El escándalo por el uso de programas de cómputo e informático para realizar espionaje, abre el debate en la opinión pública sobre el uso de las herramientas o sus instrumentos para ejercer una de las funciones de Estado como lo es, la seguridad.
Esta información obtenida en bruto, por medio del espionaje, no tiene ninguna utilidad; sin embargo al ser procesada mediante la confronta, comparación, simulación o cualquier otra metodología de análisis, es posible generar escenarios que sirvan para elaborar o modificar políticas públicas, de corto, medio o quizás hasta de largo alcance, convirtiéndose así en inteligencia. No es una actividad sólo del Estado Mexicano. Todos los Estados y naciones obtienen información de diversas maneras y por diversas fuentes, para transformarla en inteligencia.
Por tratarse una actividad eminentemente oculta, el espionaje puede invadir la esfera de la privacidad en los derechos y actividades de las personas, por tal motivo es que sólo en casos de amenaza a la seguridad nacional, previstos en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, las instancias de seguridad nacional en México están autorizadas a intervenir comunicaciones, sin restricción alguna, más que el respeto a los derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33 a 35 de la citada Ley.
El espionaje en nuestro país se supone que es una actividad proscrita y encajonada al periodo histórico de la guerra fría y de la guerrilla, ambos sucesos en la década de los 60’s y 70’s, principalmente, cuando los métodos de obtención de información de la temible Dirección Federal de Seguridad (DFS) incluían, toda clase de tortura física y psicológica, para obtener información.
Fue muy lento el proceso de extinción de la DFS y sus métodos, para dar paso a una nueva cultura de la seguridad nacional mexicana, con la creación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) sin embargo y por su naturaleza y la de sus funciones, diversas dependencias y Secretarías de Estado se abrogaron el derecho de utilizar nuevas tecnologías para la obtención de información para la toma de decisiones del país.
Es por esta razón que el Estado mediante sus órganos de seguridad y defensa, son los únicos con capacidad técnica, económica y legal para adquirir, poseer y utilizar ese tipo de tecnología o herramientas. Por extensión y de acuerdo a los principios del federalismo mexicano, es que se permite que los Gobiernos de los Estados, ya sea por sí mismos o por medio de sus Procuradurías o Fiscalías, posean este tipo de instrumentos, sin embargo, su uso conlleva una responsabilidad. Por estas razones es que la sospecha y presunción de que alguna de las instancias de seguridad nacional mexicana realizó espionaje político es fundada, en virtud a que es una actividad que debería estar restringida a los órganos de seguridad del Estado, que es costosa y con riesgo, en términos económicos y políticos, respectivamente.
Por otra parte y al no estar regulado en nuestro país la adquisición y uso de este tipo de instrumentos tecnológicos, cabe la posibilidad que alguna compañía con intereses económicos realice espionaje industrial para obtener información de sus competidores que permita tomar acciones para beneficiarse del mercado o de la economía, y sin que sea sancionada.
Este espionaje industrial constituye un riesgo para el campo económico de la seguridad nacional mexicana, porque del mal uso de la información que indebidamente provean estas tecnologías, puede alterar la economía del país e inferir negativamente en los mercados o en las finanzas públicas, desde luego en perjuicio del erario público.
Por otra parte y al no estar regulada esta actividad, constituye una amenaza para la ciudadanía, en virtud a que un particular utiliza instrumentos o herramientas que por su naturaleza y potencial de invasión a la privacidad, solo debe utilizar el Estado, de otra manera se corre el riesgo que el particular substituya las funciones del Estado en materia de seguridad, o bien, el Estado renuncie tácitamente a las funciones que constitucionalmente le corresponde.
Por estas razones es que el Estado posee el monopolio del uso de la violencia, así como de sus instrumentos y herramientas. El caso de espionaje a periodistas y activistas de derechos humanos que fue señalado por el periódico norteamericano The New York Times (‘Somos los nuevos enemigos del Estado’: el espionaje a activistas y periodistas en México, Azam Ahmed y Nicole Perlroth, Junio 19, 2017, en https://goo.gl/oDCuxT) es que inserta como espionaje político, toda vez que cabe la posibilidad que los sujetos de observación o escucha posean información que modifique alguno de los temas de la agenda de gobierno. Esto por sí mismo, no constituye un riesgo.
El tema es que al desviar el uso de instrumentos que están destinados para obtener información que conlleve a la estabilidad y permanencia del Estado mexicano, se coloca a los sujetos de observación o escucha, al mismo nivel que las amenazas a la seguridad nacional mexicana, y con ello por principio de cuentas, su seguridad y sus actividades están en riesgo; y de confirmarse la sospecha que el espionaje fue realizado por alguna de las instancias de seguridad nacional mexicana, implícitamente el Estado mexicano vulneró valores de la democracia y la gobernabilidad, y por tanto, en perjuicio de la función de seguridad, de la función de gobierno y de la función política.
En cuanto a los ciudadanos que fueron sujetos de observación o escucha, les fueron violados los bienes jurídicos que tutelan el ejercicio del derecho a la privacidad, a la legalidad y a la seguridad.
Cabe la posibilidad de que el Presidente no haya sido debidamente informado y asesorado, de los antecedentes y consecuencias que aquí se señalan, y que provocaron un frente de crisis, al enviar un mensaje a la opinión pública que era evidente que no era el idóneo para hacer un control de daños por la presunción del uso de tecnologías o instrumentos distintos de sus usos en seguridad.
Por último y junto a los recientes escándalos de corrupción en todo el país, se abre una ventana de oportunidad para legislar, ampliar el rango de aplicación de estas herramientas a la corrupción, en los que parece que no se utiliza el espionaje para su persecución.
@racevesj