Los que están más que preocupados son los empresarios del país ante la amenaza que representa la reforma en materia de defraudación fiscal y facturas falsas que se aprobará en las siguientes horas en la Cámara de Diputados.
Incluso, el sector privado ya se reúne con sus abogados para analizar la posibilidad de presentar decenas de amparos por la nueva legislación que pondrá en jaque al sector privado. Nos dicen que ante la gravedad del asunto las Cámaras y Confederaciones podrían recurrir a las acciones colectivas y promover la interposición de acciones de inconstitucionalidad para frenar la medida que tipifica como delincuencia organizada a la evasión fiscal.
Con la llamada Ley Garrote o de terrorismo fiscal, si un empresario o persona física no tiene para pagar impuestos o su contador comete un error, se le considerará como un delincuente, con lo que podría ser detenido de inmediato pudiendo incluso incautárseles los bienes, lo que nos dicen, desincentivará a la inversión, ya que equipararán a un micro o pequeño emprendedor con un lavador de dinero, asesino o narcotraficante.
Los empresarios aseguran que la ley presenta varios huecos y ambigüedades que pondrán en serios problemas a la planta productiva nacional y representarán un desincentivo para los pequeños y medianos empresarios. Por lo pronto, los altos jerarcas de las cúpulas continúan reuniéndose con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para alertarlos sobre los riesgos de las reformas.
Nos aseguran que como el país tiene un nulo estado de derecho, hay temor de que paguen justos por pecadores o se preste para persecuciones políticas, aunque coinciden en la necesidad de que se acaben las ventas de facturas falsas, mismas que han generado boquetes por 300,000 millones de pesos; sí, que termine la evasión pero que las acciones encaminadas a ello, no dejen cautivos y castiguen a los empresarios.
Insisten en que el gobierno debe ser muy cuidadoso en no poner más carga a la mula porque se va a desplomar. Si bien es cierto que se requiere terminar con la desigualdad, es necesario que ésta se acompañe de mayores incentivos para la inversión y de un crecimiento económico sostenido, ya que en este momento hay nulos estímulos para transitar de la economía informal a la formal.
El sentir de los dirigentes empresariales es que los paliativos que ofrece el gobierno van a durar hasta que alcance el dinero y una vez que eso ocurra, se corre el peligro de que se genere un grave problema económico y social.
El empresariado entregó al gobierno federal una propuesta para ampliar la base gravable e incorporar a la informalidad a la formalidad, ya que éste sector representa cerca de 23% del Producto Interno Bruto (PIB).
Ya que hablamos del Congreso, en la Cámara de Diputados también se aprobarán tres temas que muchos de los legisladores consideran una promoción personal del dirigente de la bancada de Morena, Mario Delgado y que son: el cambio de nombre al Servicio de Enajenación de Bienes (SAE) por el Instituto para Devolver al pueblo lo Robado; la transformación de las Islas Marías y el cambio de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional, la que considera su fusión con Pronósticos Deportivos.
Lo que ya no gustó tanto hasta los mismos diputados de Morena es que todo parece indicar que Mario Delgado busca una estrellita en la frente y con ello ser el nuevo líder de Morena, cargo que se obtendrá a través de una encuesta de popularidad.
Así las cosas…