La tijera del Secretario de Hacienda Carlos Urzúa Macías llegó con todo, pasó por universidades, ciencia, tecnología, medio ambiente, cultura, agricultura, programas de perspectiva y violencia de género y salud. Es un recorte inusitado porque se esperaba que en estas áreas y programas hubiera un aumento sustantivo, pero ocurrió todo lo contrario.
Cimbrar a universidades
A la UNAM, UAM, IPN, UPN, COLMEX, CINVESTAV, Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Centro de Enseñanza Técnico Industrial y a la Universidad Abierta y a Distancia se les arrebató un 6.2% de su presupuesto original, reducción que equivale al presupuesto para la creación de 100 universidades que el gobierno federal propone llevar a cabo. A primera vista esto resulta una incongruencia al recortar presupuesto a universidades instaladas que enfrentan carencias, para fundar otras sacadas de ese mismo presupuesto universitario.
Quienes justifican este recorte dicen que va enfocado a las burocracias que dirigen las universidades, pero la manera de hacerlo reducirá aún más los espacios de oportunidades para los jóvenes que pretenden acceder a este tipo de instituciones públicas, de los cuáles únicamente el 10% lo logra. Se esperaba que se dotara de más recursos para invertir en inmuebles, en la contratación de más personal académico y en su mejoramiento salarial, el cual está por los suelos, lo cual no ocurrió.
Solo se disminuye el presupuesto pero no se atienden las carencias que ahora enfrentan las universidades públicas, esa es la incongruencia. Sería plausible un recorte a los privilegios de las burocracias universitarias aunado a un notable incremento presupuestal a los proyectos de crecimiento universitario, pero lo que producirá en realidad será la reducción de proyectos sustantivos de docencia, investigación y difusión de la cultura que afectaran la calidad universitaria.
Llama la atención que la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) será la que mayor recorte porcentual sufrirá (4.2%), equivalente a más de 289 millones de pesos, ello a pesar de la carencia de inmuebles, de salones de clases que requieren del equipamiento adecuado, del insuficiente personal académico y de los pésimos salarios que perciben (algunos de apenas 3 mil pesos mensuales, sin prestaciones y en contrataciones intermitentes).
El tijeretazo recorta también proyectos de investigación, educación para adultos e indígenas, infraestructura educativa en primarias y secundarias. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) reducirá su presupuesto en 428 millones de pesos; mientras que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) tendrá 2 mil 229 millones de pesos menos.
Programas de perspectiva y violencia de género
No se entiende la falta de coherencia de políticas esperadas a programas de perspectiva y violencia de género.
En programas enfocados en la protección a la mujer hubo un recorte a más de 15 programas federales con perspectiva de género orientados a la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia, ¿quién puede explicar esta incongruencia de políticas progresivas que se defienden en el discurso pero que en los hechos se pretenden minimizar?
Llama la atención que sin embargo hubo aumento a los programas asistenciales como en los casos de pensión para las personas adultas mayores, de autocréditos para el bienestar, en becas universales para los estudiantes de educación media superior, de mejoramiento urbano, becas de posgrado, de jóvenes construyendo el futuro y de financiamiento a microempresarios.
Los programas que se recortan operan con muchas deficiencias por la carencia de personal y de capacitación suficiente, todo esto a pesar del incremento de feminicidios y de violencia intrafamiliar que sufre en México. Quienes operaron el recorte deberían salir de sus escritorios y percatarse de la realidad que afecta a la mayoría de las mujeres. Recorte al personal de honorarios de forma indiscriminada
Del recorte se vienen en cascada la separación de miles de trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios, algunos con antigüedad de 10, 12 y hasta 15 años. Ellos recibirán su último pago el 31 de diciembre de 2018.
El recorte fue a raja tabla, sin realizar un estudio previo de los puestos que tienen una función sustantiva para el funcionamiento de diversas áreas gubernamentales.
Este tipo de personal en lugar de ser regularizado, al carecer de prestaciones, estabilidad salarial y en el empleo, se les quita a pesar de su experiencia y especialización lograda.
El recorte ha sido generalizado en todo el país y en el ámbito federal se ha implementado esta medida sin prever las consecuencias. La carencia de plazas de base en diversas áreas es notable, incluso en algunos casos ha sido sustituido por personal de empresas subcontratistas llamadas outsourcing, lo que resulta una contradicción en el servicio público, lo cual en lugar de erradicar este problema lo puede agravar. Recorte en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la CDMX
El ejemplo lo siguieron otros gobiernos como el de la Ciudad de México que usando la tijera anunció la separación en su Junta Local de Conciliación y Arbitraje de 120 personas contratadas por honorarios, cercenando el área de Convenios fuera de juicio y paraprocesales, la cual reúne a cientos de personas diariamente para la terminación de las relaciones de trabajo. En promedio, 30 mil personas al año reciben los servicios de esta área sustantiva, y este tijerazo va a agravar la crisis de este tipo de instituciones de justicia laboral.
Es plausible que la Cámara de Diputados y los Congresos de los Estados y de la Ciudad de México eviten avalar recortes presupuestales que puedan afectar proyectos sustanciales para el país y que contradigan la esencia de políticas de protección a grupos vulnerables y de mejora en la educación del país.