a 500 ml pesos; la tasa de 10% para las ganancias y dividendos derivados de operaciones en la bolsa de valores; el límite global a las deducciones personales; la eliminación de la deducción inmediata en bienes de activo fijo (inversiones); la eliminación del régimen de consolidación fiscal, entre otros.

[9] Esperemos poder desarrollar a detalle en otra columna que el cúmulo de atribuciones que ostenta la SHCP –las cuales no están circunscritas al ámbito de finanzas públicas sino también en materia de política industrial, entre otras– le dotan de un peso sinigual dentro del gabinete presidencial.

[10] La información no corresponde a ejercicios fiscales completos por lo que las cifras expuestas no pueden considerarse definitivas; sin embargo, sí se refleja el significativo esfuerzo de alcanzar las metas de sostenibilidad presupuestaria por parte de la SHCP.

[11] Los ingresos presupuestarios obtenidos en el periodo de enero a mayo menos el gasto neto pagado en ese mismo periodo.

[12] Debido a su naturaleza, el gasto público puede clasificarse en cuatro dimensiones básicas: programática, económica, funcional o administrativa. Cfr. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, “Manual de Presupuesto de Egresos de la Federación”, Octubre 2006.

[13] Para analizar a profundidad el tema de la asignación presupuestal en el ejercicio 2016 conforme a su clasificación funcional, los remito a la columna del 11 de noviembre de 2015: Un presupuesto mal orientado.

[14] Ajustes preventivos al presupuesto 2016

[15] Nuevas Medidas para Fortalecer los Fundamentos Económicos / Segundo Recorte al Gasto Público de 2016

[16] La suma de los “ajustes preventivos” es de 164,077.7 MDP; sin embargo, 100 mil MDP fueron destinados al ajuste de PEMEX; 2,500 MDP a CFE y 500 MDP al ISSSTE, por lo que para el presupuesto que depende del Ejecutivo Federal corresponden 61,077 MDP

[17] INEGI - Indicadores macroeconómicos de coyuntura

[18] Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: Junio de 2016



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