Opinión

Reconstrucción CDMX confronta asambleístas y ciudadanos

Renuncias y cuestionamientos ante opacidad en el manejo de los recursos | Adolfo Gómez Vives

  • 19/02/2018
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Más allá del resultado de la acción de inconstitucionalidad presentada por Morena ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el diferendo suscitado entre el Comisionado Presidente para la Reconstrucción de la Ciudad de México, Ricardo Becerra Laguna, así como los asambleístas Mauricio Toledo Gutiérrez, Leonel Luna Estrada y Jorge Romero Herrera, en relación a quiénes corresponde el ejercicio de los más de 8 mil millones de pesos del Fondo para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, la renuncia de aquél —recibida en la Jefatura de Gobierno de la CDMX cinco horas antes de la nueva sacudida de 7.2 grados— exhibe dos elementos importantes:

Por una parte, la intención de utilizar —en el sentido de aprovecharse de su buena reputación— a destacados personajes de la sociedad civil para dar legitimidad al procedimiento de reconstrucción, mientras que en paralelo se soslaya el diagnóstico de necesidades que ellos elaboraron y se les excluye del ejercicio del presupuesto de dicho fondo, como correspondería en razón de que dicha instancia fue creada, precisamente, para dar certeza y transparencia al manejo de los recursos. Desde enero, Mauricio Merino había señalado que resulta inaceptable que los diputados locales se hicieran del control del fondo.

A la renuncia de Ricardo Becerra se sumaron las de los comisionados Katia D’Artigues y Mauricio Merino. Aquélla ha dicho en su dimisión que es necesaria “certeza legal y absoluta transparencia, mucho más en tiempos electorales”, mientras que Merino señaló su inconformidad porque “se les deja sin capacidad de vigilancia y monitoreo”.

Dicho de otro modo, los tres renuncian ante la evidente intención de los asambleístas de controlar los recursos para la reconstrucción, en esquemas opacos y alejados de las necesidades reales de las personas afectadas por los sismos.

El segundo elemento importante es la fundada sospecha de que dichos recursos no sólo no se utilizarán de manera adecuada y de conformidad con el diagnóstico elaborado por la comisión, sino que —en el contexto electoral— terminarán siendo empleados en esquemas clientelares en beneficio de los candidatos de Por México al Frente, del que Miguel Mancera podría terminar siendo Senador.

El entuerto poco ha significado para el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quien se ha manifestado por esperar la resolución de la Suprema Corte, mientras damnificados del multifamiliar de Tlalpan le exigen a José Ramón Amieva, Secretario de Desarrollo Social de la CDMX, que su gente deje de condicionar la entrega de dictámenes de los edificios dañados.

Y aun cuando Amieva se ha manifestado por que sea la Comisión de Reconstrucción quien decida cómo usar los recursos del presupuesto, lo cierto es que los asambleístas no están dispuestos a ceder, lo que abre otro frente de confrontación en la Asamblea Legislativa, que se viene a sumar al cuestionado proceso de elección de los comisionados ciudadanos del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México.

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@gomezvives | @OpinionLSR | @lasillarota


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