Opinión

Reconstruir con transparencia e información

El INAI actuará para dar garantía de la apertura del manejo de recursos tanto públicos como de donaciones

  • 05/10/2017
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México es un país que geográficamente vive constante actividad tectónica. El Servicio Sismológico Nacional (SSN) da cuenta de los movimientos provocados por el desplazamiento de la corteza terrestre superiores a los seis grados Richter, siendo los ocurridos el 7 y 19 de septiembre pasados los de mayor impacto en la historia reciente, tanto por su intensidad (8.2 y 7.1 respectivamente) como por las consecuencias generadas ya que, en conjunto y con base en las cifras preliminares de la Secretaría de Gobernación, se contabilizan más de 200 mil damnificados y cerca de 400 víctimas fatales, mientras que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, habla de cantidades superiores a las 150 mil viviendas afectadas, entre pérdidas totales y daños menores.

Ante estas lamentables circunstancias debe subrayarse que tanto la sociedad como las instituciones actuaron en auxilio de las personas que perdieron familiares y amigos, de quienes resultaron lesionados y de aquellos que tuvieron afectaciones en sus viviendas y patrimonio.

Apenas han pasado quince días de los acontecimientos y el tiempo para la normalidad aún se percibe lento en su arribo; sin embargo, es necesario mantener los esfuerzos e, incluso, redoblarlos para coadyuvar a que se recupere la tranquilidad de la población lo más pronto posible y, en ello, las entidades públicas deben ser actores fundamentales. Apenas el 27 de septiembre la Presidencia de la República señalaba que se requerirán 39 mil millones de pesos para la atención de la emergencia, adicionales a los 7 mil millones ya destinados a Chiapas y Oaxaca desde el 7 de septiembre.

En ese sentido, el INAI como entidad encargada de garantizar la transparencia y del derecho de acceso, actuará para dar garantía de la apertura del manejo de recursos tanto públicos, como de donaciones privadas canalizadas a través de instituciones del Estado. En este contexto, algunas acciones orientadas a dar certeza a la población sobre la adecuada gestión de las tareas, son las siguientes:

·       Poner a disposición de la sociedad un registro actualizado de donativos, identificando a qué instancia se le hizo entrega y el monto del mismo. Esto, además de dar claridad del origen de los recursos, brinda certeza a los donantes sobre la ruta que sigue su aportación, al tiempo que crea marcos de exigibilidad a partir de aspectos tangibles.

·       Transparentar la información que dé cuenta de la aplicación de los recursos, (públicos o donativos a entidades gubernamentales), para conocer con detalle los rubros en los cuales se han utilizado, desde la compra de materiales para la reconstrucción hasta la adquisición de bienes de primera necesidad para la atención de damnificados e, incluso, las cantidades por ejercer y la planeación para ello.

·       Socializar las reglas del manejo de los fondos a los cuales puedan redirigirse los flujos de aportaciones de la sociedad, para que, junto con el presupuesto asignado a la atención de la emergencia, se conozcan los mecanismos a seguir por quienes se vieron afectados en los sismos, con el objetivo de ser beneficiarios y acceder a las ayudas correspondientes.

·       Aplicar el principio de máxima publicidad sobre el proceso de distribución de aquellos bienes y servicios adquiridos mediante los recursos públicos y donaciones, para visualizar a qué poblaciones se están canalizando, qué criterios definieron tales decisiones y en qué grado se ha materializado la ayuda; este nivel de detalle facilitará, además de una clara ruta de rendición de cuentas, advertir aquellas regiones que aún se mantienen pendientes de atender a fin de focalizar esfuerzos.

·       Generar las vías que se requieran para que las iniciativas de la sociedad civil sobre la fiscalización en el ejercicio de recursos para la reconstrucción, puedan incorporarse en acompañamiento a la actuación gubernamental.

·       Transparentar la historia documental de aquellos inmuebles afectados, en particular, aquellos de reciente construcción. Esto dará cuenta de los funcionarios públicos competentes en materia de obra que fueron responsables del seguimiento administrativo para el desarrollo de tales infraestructuras, datos que pueden, eventualmente, concatenarse con otras líneas de investigación, para el debido deslinde de responsabilidades.

Es pertinente señalar que es necesario que la sinergia entre la reconstrucción y la transparencia se materialice en el manejo de los apoyos reunidos y ejercidos por instancias del sector privado, con criterios similares a los aplicables en el sector gubernamental. Este punto es fundamental desde la óptica de interés público y social que ha revestido a la situación de emergencia del país, por lo que se requiere, además de la solidaridad, la creación de espacios de confianza y certidumbre, que eviten la generación de suspicacias o de percepciones negativas en torno a los diferentes esfuerzos en torno a la reconstrucción.

Se requieren enormes bríos y recursos para la adecuada atención de los asuntos derivados de los lamentables eventos naturales; es de primer orden dar seguimiento a las eventuales denuncias que se formulen por las irregularidades detectadas en obras que se vieron afectadas en algún grado; también se necesita vigorizar los esquemas de verificación en aquellas construcciones que estén en desarrollo y seguir fortaleciendo los esquemas de protección civil, de tal forma que las personas sepan cómo reaccionar durante y después de un temblor, además de conocer aspectos básicos sobre identificación de puntos de seguridad y daños, así como primeros auxilios.

Son muchas las labores pendientes, pero existe la convicción de que nuestro país saldrá adelante una vez más y fortalecido en los valores que nos dan sustento como sociedad: fraternidad, solidaridad, generosidad, respeto, patriotismo y trabajo.

areli.cano09@gmail.com

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