En México, 98% del universo empresarial está conformado por microempresas y pequeñas empresas. Ellas contribuyen aproximadamente con el 52% del PIB y generan 72% del empleo formal, según datos del INEGI.
De acuerdo con algunos estudios, 30% de las mipymes en México están encabezadas por mujeres. Por su parte, el estudio “Future of business” realizado por Facebook, el Banco Mundial y la OCDE, en el que se analizaron los datos de 30 mil pymes de 90 países entre mayo y junio del 2020, arroja que en América Latina 40% de los negocios dirigidos por mujeres no estaban operando vs 29% de los encabezados por hombres. En Norte América, la brecha era de 31% vs 17%.
Entre las razones que explican esto, hay dos que son fundamentales: los sectores en los que emprenden las mujeres han sufrido más las consecuencias del cierre de la actividad económica y social y, por otro lado, la mayor demanda de trabajo de cuidados y del hogar que tienen las mujeres en estas circunstancias les impide continuar con su negocio.
El pasado 5 de octubre, el presidente López Obrador y su gabinete presentaron, junto con representantes del sector empresarial en el país -exclusivamente hombres- un proyecto de reactivación económica que, a decir del Secretario de Hacienda, suma una inversión por el 1% del PIB. Además de ser claramente insuficiente frente a una caída estimada del 10% de PIB, lo que llama la atención de este plan es que, aún con la profundización de las desigualdades a causa de la pandemia, no incorpora ninguna visión clara de equidad, incluso cuando así fue mencionado en la conferencia.
Si bien los rubros mencionados en el anuncio de los proyectos pasan por comunicaciones y transportes, energía, y agua y medio ambiente, ninguna de sus especificidades apunta a atender a las poblaciones más vulneradas a partir del acceso al agua, al cuidado y la protección de los recursos naturales, ni una aceleración de la conectividad, que es crucial para reducir el impacto que el confinamiento está teniendo en temas como educación, trabajo y salud por falta de servicios de telecomunicaciones.
Es ampliamente conocido que las mujeres se están llevando la peor parte en la pérdida de empleos y la reducción de ingresos en esta pandemia. Sin embargo, la presentación del plan de inversión no contiene ninguna mención a la forma en que se puede incorporar a las mujeres a un plan integral de reactivación económica ni cómo las mipymes estarán integradas en este proceso. Aunado a ello, los reportes que confirman recuperación en las cifras de empleo, también apuntan a una nueva etapa de precarización en la que los empleos recuperados están en el rango de los dos salarios mínimos.
En la reciente presentación del estudio “Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para enfrentar los efectos del covid-19” la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, propuso que en la región se implemente una canasta básica de tecnologías de la información y las comunicaciones que integre una computadora portátil, un teléfono inteligente, una tableta y un plan de conexión para los hogares, que se calcula con un costo anual menor al 1% del PIB. Esto, sobre la bases de que las tecnologías digitales son fundamentales en medio de la pandemia, y en promedio una tercera parte de la población carece de acceso en la región. En hogares con los ingresos más bajos, el acceso llega a ser tan solo de 38%, aunado a las diferencias que hay entre zonas urbanas y rurales.
Si a esto le agregamos que múltiples estudios señalan que el acceso a internet es una herramienta crucial para que las mujeres emprendan y hagan crecer sus negocios (precisamente vinculado a la carga de trabajos de cuidado), que en la región 46% de niñas y niños entre 5 y 12 años no tiene conexión en sus hogares y que entre el primer y segundo trimestre de 2020 el uso de soluciones de teletrabajo aumentó 324% y la educación a distancia más de 60%, queda claro que este eje de telecomunicaciones debería ser estratégico para cualquier gobierno que pretenda impulsar un plan de recuperación y reactivación con una perspectiva de equidad e inclusión que avance hacia la igualdad. Esto, acompañado de otras políticas públicas que, entre otras cosas, incluyan estímulos a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Para esto, no solo se necesita una alianza entre empresarios y gobierno sino una visión de Estado que fortalezca las capacidades fiscales. De lo contrario, pasarán varios años antes, si quiera, de volver a la situación inmediata anterior a la pandemia. De anuncios de proyectos como estos, es claro que el país no solo no se va a reactivar sino que su estructura económica será, incluso, más desigual.